Retraso // El ingreso mínimo es vital

La renta para las personas más pobres llega con cuentagotas y entre críticas de entidades sociales. El ministro Escrivá hace ajustes para agilizar el proceso.

Han transcurrido cuatro meses desde que los hogares en una situación de extrema pobreza pudieron empezar a llamar a la puerta de la Seguridad Social para pedir una nueva ayuda llamada ingreso mínimo vital (IMV). Pero la primera renta mínima de alcance estatal que existe en España, que se complementa con las de las comunidades autónomas según se decida en cada caso, ha arrancado con un atasco mayúsculo en su tramitación. El atasco se ha traducido en una llegada del dinero con cuentagotas, que el ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá, intenta resolver con la introducción de algunos cambios para "simplificar" el proceso.

Entre duras críticas de entidades, sindicatos y partidos, la gestión de la ayuda ha generado, de nuevo, tensiones visibles entre Escrivá y el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias. El líder de Unidas Podemos ya había mantenido un pulso con el ministro al principio del confinamiento, al reclamar una renta básica de emergencia específica para paliar el deterioro económico provocado por el parón de actividad, a la espera de poder diseñar una ayuda permanente. El titular de Inclusión descartó esta posibilidad y abogó por adelantar la puesta en marcha de una cantidad base estatal con carácter estructural que le llevó tres meses definir. El Gobierno era consciente de que esta promesa difícilmente hubiera podido salir adelante en la vieja normalidad. 

A principios de octubre la ayuda debe llegar a 150.000 hogares, según el ministro de Seguridad Social José Luis Escrivá

Previsiones y realidad

Que habría una avalancha de peticiones de la nueva ayuda tras los meses de paralización parcial de la actividad era de prever. Solo durante las primeras 24 horas en las que, a principios de junio, la Seguridad Social puso en marcha un sistema que permite calcular quién puede beneficiarse del IMV, ya se realizaron un millón de simulaciones, por necesidad o curiosidad. Pero los 850.000 hogares que el Ejecutivo había anunciado que se beneficiarían de la nueva prestación se quedaron en nada, o casi, durante los primeros dos meses y medio de implementación. 

La respuesta a una consulta de la Asociación Víctimas del Paro apuntaba que solo se habían aprobado 3.966 peticiones de ayuda, el 0,57% del total. Era el mes de agosto. El secretario general de la UGT, Josep Lluís Álvarez, cuyos datos elevaban la cifra a 4.148 unidades familiares beneficiarias, calificó de "inhumano" que hubiera gente sin cobrar nada desde marzo y consideró "inaceptable" la saturación administrativa. La cifra de cerca de 4.000 no tiene en cuenta las 76.000 ayudas pagadas de oficio a hogares que ya percibían antes una prestación por hijo a cargo.

Preocupación y ajustes

Al poco, el vicepresidente Iglesias se declaró públicamente "muy preocupado" por lo que calificó de "porcentaje extremadamente pequeño" de solicitudes con luz verde y apremió al ministro a ir más deprisa. El vicepresidente prefería el cobro de una renta mínima exprés en la que bastara una declaración jurada para percibirla. En la declaración de la renta del año siguiente ya se filtraría a quien hubiera cobrado sin que le tocara. Escrivá replicó, no obstante, que sería peor "frustrar las expectativas" de decenas de miles de familias. Y reclamó "paciencia".

Al cierre de esta edición, el 22 de septiembre, los datos oficiales del Ministerio de Inclusión eran los siguientes: se habían recibido 900.000 expedientes, de los cuales se habían tramitado 330.000. Los hogares beneficiarios —con la ayuda reconocida— era de 86.000, con 260.000 personas, 140.000 de ellas menores. De nuevo, la cifra de hogares beneficiarios (86.000) incluye las ayudas (reconvertidas) a familias vulnerables con hijos.

"Hemos detectado pequeñas trabas, que en la norma se recogían y que no parecían relevantes, pero que, en realidad, y en un contexto de pandemia dificultan el acceso al ingreso mínimo vital de algunas personas", señala el Ministerio. A 4 de cada 10 personas se les ha pedido nueva documentación, por incompleta. El 20% de las ayudas han sido denegadas. Otro 10% se ha cancelado por duplicidades y múltiples peticiones en algunos casos. Y otro 20% está suspendido porque no se cumplen los criterios de "vulnerabilidad".

Inclusión ha planteado "ajustes normativos" para superar el atasco. Por ejemplo, ya no hace falta estar inscrito en el paro para pedir la ayuda, aunque posteriormente el requisito se mantiene. Y se ha ampliado en tres meses y medio el plazo para tener derecho a la ayuda con carácter retroactivo. Así, si se pide la prestación antes del próximo 31 de diciembre, se podrá percibir a partir de junio. Y otra cuestión importante: si se ha pedido la ayuda y no se ha obtenido respuesta, la unidad familiar no verá desestimada su petición ni tendrá que volver a pedirla.

Tras estos cambios, a principios de octubre la cifra de hogares beneficiarios debía ascender a 150.000, con 450.000 personas, según el Ministerio. 

Malestar con el Gobierno

Las entidades sociales son críticas con la larga lista de requisitos (como el certificado de empadronamiento histórico colectivo) y la solicitud telemática. La Marea Básica contra el Paro y la Precariedad ha venido presionando con pequeñas movilizaciones a favor del cobro del IMV, pero también para que la cuantía mínima sea de 738 euros mensuales —"¿quién puede vivir con la mitad?", se pregunta—, de acuerdo con la consideración de pobreza en la Carta Social Europea. A la vez, exige "una renta básica de emergencia". La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (ADYGSS) habla de "desastre".

Para cobrar el IMV ya no hará falta estar antes inscrito en el paro

Las entidades que trabajan con colectivos en riesgo de exclusión aplaudieron el IMV, aunque lo veían insuficiente. Oxfam pedía una cuantía de 600 euros e incluir a la población inmigrante irregular. Cáritas había advertido de que la renta mínima puede ser "una oportunidad perdida" si no se articulaba para superar los problemas que plantean las rentas autonómicas, dispares entre sí y con coberturas muy bajas entre la población en riesgo de pobreza (salvo Euskadi). 

La Red Renta Básica Universal, muy crítica con rentas condicionadas para personas pobres, y partidaria de una renta digna para todo ciudadano, ha criticado que el IMV se dirija a hogares, y no a personas, y que solo se aspire a cubrir al 21% de la población en riesgo de pobreza (2,3 millones de cuatro). 

Un aspecto clave del IMV es su grado de compatibilidad con el empleo. Es una de las cuestiones aún por esclarecer en un reglamento que aún no está listo.