Rodillo izquierdista contra los indígenas

  • Decepción: La apuesta neodesarrollista de los sucesivos gobiernos del PT dio alas al agronegocio y ha alejado aún más de Brasilia a los pueblos nativos del Amazonas.

    Protestas por la megapresa de Belo Monte, en Pará (norte de Brasil). FOTO: OCUPAÇAO MUNDURUKU

    “¿Dónde está la peña del calentamiento global? En las tiendas, ora, ora, comprando la última estufa eléctrica! ¡Y Viva Belo Monte!)”

    El tuit lo escribió el diputado federal Aldo Rebelo, del Partido Comunista do Brasil (PCdoB), el 4 de julio de 2011, para ridiculizar las luchas ambientalistas. Justificaba, además, la construcción de la megapresa Belo Monte en el río Xingu, en el Estado amazónico de Pará. Aldo Rebelo, que sería el ministro de Deportes de Dilma Rousseff desde octubre de 2011, se convirtió en el principal defensor de un neodesarrollismo sui generis que entrega al capital privado parte del pastel. Si en la década de 1930 América Latina inventaba un “desarrollismo” en el que el Estado tiraba del carro de las infraestructuras, el lulismo renovó la fórmula con el noviazgo público-privado. Aldo Rebelo es la metáfora perfecta de la era neodesarrollista: consiguió la primera financiación directa de Coca Cola a un Partido Comunista, fue el relator del Código Forestal que abrió las puertas amazónicas al agronegocio, defendió la financiación del público Banco Nacional de Desarrollo Económico Nacional (BNDES) a empresas privadas. Economía basada en grandes infraestrucutras y exportación de commodities en modo rodillo contra los pueblos indígenas.

    La llegada de Lula al poder, en 2002, llenó de esperanza a los pueblos indígenas. En los primeros años, hubo algunos gestos. La política de indígenas no contactados del sertanista Sydney Possuelo, parecía consolidarse en la Fundación Nacional del Indio (Funai). Podía incluso transformarse en parteaguas en las políticas públicas: marcaba distancia con la “política de integración a Occidente”. La política de cotas para población indígena, tanto en universidades públicas como en privadas (programa Prouni), también cosechó elogios. Ambas políticas se retroalimentaban.

    Sin embargo, Sydney Possuelo fue destituido en enero de 2006 tras criticar al presidente de la Funai, Mércio Gomes, que afirmó que “los indios tienen demasiadas tierras”. Las salidas de Marina Silva del Ministerio de Medio Ambiente (mayo de 2008) y Gilberto Gil, miembro del Partido Verde (PV), del Ministerio de Cultura (julio de 2008), visibilizaron que la política neodesarrollista estaba ganando el pulso. De cualquier manera, el Gobierno federal no era el único responsable de la “masacre indígena” o de los “desastres ambientales”. La represora Policía Militar (PM), los conservadores gobernadores de Estados y los diputados de la denominada “bancada ruralista” (la mayoría de partidos de derecha) eran los principales responsables. El Gobierno de Lula acabó uniéndose al coro. ¿Qué ha ocurrido con la cuestión indígena desde la llegada de Dilma Rousseff al poder en 2010?

     

    PROTESTA EN LA RED

    Un evento de Facebook del 2 de noviembre de 2012 incentivaba un Facebookicidio (suicidio virtual) para mostrar el apoyo a la amenazada comunidad Pyelito Key/Mbarakay, de Mato Grosso do Sul, que había anunciado un suicidio colectivo. El Facebookicidio dejaba patente uno de los grandes problemas de los indios guaraní. El avance del agronegocio, basado en el monocultivo de transgénicos, está llevando a los pueblos guaraníes al suicidio. Al mismo tiempo, es uno de los pilares de la alianza de gobierno del PT y del derechista Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB). El nombramiento de la ruralista Katia Abreu como ministra de Agricultura del segundo mandato de Dilma confirmaba los peores pronósticos. El neodesarrollismo público-privado y el ruralismo llegaban al momento culminante de su luna de miel. El número de tierras indígenas homologadas durante los dos mandatos de Dilma cayó en picado: apenas 18 terras homologadas (66 en la era Lula). Además, los territorios indígenas con conflictos abiertos, como la Terra Indígena Buriti (Mato Grosso do Sul) o Sawré Muybu (Pará), se quedaron fuera. Los poderes legislativo, ejecutivo y judicial comenzaron a trabajar de forma sincronizada. Varias medidas aprobadas por el Congreso autorizaban los latifundios y el extrativismo mineral en tierras indígenas. La construcción de las megapresas de Jirau (Acre) y Belo Monte (Pará) simbolizan el legado del Gobierno de Dilma. El filósofo Rodrigo Nunes ironizaba en un artículo de 2011, tras la revuelta de los trabajadores de la represa de Jirau, sobre la posición de la izquierda brasileña al respecto: “Como dijo el representante de la Central Única de Trabajadores (CUT), Vagner Freitas, que visitó Jirau tras la revuelta: ‘Tienen que volver a trabajar. Soy brasileño, quiero ver esa usina [factoría] funcionando”.

    La llegada de Lula al poder, en 2002, generó muchas esperanzas

    La opción del PT ha resultado ser la asimilación cultural

    Sônia Guajajajara, Coordinadora Ejecutiva de la Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), en una entrevista en 2013, criticaba duramente al poder público: “El Ejecutivo y el Congreso Nacional están aliados para atender los intereses de los grandes empresarios. La tierra deja de ser un bien del pueblo indígena y pasa a ser de interés privado. El momento es de guerra”. La situación ha empeorado en todos los frentes: asesinatos, mercurio en las aguas de las tierras Yanomami, desplazamientos por la construcción de hidroeléctricas... La situación es especialmente grave en el río Xingú de Belo Monte, en la tierras en las que el obispo regional, Erwin Kräutler, hace más de diez años que anda con escolta para no ser asesinado por su militancia. El binomio neodesarrollismo-ruralismo, en Belo Monte, tiene un polémico nuevo frente: la operación Lava Jato investiga la sobrefacturación de la presa y el desvío de dinero a la campaña electoral del PT y el PMDB del año 2014. Marques de Azevedo, ex presidente de la constructora Andrade Gutiérrez, reveló presuntos desvíos de unos 75 millones de euros.

     

    MARCOS SIMBÓLICOS

    La llegada de Evo Morales y de Rafael Correa a los gobiernos de Bolivia y Ecuador, respectivamente, transformó el Buen Vivir, la cosmovisión de sus pueblos ancestrales, en el nuevo marco simbólico de su política pública. A pesar de las contradicciones de ambos gobiernos, el colocar la sostenibilidad de la Madre Tierra en el centro desplaza el tablero político. En el Brasil del lulismo no ha existido ningún cambio de marco simbólico en la relación con los pueblos indígenas, a pesar de que existen grupos reivindicando el teko porã (el Buen Vivir guaraní). Dilma Rousseff, en los debates electorales de 2014, ofreció el programa Minha casa, minha vida, minichalets adosados con “duchas con agua caliente” a los indígenas. El antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, creador del perspectivismo amerindio, denuncia insistentemente que Dilma Rousseff tiene una relación “casi patológica” con la Amazonia y los indios. Aquí reside la clave de todo: el marco petista es Occidente, inclusión económica, asimilación cultural. Ningún entendimiento de las cosmovisiones indígenas. “Brasil ya perdió una oportunidad de inventar una nueva forma de civilización, porque la civilización no es necesariamente transformar un país tropical en una copia de segunda clase de Estados Unidos o de Europa”, aseguraba Viveiros de Castro en una entrevista en 2014.

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