RSC: ¿Responsabilidad o pantalla?
Las empresas presumen cada vez más de ser socialmente responsables, con sellos y normativas cuyas consignas no son de obligado cumplimiento. Pero la responsabilidad no avanza.
La Chiquita Brand, antigua United Fruit Company ligada históricamente a la más oscura memoria de las dictaduras centroamericanas, firmó en 2005 un acuerdo con la Rainforest Alliance en el que certificaba sus productos como verdes y socialmente responsables. Sin embargo, dos años más tarde, el 13 de marzo de 2007, tuvo que pagar a la justicia estadounidense 25 millones de dólares, después de reconocer ante la fiscalía norteamericana que financiaba a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un grupo de paramilitares acusado de crímenes sistemáticos de población civil, y con implicación en el mercado de la droga.
Solo 15 de las 99 directivas de la Rainforest Alliance eran de obligado cumplimiento. Las Naciones Unidas, la Unión Europea, y el mismo Estado español han adoptado acuerdos y medidas, pero también voluntarias, de promoción de los derechos y cuidado del medioambiente, como el Global Compact de la ONU, el Libro Verde europeo de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), y las normas con siglas raras GRI, RS10, AA1000, SGE21, o SA8000.
“La RSC es un código de conducta interno de la empresa”, define el Diccionario Crítico de Empresas Transnacionales (Paz con Dignidad, Icaria), y opina que su promoción es incluso contraproducente, pues se trata de un gran negocio de marketing que “ayuda a fomentar el valor de la marca y la fidelización de los clientes” en detrimento del cumplimiento real de unos estándares legales.
Es tan voluntaria la RSC como el dar información sobre sus actividades
Chiquita fue imputada en EEUU por pagar a paramilitares
José María Lacasa, secretario general de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), lo tiene clarísimo: “La Responsabilidad Social Empresarial, bien entendida, no es regulación”. Así titula la patronal —en boca de Lacasa— su última nota de prensa, después de presentar el Foro sobre Responsabilidad Social, y da un espaldarazo a las organizaciones no gubernamentales que llevan años pidiendo la obligatoriedad de las normas.
Poco se ha avanzado. Es tan voluntaria la RSC como la información que dan las empresas sobre sus actividades en países pobres, en conflictos armados o con gobiernos dictatoriales, en su participación en paraísos fiscales o en la prevención y el cuidado del medioambiente.
“Otro año más, la palabra estancamiento define las escasas variaciones registradas globalmente respecto a los resultados del año pasado”, resume el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, que acaba de publicar su noveno informe, de casi 800 páginas, sobre las memorias anuales de RSC que las empresas del IBEX 35 presentan ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores. De hecho, cree que junto a la crisis hay “un ligero retroceso en cuanto a la calidad de los contenidos publicados”, y considera la información general como “escasa”.
En su estudio, el Observatorio pregunta, entre otras muchas cuestiones, sobre el respeto de los derechos humanos, y concluye que el 60% de las empresas “se compromete a respetar los derechos humanos por igual en las actividades que tienen lugar en el país de origen y en cualquier otro país en el que realice sus actividades”. Pero solo el 11% tiene efectivamente mecanismos de evaluación de los impactos producidos sobre los derechos humanos como consecuencia de sus propias actividades o como resultado de sus relaciones comerciales.
“Es necesario insistir en que las empresas que no asumen ningún tipo de compromiso público no dejan de ostentar una responsabilidad respecto al impacto de sus operaciones”, reconoce el informe. “Se considera que estas empresas, que ni siquiera comunican la asunción de compromisos sociales y medioambientales, se encuentran en un estadio muy primario de evolución en la gestión de su RSC y, en una situación de mayor riesgo de vulneración de derechos de las personas”.
En el documental No a la venta, también del Observatorio de RSC, George Jaksh, director de RSC y Relaciones Externas de Chiquita, defiende a su compañía por haber financiado a los paramilitares colombianos: “Como grandes y pequeñas empresas y ciudadanos, nosotros estábamos afrontando una situación muy seria con riesgos para nuestras vidas en Colombia, hasta el punto de que tuvimos empleados masacrados delante de nosotros”, explica. “Esta relación era relativamente habitual en las zonas rurales donde trabajábamos como granjeros. Fuimos obligados a realizar pagos para proteger a nuestros trabajadores. Esta fue la única razón por la que pagamos a ambas organizaciones, tanto de derechas como de izquierdas, para garantizar la seguridad de nuestros empleados”.
Gregorio Dionis, del Equipo Nizkor, una ONG con sede en Bruselas que lleva años de lucha por el respeto a los derechos humanos, cuenta: “Chiquita consiguió que saliera una ley por la cual ellos mismos realizaban la certificación y el control aduanero en sus propios barcos. El problema fue cuando salió a la luz que las AUC custodiaban la carga de barcos en alta mar”. Salvatore Mancuso, jefe de la AUC acusado de más de 300 crímenes y extraditado a Estados Unidos, cuenta que no solo Chiquita, sino otras empresas bananeras como Del Monte pagaban un canon y usaban las facilidades portuarias para transportar la droga.
Katia Winkler, del Instituto de Estudios Agrarios y Rurales de Guatemala (IDEAR), no tiene dudas: “Por lo menos en Guatemala, la RSC en sí misma representa una pantalla”, opina. Su organización lleva años luchando para que se respeten los derechos de los campesinos guatemaltecos, pero consiguen de las multinacionales solo promesas: “Por ejemplo, en el caso de la caña de azúcar, la Asociación de Azucareros de Guatemala (Azasgua) que engloba a 12 de los 16 ingenios más importantes en el país, trabaja el tema social a través de Fundazúcar, la fundación del azúcar, promoviendo el simple cumplimiento de los derechos laborales como un logro voluntario y de beneficencia. Hemos tenido algunas entrevistas iniciales con ellos, y coordinado los llamados tours de caña, en los cuales ellos se ofrecían a mostrar las instalaciones a sectores interesados. Sin embargo, el tour nunca se logró concretar por excusas por parte de ellos. En la página web dan alguna información, pero no coincide con el ritmo de expansión observado e informado, ni con las condiciones laborales que se nos han descrito en las entrevistas efectuadas para un estudio en curso”.
Uno de los casos emblemáticos de la relación entre la no obligatoriedad de la RSC y la realidad es el de la marca de ropa Inditex. “El alcance de la información es desigual”, indica el informe del Observatorio, que va detallando caso por caso cada una de las 35 compañías del IBEX. “La empresa aporta datos sobre el número de empleados desglosados por actividad (fábricas, logística, servicios centrales y tiendas), por área geográfica (Asia y resto del mundo, América, España y resto de Europa), además de por país. Desglosa la información igualmente por género tanto la evolución anual hombre/mujer. Se aportan datos sobre la política laboral referida a tipos de jornada (tiempo completo y a tiempo parcial) y a la clase de contratos (temporal e indefinido), pero en ambos casos la información corresponde solo a la plantilla de España; es decir, un alcance del 35,70% de la plantilla”.
Allí lejos...
Cruzando otra vez el charco, en Buenos Aires, la organización no gubernamental La Alameda acaba de denunciar ante el Ministerio Público Fiscal argentino talleres clandestinos de un proveedor de Zara, parte de Inditex.Han grabado un vídeo con imágenes de un presunto trabajador armado con una cámara oculta. Lo que muestra el vídeo son las condiciones de trabajo. Total inseguridad, con horarios laborales de doce horas y salarios por debajo de convenio. Trabajaban familias enteras –niños incluidos.
No es la primera vez que les descubren. En Pakistán o en Marruecos, donde cada año se incendian o se caen las fábricas, dejan muertos y heridos. Las ONG vuelven a denunciar.
Los talleres producen para Inditex y también para otras marcas de ropa, que se defienden diciendo que no pueden controlar al 100% cómo sus proveedores tratan a la gente. Justamente ese es otro de los aspectos que solicitan las normas internacionales de la Responsabilidad Social Corporativa de Naciones Unidas, que no son de obligado cumplimiento.
