Sin poder comprar, sin poder alquilar
Los desahucios por alquileres aumentan incluso más que los de viviendas hipotecadas. No hay suficientes ayudas públicas para alojar a los que no tienen techo.
Manifestación de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca FOTO: ANDREA BOSCH
A Marta nunca se le pasó por la cabeza comprometerse con una hipoteca. Trabajaba en un hotel, limpiando habitaciones, y tenía un salario que, junto con el de su pareja que estaba en la construcción, le permitía ir pagando un alquiler de 600 euros en Ciudad Meridiana, a las afueras de Barcelona. Vivían allí con sus dos hijos, de cuatro y seis años. Pero llegó la crisis. Ambos se quedaron sin trabajo, el alquiler ya era inaccesible, dejaron de pagar y les desahuciaron.
Los desahucios de alquiler, que han ido en un aumento imparable en los últimos años (véase el gráfico), son más que los desahucios por hipoteca. No se sabe cuántos han llegado a término, pero según el último Barómetro Social de España, del Colectivo IOE, de febrero, con datos cruzados del Consejo General del Poder Judicial, han ingresado en los juzgados 75.105 desahucios en 2012, las últimas cifras anuales disponibles. Es el 32% más que en 2006.
La vivienda como mercancía
“Los desalojos por impago de la hipoteca y los desalojos por impago del alquiler son dos caras de una misma moneda: la concepción de la vivienda como una mercancía”, indica el informe Emergencia habitacional en el Estado español, del Observatori Desc y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. “En ciudades como Barcelona, más del 80% de los desalojos están vinculados a dificultades en el pago de alquiler”.
“El Gobierno no está ofreciendo datos que distingan entre los desahucios que afectan a locales comerciales, segundas residencias o viviendas habituales. Tampoco sabemos qué pasa con las familias afectadas”, dice Vanesa Valiño, coordinadora del informe. “Si no hay información detallada, no puede haber buenas políticas. Los gobiernos van en sentido contrario. Ya el PSOE había sentado las bases de una política que debilita las garantías del inquilino, pero la última reforma del PP agiliza mucho más los desahucios”.
Desahucios más rápidos
La Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler de 2013 permite, entre otras cosas, los desahucios por impago de un solo mes de alquiler. Además, incluye una nueva fórmula para la tranquilidad de los propietarios: el “registro de sentencias firmes de impago de alquiler”. Se trata de un registro en el que constan públicamente durante seis años datos de morosos, sin distinguir entre gente afectada por la crisis y morosos de mala fe. Esto, luego, dificulta de modo considerable conseguir que alguien esté dispuesto a alquilar un piso a quien se ha demorado en el pago.
A pesar de los desahucios de alquileres, las subvenciones públicas para alquilar prácticamente no han crecido desde 2010 (véase el gráfico). Este tipo de subvenciones ocupan apenas el 0,2% del PIB.
España es el país europeo con más vivienda en propiedad: el 83% frente al 17% en alquiler. “Es lo contrario de otros países; por ejemplo, Alemania u Holanda”, agrega Vanesa Valiño. “En ellos, a diferencia de en España, la vivienda se concibe como un bien de primera necesidad. La gente puede vivir alquilando toda la vida. Las personas mayores o jóvenes tienen ayudas que dependen del cumplimiento de unos requisitos. En España, en cambio, las ayudas se conciben como políticas coyunturales que dependen de convocatorias que pueden publicarse o no. Aun cuando se cumplan los requisitos, si se han agotado los fondos quedas fuera de la lista”.
El informe Emergencia habitacional destaca que en Francia el 20% del parque inmobiliario son viviendas sociales de alquiler, y los desalojos están prohibidos durante el invierno. “En Alemania, por su parte, los contratos de alquiler son indefinidos y además existen límites a los precios del mercado privado de alquiler que impiden procesos especulativos como los que se han vivido en el Estado español”.
En Ciudad Meridiana en Barcelona hay al menos 70 familias ocupando
Esta revista ha intentado comunicarse con el Ministerio de Fomento —encargado de las políticas de vivienda en alquiler— enviándole preguntas, pero no ha obtenido respuesta.
Marta (es un nombre supuesto, pues lo que hizo entonces, en junio de 2013, fue ilegal y prefiere que no aparezca) ocupó un piso proveniente de un desahucio que llevaba vacío tres años.
La ocupación es muy a menudo la única posibilidad. “Cuando vamos con un caso de alguien que se ha quedado en la calle, a veces los servicios sociales nos dicen que está todo completo y que no pueden hacer nada”, explica Laura G. de Paoli, abogada de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB).
En el caso de Marta fueron los mismos vecinos quienes le dijeron que el piso estaba vacío. Las que hacía años vivían allí eran las palomas, cuyos excrementos habían carcomido el suelo y las paredes. “Pasé dos meses limpiando antes de poder entrar con mis hijos”, agrega Marta. “Los vecinos me lo han agradecido. Antes me daba vergüenza que supieran que ocupaba un piso. Ahora veo que además he ayudado a la comunidad. Aun así, vives con miedo. Pueden desalojarte en cualquier momento”.
Según datos oficiales, en España hay 3,5 millones de viviendas vacías, muchas provenientes de entidades financieras y grandes promotoras inmobiliarias. Solo en el barrio barcelonés Ciudad Meridiana, conocido ya como Villa Desahucio, la Asociación de Vecinos ha contabilizado que hay 70 familias ocupando pisos. No podían comprar ni alquilar. “¿Cuántos puentes habrá que construir para que vivan debajo las familias?”, ironiza Manuel Cubero, de la asociación. Existe gente sin casa y casas sin gente. La respuesta es obvia.
