Terrorismo de Estado en la empresa

Dictadura: La Justicia del país sudamericano condena a directivos de Ford por crímenes de lesa humanidad, pero no a la empresa.

Madres y Abuelas, entrando en el acto de traspaso de la Escuela de Mecánica de la Armada. FOTO: MÓNICA HASENBERG

Las organizaciones de derechos humanos argentinas vienen trabajando para lograr juzgar a los represores de la última dictadura militar (1976-1983) desde entrada la democracia. Y se han conseguido muchísimos avances y juicios. Pero nunca, hasta el pasado diciembre, se había logrado hacer justicia frente a la participación activa de civiles, directivos de empresas, en los crímenes de lesa humanidad.

En diciembre pasado fueron condenados dos exdirectivos de Ford Motor Argentina, cómplices del secuestro y tortura de 24 trabajadores sindicalizados. Las víctimas fueron secuestradas mientras trabajaban, llevadas a un centro de detención que funcionaba en la empresa, y estuvieron desaparecidos durante un mes hasta ser trasladados a cárceles comunes. En las casas las familias recibían el telegrama de despido, alegando que los trabajadores no se presentaban a trabajar. En realidad, estaban siendo torturados en la misma fábrica. 

Desde hacía 42 años y 9 meses, los obreros y sus familias habían estado luchando para que se hiciera justicia. Y se hizo, en parte. A pesar de que era en el gimnasio de la misma empresa donde fueron torturados, solo se condenó a dos exdirectivos: el gerente de Manufactura, Pedro Muller, y al jefe de seguridad de la planta, Héctor Sibilla, un militar retirado que luego pasó a trabajar en la embajada de Estados Unidos y que participó incluso en las torturas. También se juzgó a un militar, el general de división Santiago Omar Riveros, jefe de la Zona de Defensa de Campo de Mayo (que ya había sido condenado en otros juicios). Los directivos de Ford fueron condenados por haber facilitado al ejército la identidad de las personas que querían que secuestraran  y por la responsabilidad del centro de detención.

Las informaciones que han aparecido en la prensa internacional pueden dar lugar a confusión. “Se juzgó a altos delegados. No a Ford. En la Argentina no juzgamos todavía la responsabilidad empresaria”, explica Elizabeth Gómez Alcorta, abogada de los querellantes. “No se condenó a la firma. En el régimen penal solo responden personas. Si hay un delito, se responsabiliza una persona de la empresa, que dirigía la empresa e hizo algún aporte al crimen de lesa humanidad, con recursos de la propia empresa”.

Esta aclaración es importante porque las empresas como Ford que se vieron beneficiadas directamente con el “escarmiento” a los sindicalistas siguieron y crecieron sin ningún obstáculo. Ford no fue sancionada de ninguna manera. Solo en 2012, por iniciativa del Archivo Nacional de la Memoria, instalaron un cartel en la planta de la empresa que indica que en el “Quincho de Ford” funcionaba un centro de detención.

OTRAS MUCHAS EMPRESAS

Si el juicio y la condena a los dirigentes de Ford fue posible, fue gracias (en parte) al Informe de Derechos Humanos y Empresas: Responsabilidad Empresarial en delitos de lesa humanidad. Represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado, elaborado conjuntamente por el Área de Economía y Tecnología de la FLACSO Argentina, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Secretaría de Derechos Humanos (SDH) y el Programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (PvyJ), e impulsado durante el período presidencial de Néstor Kirchner (aunque su publicación es de 2016).

En el gimnasio de Ford funcionaba un centro de tortura

La junta militar benefició a una élite empresarial

Se trata de dos tomos con cerca de 1.000 páginas dedicadas a analizar la participación de accionistas y directivos de 25 grandes empresas de distintas regiones del país sudamericano en la represión a los trabajadores durante la última dictadura.

La investigación se basa en fuentes judiciales, de prensa, testimonios y archivos para explicar las diversas prácticas empresariales represivas que se usaron durante la dictadura, como los centros de detención en las fábricas, la presencia de directivos de empresas en el secuestro y/o tortura y la utilización de recursos logísticos y materiales para la represión, entre otras cosas.

De esas 25 empresas, que tienen procesos penales, hasta el caso de Ford solo se había condenado a la empresa de transporte La Veloz del Norte. Aunque la instancia de la Cámara de Apelación declaró el juicio nulo, los abogados de las víctimas esperan que se dicte finalmente una sentencia en un futuro próximo.

En otros casos hubo sentencias, pero no contra civiles sino contra miembros de las fuerzas de seguridad. Algunas de esas empresas han quebrado y algunas de las personas juzgadas ya han muerto. Hay otros juicios en etapa de investigación, pero ninguno avanzado como en el caso de Ford.

TRABAS Y RETRASOS A LA JUSTICIA

Una selecta élite empresarial se vio beneficiada por el modelo económico impulsado por la Junta Militar en Argentina durante los años de la dictadura. En el libro Cuentas pendientes, los cómplices económicos de la dictadura, editado por Horacio Verbitsky y Juan Pablo Boholavsky (escrito por 23 autores), los editores explican en la introducción que la represión ilegal “apuntó a la instauración y defensa de una economía de tintes neoliberales exenta de amenazas de reclamos y reivindicaciones gremiales”. 

En el libro se retratan otros casos de empresas, además de Ford, que forman parte de esa élite, muy relacionada con el mundo político (Ledesma, Acindar, Techint, Mercedes Benz, etc.), cuyos directivos están acusados o se sospecha que entregaron a trabajadores que luego desaparecieron. También se habla de organismos creados para extorsionar a empresarios poco afines y expropiar sus bienes.

Hay otra parte de esa colaboración con la dictadura, que se lleva a cabo por parte de los grandes poderes empresariales del país sudamericano: “...corporaciones patronales agropecuarias o industriales, como la Sociedad Rural Argentina y Confederaciones Rurales Argentinas; el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires; los grandes prestamistas internacionales, como Citybank y Lloyd’s Bank, que colaboraron con el descomunal endeudamiento del país en ese período; los think tanks como FIEL y CEMA, que aportaron hombres e ideas a la dictadura; sectores de la cúpula sindical; operaciones mediáticas de diarios como La Nueva Provincia, Clarín y La Nación, o la impactante actitud de la cúpula de la Iglesia católica, que, mientras bendecía la represión, aprovechaba los cuantiosos beneficios que recibía de los militares”, indican en la presentación del libro, al referirse a la enorme cantidad de civiles que participaron mientras se veían beneficiados por la represión.

Si se requirieron más de 40 años para que la relación entre estas empresas y la dictadura tuviera una sentencia firme como la de los directivos de Ford, es, según explica Verbitsky, también presidente del CELS, en varios de sus escritos en su blog El Cohete a la Luna, que la relación de esos poderes económicos con los poderes políticos durante la democracia facilitó los retrasos en las instrucciones y la paralización de los juicios.

Desde el período impulsado por Néstor Kirchner, en 2003, se anularon algunas leyes de impunidad y se instauraron dependencias gubernamentales que colaboraron o sostuvieron el proceso de juzgamiento.

Sin embargo, “en los últimos tres años (desde la llegada del presidente Mauricio Macri al poder), hay un claro desaceleramiento de este proceso”, indica Elizabeth Gómez Alcorta, la abogada de las víctimas del caso Ford. “Todos los grupos de investigaciones dejaron su actividad, las dependencias que acompañan a víctimas fueron desfinanciadas y reducidas en cantidad de personal. Eso tuvo un impacto. Los juicios y las investigaciones no han cerrado porque las víctimas y los sobrevivientes siguen luchando. Pero el desarrollo de las causas se ha desacelerado muchísimo”.

Las secuelas de la dictadura siguen muy presentes en la realidad argentina.