Trabajo // Coto al abuso de la temporalidad
La primera reforma pactada por empresarios y sindicatos en décadas cambia el marco laboral a favor de la estabilidad, so pena de fuertes multas.
Darle un vuelco a la temporalidad en España, objetivo que han acordado empresas y sindicatos en un pacto sin precedentes en cuatro décadas, es un reto de aúpa.El año pasado se firmaron 19,38 millones de contratos de trabajo. De ellos, 17,27 millones fueron temporales, una mayoría abrumadora del 90%. El 21% ni alcanza los siete días.
Los principales coladeros de abusos han sido tres: utilizar contratos temporales para trabajos estacionales como el turismo y la agricultura, aprovechar la formación para tener mano de obra barata y hacer un mal uso del contrato para realizar una obra o servicio —por ejemplo, contar con ayuda para una presentación de producto o un evento—. En la práctica, la obra o el servicio han sido como un chicle: se puede alargar hasta cuatro años, se contrata a alguien para una cosa y se le exigen otras tareas o directamente se cubren necesidades estructurales de la compañía.
La tasa de temporalidad, 11,1 puntos por encima de la media europea, concierne también al sector público; de hecho, más que al privado (el 29,9% frente al 23,2%).
En este marco, que las patronales CEOE y CEPYME hayan asumido un acuerdo según el cual "el contrato de trabajo se presume concertado por tiempo indefinido" cambia el criterio de lo que es lo normal.
"Habrá que cambiar la cultura laboral de muchos años. La cultura no se cambia solo con las normas, sino con actitudes coherentes por parte de sindicatos, empresarios, asesores y todas las personas que intervienen en el mundo del trabajo. Pero es la primera reforma laboral desde hace mucho tiempo que intenta atacar a fondo la precariedad. Y mira hacia lo que nos piden en Europa", señala Eudardo Rojo, catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la UAB.
Se blindan ayudas a empresas en crisis para evitar despidos
Los contratos temporales no desaparecen, pero deberá justificarse su porqué y se acotan. Valen para sustituir a una persona de baja y valen para afrontar puntas de demanda, ya sean estas imprevistas —contratos de hasta seis meses, prorrogables a otros seis— o previsibles y de corta duración —con un tope de 90 días—. Las vacaciones y las rebajas están incluidas.
Minicontratos
A partir de marzo no se podrán suscribir los ya citados contratos por obra y servicio. Las cotizaciones de los contratos de menos de 30 días se encarecen en 26 euros si se dan de baja. No se podrán encadenar contratos en la misma empresa para el mismo o distinto puesto durante más de 18 meses de un periodo de dos años. Se pone un listón mínimo a lo que hay que pagar en los contratos que compatibilizan formación y prácticas (65% del convenio el primer año y 75% el segundo). Y las sanciones por infracciones ya no son por empresa, sino por persona contratada de forma irregular, con multas de hasta 10.000 euros.
Algunos grandes despachos de abogacía han sugerido que en la práctica no habrá grandes cambios, porque la flexibilidad que reclaman las empresas y para la que usan contratos temporales podrá pivotar alrededor del contrato fijo discontinuo, cuyos contornos se amplían más allá del trabajo estacional o de temporada, para tareas que se presten de forma intermitente si tienen "periodos de ejecución ciertos".
¿Estamos ante un cambio nominativo? Para el catedrático de Derecho del Trabajo Antonio Baylos, "la desaparición del contrato para obra o servicio, que suponía entre el 30% y el 40% del total de contratos temporales, es muy relevante, y la reducción de la eventualidad a través del contrato fijo discontinuo no tiene solo efectos estadísticos, sino constitutivos, puesto que estas personas se consideran trabajadoras indefinidas, con repercusiones en la cotización y en el despido".
A los fijos discontinuos se les reconoce la antigüedad y se les da estabilidad. De ahí que CC OO lance el mensaje frente a las críticas de la izquierda y de sindicatos menos representativos de que que, en la práctica, sí se incide en los costes de despido. No se tocan las indemnizaciones, pero si se produce un trasvase masivo de contratos evetuales a fijos discontinuos, argumentael sindicato, les corresponden compensaciones más elevadas (20 o 33 días según si el despido es objetivo o no, frente a 12 días).
La estadística cambiará
Pero ya ha surgido la polémica sobre si estas indemnizaciones se circunscriben o no al tiempo de prestación de servicios o a toda la relación laboral. Es uno de los aspectos que hace prever cierta judicialización. "El marco normativo no es todo lo claro que debiera ser. Hay puertas traseras que pueden neutralizar el impacto que se busca", comenta en un webinar de Pimec el profesor Ignasi Beltrán, de la UOC. Otras dudas: hasta qué punto las empresas multiservicios, fuente de precariedad, pueden decir que no hay convenio colectivo sectorial que les concierna. O el significado del límite de 90 días para ciertos contratos temporales. "Habrá conflictividad jurídica, pero se deberá interpretar desde la regla general de que el contrato se presume indefinido", subraya el profesor Rojo.
El despido saldrá más caro si hay trasvase de eventuales a indefinidos
Se prevén litigios por algunos conceptos confusos de la reforma
Lo que nadie duda es que en las estadísticas, la tasa de temporalidad bajará."Sí se logrará reducir, por las rigideces introducidas en los contratos temporales.Pero puede haber consecuencias negativas: una mayor economía sumergida y una reducción de la contratación en su conjunto, que puede penalizar, además, a los grupos más vulnerables", augura Valentín Bote, director de Randstad Research. "Seguro que se generará menos ocupación. Menguará la barra libre de contratos de días y semanas. Pero se gana en estabilidad", opina Camil Ros, secretario general de UGT de Catalunya.
Por ahora, la recuperación del empleo va como un tiro, en comparación con lo sucedido tras la crisis de 2008, que se abordó bajo presión europea con una devaluación interna. En la gestión económica de la pandemia, el gran cambio han sido los mecanismos de suspensión temporal de empleo —los famosos ERTE, que han llegado a evitar 3,6 millones de despidos—. La reforma, que quiere reenfocarlos más a la reducción de jornada, los regula y los blinda. Ello supone apoyar con recursos públicos a las empresas que encajan un desplome de la demanda, para que el despido sea la última opción. Son ayudas a cambio de empleo más estable.
Poder negociador
La reforma reequilibra la capacidad negociadora entre empresarios y sindicatos. "Hemos perdido derechos en estos años para evitar perder un convenio entero", explica Nuria Gilgado, responsable de Política Sindical de UGT de Catalunya. "Al vencer un convenio, las patronales ponían condiciones inasumibles. Sabían que, en un año, el contador se pondría a cero", añade. Hoy se ha recuperado el mecanismo por el que un convenio sigue vigente hasta pactar el siguiente.
Protesta de trabajadores frente a un supermercado. Foto: CC OO
Otro reequilibrio negociador: en cuestión de salarios y jornada, una empresa no puede ofrecer condiciones peores que las del sector. La inquietud la han generado sobre todo las empresas multiservicios. Según UGT de Catalunya, el salario anual del grupo multiservicios CTC es el 58% peor que el del convenio de mercancías de Barcelona, el 65% peor que el del metal y el 36% peor que el de la hostelería. No sale perdiendo solo la plantilla, sino las pymes que tienen que competir con quien practica dumping. Ahora, la subcontratación se desliga de la temporalidad y se referencia al convenio sectorial de la actividad desarrollada.
El Gobierno, y en particular la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, reivindica que con la reforma "se recuperan derechos". A Bruselas le gusta la concertación social. Importa el qué, pero también, y mucho, el cómo. Pero el cómo limita el qué. Fuera de las centrales más representativas, CC OO y UGT, los sindicatos protestan por lo que no incluye el acuerdo. La izquierda paga una gestión de expectativas basada en la tabula rasa de la reforma de 2012.
Los aliados habituales del Gobierno de coalición, como ERC, PNV y Bildu, han apretado hasta el final para introducir cambios en un pacto que costó sudores. Tantos, que los empresarios, bajo presión del PP y con disensiones, vieron arriesgado tocar ni una coma. Los sindicatos sugieren vehicular retoques por otras vías. Mientras, Pimec denuncia que las pymes (el 99% de empresas) han estado ausentes del diálogo social.
