Trabajo // El combate contra la temporalidad nace cojo

La reforma laboral tiene entre sus pilares principales la tarea de una Inspección de Trabajo que se considera descapitalizada de recursos y personal.

Una parte de las empresas que cometen abusos a la hora de contratar a su personal acaba pillada por la inspección de trabajo, y la efectividad de la nueva reforma laboral contra la temporalidad excesiva descansa en buena medida sobre el colectivo que rastrea si se cumplen los derechos laborales.

Entre 2018 y 2020, un total de 447.051 personas con un contrato temporal irregular pasaron a estar contratadas de forma indefinida a resultas de las pesquisas del colectivo inspector, según los últimos informes anuales disponibles. Las tareas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social son uno de los pilares sobre los que descansa el pacto alcanzado por los empresarios y los sindicatos CC OO y UGT, que en febrero obtuvo el aval parlamentario por los pelos. 

Pero en el cuerpo hay mal cuerpo. "El problema no es que ahora vaya a aumentar la carga de trabajo, pues arrastramos un problema endémico y hacemos lo que podemos", señala Mercedes Martínez desde la Unión Progresista de Inspectores Fiscales (UPIT). Por su experiencia, en España el fraude en la contratación es generalizado. "A las empresas les cuesta mucho pensar en contratos indefinidos. Tienen la percepción, creo que equivocada, de que con un contrato temporal la persona funcionará mejor, que quizá si está pendiente de renovar se cuidará de coger una baja si no es necesaria, o no se afiliará a un sindicato", añade Martínez.

Contratos temporales hechos indefinidos, por género (2020)

Mujeres: 35.740

Hombres: 48.113

Tras la nueva reforma laboral, las multas se han convertido en un instrumento disuasorio. Ya no se contabilizan por empresas que incurren en irregularidades, sino por cada uno de los contratos en los que se detecten irregularidades.Y las sanciones, además, pueden alcanzar los 10.000 euros. En la inspección comentan que había empresas con presupuestos para multas, que además de bajas, de no recurrirse, se rebajaban el 40%. 

"He visto propuestas de sanción a empresas con 700 personas trabajadoras en situación irregular que ascendían a... 6.000 euros. El cambio en materia de sanciones era una vieja reivindicación", señala la magistrada Mar Serna, ella misma exinspectora. Para la también exconsejera de Trabajo del Gobierno catalán, la filosofía de la reforma laboral es correcta y tiene la virtud de haber sido fruto del acuerdo, aunque considera también que la reforma está más enfocada a la gran industria que a la pyme. De hecho, la patronal catalana Pimec viene quejándose de que las pymes no están representadas en el diálogo social. 

Incógnitas sobre precariedad

 Pero para Serna, uno de los mayores interrogantes que surgen para valorar si el nuevo marco legal será efectivo contra la precariedad ligada a la temporalidad es el desarrollo normativo en relación con cuestiones como el contrato fijo discontinuo, cuyo espectro de aplicación se ha ampliado y que —tras la desaparición de los contratos por obra y servicio, grandes coladeros de fraude—, se perfila como uno de los principales recursos de flexibilidad de las empresas. "Según se desarrolle la norma, podríamos estar ante una buena herramienta, pero también existe el riesgo de que se acabe creando una bolsa de personas trabajadoras con contratos fijos discontinuos en situación de precariedad", alerta la magistrada.

Los contratos fijos discontinuos son un tipo de contrato indefinido con el que no se trabaja todo el año, sino de forma intermitente. El caso clásico para el que se pensó es el empleo estacional —que una persona trabaje en un hotel cada año, pero solo durante tres meses, por ejemplo—. El Gobierno y los agentes sociales han pactado dar cierta estabilidad laboral a quienes se vean contratados bajo esta situación de intermitencia, ya que se les reconoce la antigüedad de la relación laboral desde el primer minuto. Saben que el año siguiente volverán a tener un trabajo, aunque puedan surgir conflictos si les surge otro empleo —de algo tendrán que vivir— entre cada periodo de servicio. 

Donde hay mayores discusiones es en las indemnizaciones en caso de que la empresa prescinda de sus servicios, porque el redactado de la reforma es ambiguo: se reconoce la antigüedad de la relación laboral desde el inicio, pero también alude a la aplicación de criterios de "objetividad, proporcionalidad y transparencia". El Tribunal Supremo dictaminó en una sentencia de 2020 que, en las indemnizaciones, lo que se tiene en cuenta es el tiempo de servicio. Según este criterio, si te despiden después de trabajar tres meses al año durante cuatro años, la compensación es por un año, no por cuatro años. 

Pero lo que suceda a partir de ahora no está claro. Los sindicatos hacen valer la antigüedad, y en todo caso, la indemnización de un contrato indefinido, aunque sea discontinuo, es muy superior a la de un contrato temporal. 
 
Precariedad y trabajadoras

El 52% de todos los contratos indefinidos de duración permantente corresponden a trabajadores hombres, pero en el caso de los fijos con discontinuidad —que suman hasta ahora 373.300 según la última Encuesta de Población Activa (EPA)— una gran mayoría corresponden a mujeres (el 63% del total). Globalmente, la proporción de contratos temporales que firman mujeres es más elevada (53,8%) que la que firman hombres, aunque la proporción es inversa en el caso específico de los contratos por obra y servicio. Una de las grandes diferencias por género tiene que ver con la jornada: el 75,62% de los 2,74 millones de contratos a tiempo parcial que había al cierre de 2021, según la EPA, correspondía a trabajadoras.

Carencias sin cubrir

"La reforma laboral supone más trabajo. Se hará por voluntarismo. O se priorizan cosas o se dejan de hacer otras. Vemos que se tiende a lanzar rápido los titulares, los mensajes, pero en la práctica vivimos una enorme descapitalización, y hacen falta más efectivos, más medios técnicos y materiales y  una nueva configuración", apunta Josetxo Gándara, responsable de Acción Sindical del sector de la Administración General del Estado de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO. "El problema es estructural. Las tareas han ido aumentando en carga pura y dura y también en complejidad", añade.

Los Presupuestos Generales del Estado han incrementado un 20% la dotación para la inspección, hasta los 194,8 millones de euros. Y el Gobierno aprobó a finales del año pasado un plan estratégico para su modernización, mediante el uso de macrodatos (big data) y nuevas tecnologías. Sin embargo,  Gándara explica que a día de hoy la inspección sigue careciendo de una unidad informática potente: desde que se convirtió en un organismo autónomo, a partir de la decisión adoptada en 2015, se ha subcontratado a empresas privadas "no siempre imparciales". 

La gran mayoría de contratos fijos discontinuos los han firmado mujeres

A falta de que Hacienda acepte la implementación del nuevo modelo —plasmado en un acuerdo del verano pasado que implicaba incrementar el cuerpo en 470 puestos—, las movilizaciones ya han empezado.

Según los criterios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la inspección debería contar con 4.250 efectivos. Tiene cerca de 3.000, de los cuales unos 1.000 inspectores e inspectoras y  subinspectores y subinspectoras. Los sindicatos denuncian que  el personal técnico y administrativo ha menguado cerca del 40% y que sus tareas las están realizando inspectores, en lugar de dedicarse a vigilar el fraude en relaciones laborales, a la Seguridad Social o en prevención de riesgos laborales. 
Su tesis: de poco sirve legislar por un empleo de calidad sin que nadie vigile.