Tras la huelga, ¿de nuevo la cárcel?

Democracia: Los sindicatos denuncian un gran retroceso en el derecho de huelga en España con el aluvión de penas de cárcel que la Fiscalía pide por acciones de piquetes.

Acto de la campaña No nos van a callar, en Madrid. FOTO: CCOO

A Pablo Morganti, que trabajaba en El País de la Carne, en Alicante, le pidió su jefe que limpiara la trituradora de carne. La máquina no tenía dispositivos de seguridad, al chico —tenía 18 años— no le dieron guantes de protección y tampoco ninguna formación. Su mano acabó destrozada, con un dedo amputado, y el empresario ni siquiera quiso llevarle al hospital, donde estuvo 73 días ingresado. En diciembre de 2013, el juez condenó al empresario a un año de prisión, que nunca se hará efectivo.

La semana anterior de este “accidente laboral”, Franns Rilles Melgar, un inmigrante boliviano que trabajaba sin contrato en una panadería de Gandía (Valencia), vio cómo la máquina panificadora, que funcionaba con la rejilla de seguridad levantada, le cortaba literalmente el brazo. Los dueños tiraron el miembro amputado a la basura y dejaron a Rilles Melgar a 200 metros del hospital para evitarse líos. En febrero de 2014, a los empresarios les sentenciaron con pena de 11 meses y 29 días de prisión, que tampoco tendrán que cumplir.

El Ministerio público pide ocho años para el comité de empresa de Airbus 

CC OO: “Hay que ir al Proceso 1.001 para ver peticiones tan duras”

En la España de finales de 2014, el mismo país y el mismo año de estas sentencias, la Fiscalía pide ocho años de cárcel para cada uno de los ocho miembros del comité de empresa de Airbus de Getafe, acusados de altercados con la policía en la huelga general de 2012. Y a Katiana Vicens, secretaria general de Comisiones Obreras (CC OO) en Baleares, la han condenado a pagar 4.000 euros por coacciones en un piquete en la misma huelga general, pero la Fiscalía ha recurrido contra el fallo e insiste en su exigencia de cuatro años y medio de cárcel para la sindicalista.

ECOS DEL PROCESO 1.001

“Hay que retrotraerse al franquismo y al Proceso 1.001 para encontrar un nivel de represión del sindicalismo y del derecho de huelga similar al que estamos viviendo”, sostiene Enrique Lillo, jurista de Comisiones Obreras y abogado de los siete miembros del comité de empresa de Airbus afiliados a este sindicato para los que el fiscal pide un total de 56 años de prisión. El octavo milita en UGT y afronta la misma pena por unos altercados denunciados exclusivamente por la policía, que se iniciaron tras disparos al aire por parte de los agentes y en los que ni Airbus ni ningún trabajador de la empresa ha denunciado nada.

El Proceso 1.001 es el más emblemático de los que instruyó contra sindicalistas el Tribunal de Orden Público (TOP) en los estertores del franquismo. Se dirigió contra la cúpula de CC OO y la pena máxima, una vez revisada a la baja por el Tribunal Supremo, quedó en seis años de cárcel para Marcelino Camacho, entonces líder del sindicato clandestino vinculado al Partido Comunista de España (PCE). Y ahora la fiscalía pide ocho años para cada integrante del comité de empresa de Airbus.

Los sindicatos advierten que no se trata de un caso aislado: “Quieren hacernos retroceder 40 años en la historia de nuestro país mediante un ataque sin precedentes al derecho de huelga”, ha afirmado el líder de CC OO, Ignacio Fernández Toxo. Su par en UGT, Cándido Méndez, opina que está en marcha “una estrategia que busca infundir miedo, intimidación y represión para que los trabajadres no se resistan a la libre voluntad del empresario”. Los sindicatos más alternativos, como la CGT, también avisan contra lo que consideran un intento de “criminalizar la huelga”.

PETICIÓN A LA OIT

CC OO y UGT han puesto en marcha la campaña La huelga no es delito, con la que aspiran a llamar la atención internacional ante el peligro de retroceso de un derecho inherente a la democracia que cuenta, además, con la máxima protección constitucional: ya han acudido a la Organización Internacional del Trabajo, el Consejo Económico y Social europeo, han colocado el problema en la agenda de las organizaciones internacionales de sindicatos y tienen la mirada puesta en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Ambos sindicatos han recopilado todas las causas en marcha en España en las que la Fiscalía pide penas de cárcel por actuaciones derivadas de alguna huelga, y la lista es estremecedora: incluye 81 expedientes en 13 comunidades autónomas, que afectan a 260 sindicalistas con unas penas de cárcel solicitadas por la Fiscalía que, agregadas, suman 120 años de cárcel.

El PP niega de plano que la actuación de la Fiscalía responda a directrices del Gobierno y que se intente criminalizar la huelga. “El derecho de huelga no está en cuestión”, afirmó, tajante, en unas jornadas recientes de la Fundación Primero de Mayo (CC OO) Conrado Escobar, diputado del PP, quien insistió en que “sólo se persigue la violencia”. Escobar subrayó que todas las actuaciones de la Fiscalía se amparan en la reforma del Código Penal de 1995, impulsado por el PSOE y conocido como “el Código Penal de la Democracia”.

El PP asegura que el derecho de huelga “no está en cuestión”

81 expedientes abiertos piden cárcel para 260 sindicalistas

Entre 2011 y 2013, se han más que duplicado las jornadas de huelga

Esta reforma levantó en su día muchas suspicacias en el mundo sindical porque precisamente abría la puerta a lo que está pasando al recuperar casi textualmente, en el artículo 315.3, párrafos vigentes en el franquismo aplicadas a las huelgas. Jueces para la Democracia, que agrupa a los magistrados progresistas, ha mostrado enorme preocupación: “Reclamamos la supresión del artículo 315.3 del Código Penal, pues el derecho a no hacer huelga ya está suficientemente protegido a través del delito o falta de coacciones, sin que resulte necesario este tipo penal específico”. Y añade: “Hay que recordar que dicho precepto tiene su origen en el ordenamiento penal franquista, cuya redacción se mantiene casi intacta y que el régimen anterior tenía como finalidad reprimir las huelgas. No tiene sentido mantener una figura delictiva que ahora se desarrolla en el contexto de un derecho fundamental, como la huelga”.

Con la misma contundencia se han expresado los catedráticos de Derecho del Trabajo Antonio Baylos y Joaquín Aparicio Tovar, entre otros. Algunos expertos consideran que la ofensiva de la Fiscalía va incluso mucho más allá del derecho de huelga. El abogado Gonzalo Boye sostiene que es un ejemplo del “retroceso de la calidad democrática, que incluye también trabas al derecho de manifestación, y del auge de respuestas autoritarias ante la crisis social, por mucho que se mantenga la fachada democrática”.

Por su parte, Albert Recio, economista de la Universidad de Barcelona especializado en el mundo del trabajo, considera: “Está claro que existe el propósito de crear un modelo laboral a lo anglosajón, en el que la mayoría de gente no tiene derecho a la acción colectiva y los sindicatos desempeñan un papel minúsculo”.

Recio considera que este proceso recibió un gran impulso con la reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy, en 2012, que al socavar los convenios colectivos ha acabado causando un aumento de la conflictividad y de las huelgas: entre 2011 y 2013, las huelgas convocadas en España pasaron de 777 a 994, los trabajadores que las siguieron, de 221.000 a 448.000, y las jornadas no trabajadas, de 485.000 a 1.100.000.

Y entonces la Fiscalía pidió cárcel.