Tributación // A la greña por la armonización fiscal
Las discrepancias entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid en materia de impuestos ponen de relieve visiones opuestas del estado de bienestar.
Pocos debates despiertan pasiones tan encendidas como el de los impuestos. Si a ello le agregamos la cuestión territorial y la vieja rivalidad entre Cataluña y la Comunidad de Madrid, la polémica está servida. El último episodio viene cargado de demagogia, palabras gruesas y medias verdades.
A punto de concluir el funesto 2020 y en puertas de las eleccione al Parlament de Catalunya, previstas para el 14 de febrero, la negociación de los Presupuestos Generales del Estado reabrió las diferencias entre comunidades autónomas en materia de impuestos. Como contrapartida a su apoyo a las cuentas públicas, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) desveló que había arrancado al Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos el compromiso de avanzar hacia una mayor armonización fiscal entre los territorios y acabar con lo que el portavoz de la formación independentista en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, calificó de “paraíso fiscal” de Madrid.
1.000 millones de euros deja de ingresar la Comunidad de Madrid por bonificar al 100% el impuesto sobre el patrimonio
Las palabras de Rufián desataron una airada reacción de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien prometió que hará todo lo posible, incluyendo un recurso al Tribunal Constitucional, por frenar cualquier intento de subir los impuestos a los madrileños. En su papel de abanderada del neoliberalismo y látigo del Gobierno central, Díaz Ayuso aseguró que no permitirá que se toquen los bolsillos a los madrileños para pagar “la corruptela al independentismo” y que será "la peor pesadilla" de quienes quieran "robar” a sus conciudadanos. Su consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, no pierde ocasión para calificar de “infierno fiscal” la situación en otras comunidades autónomas, entre las que se encuentra —aunque sin señalarla explícitamente— Cataluña.
Zapatero, Rajoy y Aguirre
En el centro de la polémica está el impuesto sobre el patrimonio, que grava la riqueza de las personas y del que están exentos todos los residentes en la Comunidad de Madrid sin importar su nivel de renta. El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero eliminó el impuesto a nivel estatal en 2008, pero lo recuperó en vísperas de las elecciones de generales de 2011para dar una baza electoral al candidato socialista Alfredo Pérez Rubalcaba. Para sorpresa de muchos, el vencedor de los comicios, Mariano Rajoy, lo mantuvo una vez instalado en La Moncloa. Fue entonces cuando el Gobierno regional de Madrid, presidido por Esperanza Aguirre, comenzó a bonificarlo al 100% para que ningún madrileño tuviera que pagarlo.
Miguel Sebastián, profesor de Economía de la Universidad Complutense y exministro de Industria con Rodríguez Zapatero, opina que es tan injusto señalar a Madrid como “paraíso fiscal” por no cobrar el Impuesto sobre el Patrimonio como acusar a Cataluña de ser un “infierno fiscal” por tener una presión tributaria más alta. Sebastián es partidario de eliminar por completo el impuesto sobre el patrimonio, que no existe en ningún otro país de la UE. Sebastián afirma que se trata de un tributo "arcaico" que desincentiva el ahorro y somete a una doble imposición a aquellos contribuyentes obligados a tributar por un dinero por el que ya tributan en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF).
Nueva reforma
El Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos tiene previsto formar en las próximas semanas una comisión de expertos para preparar una amplia reforma fiscal que incluya, entre otras cuestiones, una mayor armonización entre las comunidades autónomas. Además del impuesto sobre el patrimonio, también se revisarán el de sucesiones y donaciones y el de transmisiones patrimoniales, todos ellos cedidos a las comunidades autónomas por el Estado. El debate sobre esos tributos correrá paralelo a la reapertura de las negociaciones sobre un nuevo sistema de financiación autonómica, que caducó en 2014.
El objetivo del Gobierno es impedir que un territorio pueda bajar los impuestos de su competencia más allá de un mínimo o subirlos por encima de un techo determinado. Ello obligaría, invariablemente, a la Comunidad de Madrid a subir su impuesto sobre el patrimonio para acercarlo al del resto de los territorios, de ahí el enfado de sus gobernantes.
Cataluña es la comunidad que más ingresa por Impuesto sobre el Patrimonio
País Vasco y Navarra, con regímenes fiscales propios, también lo cobran
Madrid, que deja de ingresar unos 1.000 millones por no cobrar ese impuesto, es también el territorio en el que se paga menos IRPF. En línea con su concepción liberal de la política económica, el Gobierno regional asegura que cobrar menos impuestos deja en manos de los ciudadanos la decisión de cómo gastar su dinero e impulsa el ahorro, la inversión y el crecimiento económico. El argumento del Ejecutivo central y de las comunidades gobernadas por el PSOE, con la Comunidad Valenciana a la cabeza, es que Madrid se puede permitir una presión fiscal más baja que las demás porque el nivel de renta de sus ciudadanos es más alto y porque allí tienen su sede muchas de las grandes empresas nacionales y extranjeras. Es el llamado efecto capitalidad, de cuya existencia dudan algunos expertos. Además, los partidarios de la armonización fiscal sostienen que la laxitud de la política fiscal madrileña atrae “deslocalizaciones ficticias”: gente con dinero que se empadrona en Madrid para pagar menos impuestos pero sigue residiendo en su comunidades de origen. También argumentan que las comunidades con menores rentas no tienen más opción que subir los tipos impositivos para pagar gastos en sanidad o educación. Es el caso, por ejemplo, de Extremadura, que tiene el tipo máximo más alto en el impuesto sobre el patrimonio, el 3,75%.
Tras el debate subyacen precisamente dos visiones sobre la mejor manera de financiar el estado de bienestar: una socialdemócrata y otra liberal, aunque algunas comunidades gobernadas por el PP recelan de la actitud de Madrid y también son partidarias de cierta armonización fiscal. El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, por ejemplo, se ha mostrado a favor de establecer unos mínimos de tributación.
Autonomía financiera
Ni País Vasco ni Navarra, que gozan de regímenes fiscales propios, han eliminado el impuesto sobre el patrimonio, por el que recaudaron 163 y 41 millones de euros, respectivamente, en 2017. Cataluña es, de largo, la comunidad que más ingresa por ese concepto (494 millones), seguida de País Vasco y la Comunidad Valenciana (148).
En la negociación que ahora comienza se buscará una vía para conciliar la autonomía financiera (la capacidad de las comunidades de recaudar sus propios impuestos) con cierta igualdad entre los territorios, evitando situaciones de competencia desleal. Los expertos reunidos en 2017 por el exministro Cristóbal Montoro para actualizar el modelo de financiación autonómica ya mostraron su preocupación por la posibilidad de que la competencia por atraer contribuyentes adinerados llevase a algunos Gobiernos regionales a establecer tipos impositivos inferiores “a los deseables”. Los expertos plantearon entonces la necesidad de fijar tipos mínimos y máximos en algunos tributos cedidos a las comunidades, como el impuesto de sucesiones y donaciones, pero no se pusieron de acuerdo en lo que respecta al impuesto sobre el patrimonio.
La fiscalidad será, sin duda, protagonista en un año en el que todas las instituciones del Estado, desde el Gobierno a las comunidades autónomas y los ayuntamientos, van a necesitar cuantiosos fondos para paliar los estragos sociales causados por la pandemia de coronavirus e impulsar la recuperación económica.
