Unión Europea // Un paso adelante y otro atrás
El fondo de reconstrucción se pone en marcha a costa de recortar políticas comunitarias.
La gigantesca cumbre europea de los días 17, 18, 19, 20 y 21 de julio, que exigió más de 90 horas de reuniones, supuso, sin duda, un hito histórico en la construcción europea. La emisión de deuda común para financiar el nuevo fondo Next Generation en una cuantía de 750.000 millones de euros, de los que 390.000 millones se destinarán a subvenciones a fondo perdido para los países más necesitados, supone un compromiso de solidaridad sin precedentes. El acuerdo trata de responder a las dramáticas incertidumbres sanitarias de la pandemia del coronavirus y a la profundidad del hundimiento de la economía, que en segundo trimestre se contrajo el 12,1% en la zona euro, según Eurostat.
El acuerdo de julio del Consejo Europeo fue importante porque abrió la puerta para avanzar en el camino hacia una proporción cada vez mayor de deuda pública común. De todas formas, hay que precisar que el compromiso de compartir la deuda pública afecta solamente a la emitida para financiar el nuevo fondo. Cuando hace una década se plantearon los eurobonos, el objetivo era que una parte de la deuda pública de cada país fuera común. Una de las fórmulas que se estudiaron entonces proponía que la deuda que representara hasta el 60% del PIB de cada Estado estuviera respaldada por el conjunto de la UE, lo que permitiría un coste de financiación mucho más bajo. La iniciativa hubiera significado un alivio decisivo para los países en dificultades. La deuda pública que superase el nivel del 60% del PIB sería financiada al coste que cada Estado lograse colocarla en el mercado. Estamos todavía lejos de los eurobonos pero se ha roto un tabú.
Peligrosos retrocesos
Este notable avance ha ido acompañado, no obstante, en el mismo Consejo Europeo de peligrosos retrocesos que no se pueden orillar ni minusvalorar, como han puesto de relieve el Parlamento Europeo y destacados expertos.
La relevancia de Europa no deriva solo de contar con el euro, de tener un Presupuesto común y de la capacidad para constituir fondos de recuperación de dimensiones extraordinarias. La Unión Europea es, sobre todo, una construcción de derecho que otorga a sus ciudadanos un elevado nivel de protección y supone un espacio de libertades que constituyen un referente para muchos pueblos del mundo. Los españoles tienen periódicamente numerosas pruebas de cómo su democracia se ha visto respaldada por la UE y sus derechos esenciales han sido elevados por las directivas comunitarias y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
La primera deficiencia del pasado Consejo Europeo deriva precisamente de la falta de una respuesta contundente al deterioro del Estado de derecho que se está registrando en determinados países, principalmente Polonia y Hungría. A la vista de los abusos que se han producido en estos países, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea habían pedido vincular la concesión de los fondos presupuestarios al cumplimiento del Estado de derecho. Las conclusiones de la reunión de julio en este terreno fueron, no obstante, muy tibias y ambiguas, con el propósito de que fueran aceptadas por los líderes polaco y húngaro. La resolución del Parlamento 48 horas después de la cumbre fue contundente, al “lamentar profundamente” que el “Consejo Europeo debilitara significativamente los esfuerzos de la Comisión y del Parlamento para mantener el Estado de derecho, los derechos fundamentales y la democracia en el MFP marco financiero plurianual (MFP) y en el instrumento de recuperación de la Unión Europea”.
La posición del Parlamento, defendida con determinación por su presidente, David Sassoli, no es una cuestión retórica. Estamos ante una batalla relevante que no ha hecho más que empezar. El mantenimiento del Estado de derecho inquieta a todas las instancias europeas. El asunto no afecta solo a las violaciones registradas en Polonia y Hungría. Preocupan especialmente las operaciones de control de los medios de comunicación, con la consecuente pérdida de libertad de expresión y de derecho a la información que se consideran esenciales para el mantenimiento de la democracia, según diversas fuentes comunitarias. En esta materia, el papel del Parlamento Europeo será determinante. Tal como ha advertido su presidente, “somos autoridad presupuestaria y tendremos la última palabra”.
Las violaciones al Estado de derecho en Hungría y Polonia se quedan sin castigo
La resolución de los eurodiputados puso el dedo en la llaga al señalar otras importantes deficiencias de Consejo Europeo. En primer lugar, Europa dispondrá de menos dinero: “A partir de 2024 el presupuesto de la Unión en su conjunto será inferior a los niveles de 2020, lo que pone en peligro los compromisos y las prioridades de la Unión, en especial el Pacto Verde y la Agenda Digital”, reza la resolución.
En segundo lugar, aumentan los descuentos (los llamados cheques) a la contribución al Presupuesto europeo. Los beneficiarios han sido Alemania (3.671 millones de euros) y los autodenominados países frugales: Holanda, (1.921); Suecia, (1.069); Austria, (565) y Dinamarca (377). En total, 7.603 millones de euros anuales.
El aumento de las tensiones nacionalistas es otro de los problemas de fondo de la Unión. Los líderes y los medios de comunicación destacan el dinero que cada país se lleva a su casa como el verdadero resultado de la negociación presupuestaria, sin tener en cuenta que todo ello ha sido a costa de reducir los fondos para las políticas comunitarias. Por ejemplo, en el caso de España, muchos analistas han subrayado como un éxito que nuestro país reciba un total de 140.000 millones de euros, sin prestar atención a su distribución, a las condiciones ni al impacto real que tendrá la significativa reducción de las políticas comunes.
Relajación presupuestaria
Esta reducción de fondos comunes para políticas europeas ha sido puesta de relieve por Grégory Claeys y Simone Tagliapietra, investigadores del instituto de investigación Bruegel. En este sentido, han señalado con preocupación la drástica reducción registrada por el Fondo de Transición Justa (FTJ) para el que la Comisión Europea había previsto 40.000 millones y que el Consejo Europeo redujo a 17.500 millones. Este fondo tiene como objetivo facilitar la diversificación y reconversión económica que exigirán las necesarias transformaciones medioambientales y digitales. Una parte estaba destinada a fomentar las políticas de salud, la investigación y la cooperación internacional.
Las cifras del acuerdo
12,1%: Según Eurostat, la economía europea se contrajo el 12,1% debido a la crisis del coronavirus 7.603 millones de euros anuales descontados a los países 'frugales' de la contribución al Presupuesto europeo 24.700 millones de euros recortados del plan de inversiones del nuevo fondo europeo
El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, durante la cumbre europea de julio. Foto: Comisión Europea
También es lamentable el recorte aplicado al plan de inversiones del nuevo fondo europeo, para el que se habían previsto 30.300 millones y que se ha reducido a 5.600 millones. Para compensar estos recortes, Claeys y Tagliapietra apuntan a la posibilidad de potenciar la capacidad de financiación del Banco Europeo de Inversiones (BEI) desde su nivel actual de 450.000 millones de euros hasta 600.000 millones.
No deja de ser paradójico que casi todos los acuerdos alcanzados implican un mayor endeudamiento y al mismo tiempo se recortan los recursos disponibles del Presupuesto de los próximos siete años, que quedará en 1,074 billones. Sumar esta cifra a los 750.000 millones del fondo Next Generation para lograr la elocuente cifra de 1,8 billones de euros no es la forma más rigurosa de contar con los recursos realmente disponibles. En cualquier caso, Europa está resolviendo la crisis actual trasladando una voluminosa deuda a las próximas generaciones.
A primeros de agosto, el vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Estabilidad y Servicios Financieros, Valdis Dombrovskis, anunció la moratoria en la aplicación de las reglas presupuestarias acordada en marzo hasta 2022. Esto significa que los Estados podrán hacer sus presupuestos de 2021 sin tener que ajustarse a los límites de déficit y deuda pública. La Comisión quiere evitar incurrir en el grave error de la crisis de 2008, cuando las políticas de austeridad provocaron una recaída de la economía en muchos países.
El relajo de las reglas presupuestarias es un claro reflejo de la profundidad de la crisis en la que se adentra la Unión Europea. Aunque el origen inicial de esta crisis es muy distinto al de la financiera de 2008, el resultado puede conducir también a aumentar las diferencias entre Estados. La tasa de desempleo, sin tener en cuenta los ERTE, se elevó el pasado junio en España hasta el 15,6%, mientras que en Alemania, Francia e Italia se mantuvo en el 4,2%, el 7,7% y el 8,8% respectivamente. Mantener el empleo en cada país debería ser una prioridad común.
