Venezuela, al borde del naufragio

Crisis: Las reservas de petróleo no evitan las penurias cotidianas de la población. La base industrial no sobrevivió a las nacionalizaciones de principios de siglo.

Cola en un supermercado en Mérida, al oeste del país. FOTO:  Piccaya/123RF

Tres años después de la muerte de Hugo Chávez, que llegó al poder en 1999, la República bolivariana de Venezuela se hunde en una crisis no sólo política y económica, sino también humanitaria. Para su sucesor, Nicolás Maduro, cada uno de ellos se ha sucedido de forma muy parecida: entre penurias, protestas y represión. Pero el hecho de que un país dotado de una de las más importantes reservas mundiales de crudo, por delante de Arabia Saudí, no logre alimentar a una población de 31 millones de habitantes despierta perplejidad. La caída del precio del petróleo, que perdió dos tercios de su valor entre mediados de 2014 y finales de 2015, tensa la balanza de pagos y el tipo de cambio de un país cuyos ingresos por exportaciones proceden de los hidrocarburos en un 96%. Puede, además, poner en riesgo la capacidad de cumplir con los compromisos financieros internacionales. Sin embargo, no explica que los supermercados y las farmacias permanezcan vacíos.

La escasez generalizada de productos básicos revela todo lo que los años del boom petrolero enmascaraban: la industria local ha desaparecido, lo mismo que antes que con ella había ocurrido con la agricultura. Los productos básicos que se consumen son, en esencia, de importación, y los precios de productos no subvencionados son aberrantes por una razón tan simple como la de que no existe alternativa local a los bienes importados. 

RETROCESO DE LA INVERSIÓN

La base industrial autóctona  resultó muy debilitada por la década perdida de los ochenta y por los planes de austeridad de los noventa, y no sobrevivió a las nacionalizaciones masivas de la primera década del siglo. La inversión industrial retrocedió un 20% entre 1998 y 2010,  pese a que ya partía de un nivel muy bajo, mientras los capitales extranjeros y locales huían del país. Hoy, los productos no petrolíferos del país, que  generaban un tercio de sus ingresos durante los noventa, no existen. Peor aún, la riqueza petrolera no se ha desarrollado: con una producción a la baja en un 25% (en volumen) en comparación con el nivel de 1998, las infraestructuras se han dejado deteriorar y el esfuerzo de exploración no basta para impedir el declive en la extracción.

Y el petróleo es clave. Asegura el 60% de ingresos al Estado y ha permitido financiar los gastos sociales que cimentaron la popularidad de Hugo Chávez. El gasto público primario del Estado (sin intereses sobre la deuda) pasó de representar el 22% del producto interior bruto (PIB) antes del chavismo al 37% en 2012. Estas cifras no incluyen cuestiones clave como las subvenciones al precio de la gasolina o la financiación de ciertos programas sociales. 

MEJORAS SOCIALES

Las llamadas “misiones sociales” que se crearon por consejo de Fidel Castro, ofrecieron a la población un acceso amplio a la educación y a los servicios sanitarios, así como viviendas y alimentos subvencionados. Es difícil medir el impacto real de estos programas sobre la pobreza, pero está claro que contribuyeron a l apoyo de las clases populares al régimen de Chávez. A sus reelecciones sucesivas les siguió un auge del consumo que, sin embargo, no permitió poner en marcha una dinánimca de crecimiento duradera. La actividad se aceleró entre 2004 y 2008. La inversión productiva, no obstante, no siguió el mismo ritmo, sino que fueron las importaciones las que sí se dispararon: su volumen se multiplicó  por cuatro. 

Mientras el maná petrolero aumentara con los precios del crudo, el carácter desequilibrado del crecimiento no tendría incidencia en los equilibrios financieros del país. 

Después de la crisis global de 2008, se produce un primer crash del precio del crudo, pero se estabiliza a un nivel todavía elevado de 70 dólares, y luego de 100 dólares el barril, aunque los ingresos públicos del país, que caen en 10 puntos del PIB en los años 2009-2010, no volverán a encontrar desde entonces sus niveles previos a la crisis. En primer lugar, porque, ante la falta de inversión, la extracción de petróleo va de baja. Además, porque para contener el alza de los precios de los productos de consumo, casi todos ellos importados, el Gobierno difiere la devaluación de la moneda, lo cual reduce el valor en moneda local de su renta petrolera. Como resultado, el déficit público pasa del 9% al 14% del PIB entre 2010 y 2012, cuando el precio del petróleo seguía en 100 dólares el barril. 

Con una inflación del 30%, la erosión del poder de compra de los ingresos petroleros en moneda local no podían más que desequilibrar las finanzas públicas. Por otro lado, una devaluación consecuente era ya políticamente difícil de asumir vistas sus repercusiones sobre los precios  al consumo y sobre el poder de compra de la población. Para conciliar ambas cuestiones contrarias, la Administración de Chávez introdujo en 2010 un sistema de cambios múltiples, con un tipo de cambio bajo (sobrevalorado) para las importaciones de productos básicos, y un tipo elevado (más realista) para el resto de bienes, lo cual suponía devaluar parcialmente la moneda nacional. Esta política permitió reordenar los ingresos fiscales, pero no bastó para frenar la deriva que llevaban las cuentas públicas.

DILEMAS Y ELECCIONES

A medida que se acercaba la elección presidencial de 2012, el Gobierno prefirió gastar el aumento de ingresos fiscales antes que sanear las finanzas públicas, cuando el déficit estaba por encima del 10% del PIB. Era un déficit financiado por la venta de activos internacionales como las refinerías propiedad de  la compañía petrolera pública PDVSA, la desviación presupuestaria de las reservas en divisas del banco central y la emisión de moneda. A todo ello se sumaron los préstamos aceptados por China, pagados con petróleo barato al igual que la ayuda médica cubana, otra vía de sangrar el valor de la renta petrolera del país.

Una vez Chávez resultó reelegido en octubre de 2012, esta política de huida hacia adelante fue sancionada en febrero de 2013 con una segunda devaluación del 50% del tipo oficial del bolívar. La creación de un tercer tipo de cambio acentuaría aún más el shock: 30 veces más elevado que el nuevo tipo oficial, iba a afectar a todas las operaciones autorizadas en divisisas. 

La inflación prevista para el conjunto de este año es del 720%

La caída del precio del petróleo no explica los supermercados vacíos

Los tipos de cambio múltiples no fueron una buena elección

Con un salario mínimo de 5.600 bolívares al mes, un ciudadano venezolano no podía alimentarse si los productos debían comprarse a precio de oro. Pero la práctica de los tipos múltiples incita a la corrupción: para quien tiene acceso a tipos subvencionados a la importación, la tentación de revender en el mercado negro las divisas adquiridas a un tipo 75 o hasta 150 veces más elevado es grande. O también la de elaborar facturas falsas y engañar a la Administración. La demanda de divisas exacerba la anticipación de devaluación y, con ello, un nueva ola de demanda de divisas.

Pese a las amenazas de expropiación de las empresas que osaran elevar sus precios, la espiral hiperinflacionaista no cesa: 60% de inflación en 2013, 180% en 2015 y 720% (18% al mes) previsto en 2016.

Bajo el efecto del hundimiento de los salarios reales, la economía entró en recesión en 2014, antes incluso de la caída del precio del barril, que transformó la recesión en depresión: el PIB reculó el 15% entre 2014 y 2016. A finales de 2015, el PIB por habitante volvió a su nivel de 1998, y el valor de las exportaciones de petróleo (35.000 millones de dólares) suponía una cuarta parte de la deuda pública oficial de 128.000 millones de dólares, y eso sin tener en cuenta la deuda de PDVSA,  otros 46.000 millones.

Al  borde de la quiebra financiera, la Administración de Maduro optó por otra huida hacia adelante en el plano político y económico. En diciembre de 2015, esquivó al Legislativo, gobernó por decreto y bloqueó cualquier intento de reforma. 

En mayo pasado, la presión de la calle hizo que el régimen proclamara el estado de emergencia, no pactado con el Parlamento como requiere la Constitución. El movimiento rompió un último lazo que ligaba al país a un Estado de Derecho.