Comienza la desaceleración
La crisis catalana, la moderación del ciclo económico alcista y la incapacidad del Gobierno para aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2018 ralentizan la recuperación de la economía española.
Las firmas de análisis comenzaron a rebajar sus previsiones de crecimiento del producto interior bruto (PIB) español a mediados de año al advertir las primeras las señales de lentificación de la actividad, y se disponen a hacerlo de nuevo ante el agravamiento de la situación en Catalunya. En el plan presupuestario enviado a Bruselas el 17 de octubre, el propio Ejecutivo de Mariano Rajoy prevé que la economía española ralentice su ritmo de avance hasta el 2,3% en 2018, tres décimas menos de lo calculado anteriormente y ocho décimas menos que en 2017.
El Gobierno atribuye el menor crecimiento a la moderación del ciclo económico y a la contención de la demanda interna, “resultado del impacto negativo derivado de la incertidumbre asociada a la actual situación política en Catalunya”. La rebaja en las previsiones es relevante, pero está lejos del mensaje alarmista enviado días antes por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, quien llegó a hablar del riesgo de recesión en Catalunya. El horizonte no parece tan oscuro, al menos por el momento, teniendo en cuenta que el nuevo objetivo de déficit presupuestario para 2018 es del 2,3%, sólo una décima superior al anunciado previamente.
La Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas) vaticinaba a mediados de septiembre un crecimiento del PIB del 3,1% para este año y del 2,7% para el que viene, sin cambios con respecto a sus previsiones anteriores, pero sus economistas avisan de que revisarán a la baja sus cálculos si persiste la inestabilidad política en Catalunya. De prolongarse el impasse, advierten, la situación terminaría afectando a la prima de riesgo de España y aumentaría la carga financiera tanto del sector público como del privado.
Además del traslado de la sede social de cientos de empresas, la crisis catalana ha provocado ya una caída de las reservas turísticas, un frenazo en las grandes operaciones inmobiliarias y una sensación de incertidumbre entre los inversores extranjeros. En su informe España como oportunidad de inversión, la consultora Kreab señala que el 55% de los inversores internacionales descartan la posibilidad de invertir en Catalunya mientras continúe la incertidumbre. Elaborado a partir de una encuesta a empresas y fondos con presencia en el mercado español, el informe refleja que el 10% de los inversores tampoco tendrá en cuenta al resto de España a la hora de planear sus inversiones, mientras que un 15% piensa reducir ligeramente sus actuales posiciones en el país.
Más allá del daño de la crisis catalana, la economía española llevaba tiempo dando señales de desaceleración. El principal responsable del cambio de tendencia es el consumo privado, que, según las previsiones del Gobierno, se irá frenando hacia una tasa del 1,8% en 2018 desde el 2,5% actual, según las previsiones. El consumo sigue apoyándose en la mejora del empleo, pero pierde fuerza porque ya ha aflorado la mayor parte de la demanda embalsada durante la crisis y porque la tasa de ahorro ha vuelto a caer a niveles de 2008. El plan presupuestario enviado a Bruselas calcula que la creación de empleo también se lentificará, desde un ritmo del 2,9% este año al 2,4% el que viene. La tasa de paro, según los nuevos cálculos oficiales, cerrará el presente ejercicio en el 17,2% de la población activa, 2,5 puntos menos que en 2016, para caer otros dos puntos en 2018, hasta el 15,5%.
La disminución de la confianza de los empresarios es otro indicio de que la economía española pierde fuelle. El Indicador de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA) cayó un 1,1% en el cuarto trimestre con respecto al período anterior, su primer descenso tras seis trimestres consecutivos de subidas. El indicador, que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE), cayó aún más en Catalunya (el 2,2%), comunidad en la que todos los sectores de actividad muestran un empeoramiento de la confianza empresarial, especialmente la hostelería y el transporte, seguidos por la industria, la construcción, el comercio y los servicios.
En su comunicación a Bruselas, el Gobierno menciona “la ausencia de un instrumento básico de política económica como son los Presupuestos Generales del Estado” a la hora de justificar la pérdida de fuelle. El Ejecutivo insiste en que la elaboración de las cuentas públicas está en una fase “muy avanzada” y que los presentará “en cuanto la situación política lo permita”.
