El consumo no remonta en España
Doctor en Ciencias Económicas y consejero delegado de Inurrieta Consultoría Integral
La política de deflación salarial está afectando especialmente a las rentas más bajas.
La economía española se caracteriza por ser una economía de consumo, y no de producción. De ahí que el peso del consumo de los hogares en el producto interior bruto (PIB) sea tan alto, más del 65%, a diferencia, por ejemplo, de Alemania. Por ello, todo lo que distorsione o reduzca el gasto en consumo afectará de forma significativa al PIB nacional.
Los datos de consumo que se han ido conociendo, a la espera de la Encuesta de Presupuestos Familiares de 2013 que se publica en enero de 2014, muestran que el pulso de los hogares y empresas españolas está bajo mínimos.
La campaña de Navidad, con las primeras cifras, corrobora que el efecto de la política de deflación salarial y caída deliberada del consumo privado ha tenido gran éxito.
En teoría, el consumo depende de una serie de variables que sirven para modificar su evolución desde la política económica. Estas variables son la renta disponible, los salarios netos después de impuestos y tasas, los tipos de interés, que explican la compra de bienes duraderos a crédito, y la riqueza, que mide el atesoramiento y el valor de bienes de inversión y la cartera de activos financieros que las familias van adquiriendo a lo largo del ciclo vital. La dirección de causalidad es clara. Cuanto mayor sea la renta disponible, mayor será el gasto en consumo.
En el caso de los tipos de interés, la correlación es inversa: cuanto menores son los tipos de interés, más disponibilidad al consumo hay. Por último, la riqueza y el consumo tienen correlación positiva; es decir, el crecimiento de la riqueza genera mayor consumo.
La evolución de estas variables se ve afectada por decisiones de política económica interna, como son la política tributaria y las modificaciones de salarios públicos, lo cual condiciona la negociación colectiva privada.
Esta deriva salarial y fiscal es lo que ha marcado la evolución del consumo desde que se aprobaron las subidas de impuestos y, especialmente, la reforma laboral. Esta ha cambiado de forma estructural, que no coyuntural, las relaciones laborales entre empresarios y trabajadores. En estos momentos, la pérdida del derecho a la negociación colectiva de casi el 60% de los trabajadores ha posibilitado que ahora los salarios se fijen por negociación individual entre las partes, lo cual ha arrojado un descenso considerable, incluso mayor que el que muestran las malas estadísticas de salarios que existen en España.
Si analizamos las series del coste laboral por trabajador, ajustado por estacionalidad y calendario, podemos observar cómo el punto de inflexión se produce cuando se aprueba la Reforma Laboral, como se aprecia en el gráfico. Justamente a partir del primer trimestre de 2012 los salarios, principal componente del coste laboral del trabajador, comienzan a descender y alcanzan, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), un máximo de caída del 3,9% anual a finales de 2012.
Desde 2011, el poder adquisitivo ha caído un 30%
A partir de esa fecha, el descenso se ha moderado, aunque prosigue la tendencia, lo cual sin duda ha lastrado el consumo privado a lo largo de 2013 y continuará haciéndolo en los próximos dos o tres años. Si juntamos el descenso salarial con el incremento de impuestos, no solo el IVA y el IRPF, sino también los impuestos municipales, el alza de precios de productos básicos y el copago de servicios, que antes no existía, se puede decir que la pérdida de poder adquisitivo del hogar mediano en España ronda el 30% acumulado desde 2011.
La pregunta clave es a quién perjudica más esta reducción de la renta disponible. La evidencia empírica nos muestra que las rentas medias y bajas son las más afectadas por esta reducción de renta disponible, ya que su propensión al consumo es mayor: se consume casi el 0,9% de cada euro adicional, frente al 0,65% en el caso de las rentas altas. Por tanto, se puede decir que los efectos sobre el PIB de la reducción de renta disponible en las rentas medias y bajas tienen un impacto de 0,6 puntos porcentuales por cada punto de caída de la renta disponible.
En resumen, el consumo privado y el PIB están lastrados por las políticas públicas de deflación de la economía española, lo cual está afectando especialmente a los percentiles de renta más bajos y tiene carácter estructural, tras la aprobación de la Reforma Laboral.
