El pacto de París y el dinero en renovables
El Acuerdo de París contra el Cambio Climático, cerrado en 2015, lanzó una señal a los inversores sobre dónde tenían que dirigir su dinero. Sin embargo, el año siguiente, 2016, las inversiones en energías limpias recularon un 18%.
El año en que se celebró la Conferencia de París —donde gobiernos de todo el mundo pactaron contener el aumento de la temperatura media del planeta “muy por debajo” de los 2 ºC con respecto a los niveles preindustriales, y esforzarse para limitar los esfuerzos para limitar ese incremento en 1,5 ºC –fue un momento de inversiones récord en renovables: 349.000 millones de dólares, según Bloomberg New Energy Finance (BNEF).
Un año más tarde, los datos de BNEF arrojan una cifra de 287.500 millones de dólares, o 62.000 millones menos.
Una primera explicación al retroceso se explica por parte de los expertos de Bloomberg debido a que el precio de los equipos, sobre todo los de energía solar fotovoltaica, siguen cayendo.
Mucho dependerá de lo que hagan los nuevos mercados, en especial en China, el país más contaminante del mundo y el que más invierte en energía verde. En 2016, se redujo un 26% el dinero invertido, hasta los 87.800 millones de dólares.
La Unión Europea lideró con claridad el reto de la transición energética, pero, desde 2013, ya no es así; primero la avanzó China y después, los EE UU de Barack Obama. En París, por primera vez se implicó en un acuerdo global a estas dos potencias, sin las que es complicado cualquier avance.
La arquitectura del acuerdo dificulta una retirada unilateral de Estados Unidos, al menos hasta 2019, pero el nuevo inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, ya ha dado señales inequívocas de sus prioridades. Ha optado, por ejemplo, por eliminar el requisito de que las agencias del Gobierno federal tengan en cuenta el impacto del cambio climático en su toma de decisiones. Y ha criticado las “regulaciones devastadoras” en materia medioambiental que afectan al empleo en el carbón.
Europa hace aspavientos ante las actitudes de Trump. Pero el discurso de Bruselas sobre una recuperación del liderazgo mundial en energías verdes patina. Según la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA, en sus siglas en inglés), “el crecimiento de la capacidad renovable en Europa permanece deprimido. Más de la mitad de los países europeos reportan ninguna o escasa expansión en 2016”, apunta la IRENA el 30 de marzo.
A finales de noviembre, la Comisión Europea presentó un paquete de propuestas —bautizado como “paquete de invierno”— sobre distintas políticas necesarias para cumplir con el acuerdo de París. Numerosas organizaciones que trabajan en favor de las energías limpias, junto a organizaciones ecologistas (Fundación Renovables, Amigos de la Tierra, Greenpeace, además del sector reunido en APPA) se muestran “decepcionadas” por la “falta de ambición” de Bruselas.
El punto más criticado es el objetivo de lograr un mínimo del 27% del consumo total de energías limpias de cara al año 2030, una meta que consideran “insuficiente”. En la anterior directiva, el salto propuesto entre 2007 y 2020 era del 6% al 20% (aún no estamos ahí). El objetivo es europeo. Han desaparecido, además, los compromisos por países.
La Fundación Renovables cree que la Comisión Eruopea podría utilizar instrumentos como los fondos estructurales y de inversión como palancas para dar prioridad a la transición energética, un uso que “echa en falta”.
El “paquete de invierno” contiene medidas positivas como un objetivo de eficiencia energética del 30%, la defensa de la seguridad jurídica (tras la eliminación con carácter retroactivo de las primas a las renovables en España, que ha causado pérdidas, según la asociación de productores APPA, de 2.000 millones de euros y un parón inversor casi total) y la defensa de autoconsumo.
Sin embargo, la propuesta de Bruselas, que debe pasar por el Parlamento y el Consejo, limita el vertido a la red de lo que se produzca a 10 MWh anuales en el sector doméstico, y a 500 MWh anuales para las empresas. Greenpeace critica el tope que se impone a la potencia instalada (18 MW), que afecta a las cooperativas de energía.
Se mantienen los pagos por capacidad, que pueden ser subvenciones por la puerta de atrás a las centrales contaminantes de carbón y gas. Además, propone que las renovables dejen de tener prioridad frente a las otras tecnologías en el acceso a las redes.
En la década 2005-2015, la inversión europea en renovables alcanzó una media de 60.000 millones de euros anuales (con la punta de 2011, de 123.000 millones). La propuesta de directiva prevé ahora que entre 2021 y 2030, la inversión anual se quede en 25.000 millones. La Agencia Internacional de las Energías Renovables estima que, para cumplir con el mandato de París, hará falta duplicar la instalación de fuentes limpias en los próximos quince años y una inversión anual de 900.000 millones de dólares en 2030.
