El paro crónico necesita un plan

  • Septiembre 2018

    Cuanto más dura la recuperación económica, más se cronifica el paro. Sin embargo, la desprotección ha aumentado. Hace falta revisar todo el sistema. 

    España entró en la crisis con un sistema sólido de protección del desempleo, pero no estaba preparada para una bolsa de personas en paro de larga duración nutrida y persistente en el tiempo. Aún hoy, pese al descenso del paro desde el récord del 26,9% en 2013, la tasa de  desempleo duplica la del año 2007, y 1,78 millones personas llevan más de un año sin trabajar (1,2 millones de ellas, más de dos).

    Ante la proporción del problema, el Gobierno de Zapatero primero y el Ejecutivo de Rajoy después inventaron  ayudas extra para no dejar sin nada a quienes hubieran agotado prestación y subsidio. De ahí nacieron los planes PREPARA y Plan de Activación de Empleo (PAE), que se han ido renovando como parches. Estas ayudas temporales, extinguidas el pasado 30 de abril, han estado condicionadas a que el nivel de paro se mantuviera por encima del 15%. Ahora roza el listón, con un 15,28%.

    Los agujeros en esta red de  protección de última instancia se fueron agrandando bajo el mandato del PP: entre 2011 y 2017 la proporción de personas en paro cubierta por una ayuda reculó desde el 79% al 56%. Y eso a pesar de que, en paralelo, fue  menguando el dinero destinado a políticas activas. 

    He aquí algunos recortes de las ayudas a los parados que impuso el anterior Gobierno a partir de 2012: el subsidio para personas desempleadas que se percibía a partir de los 52 años, y que cotiza para la pensión de jubilación, se elevó a los 55 años. Además, la base de cotización, que era del 125% del salario mínimo, disminuyó al 100% de este. Otra vuelta de tuerca consistió en obligar a jubilarse a los parados que percibieran la ayuda cuando cumplieran los 61, sin esperar a la edad legal del retiro. Según CC OO, suponía un recorte de hasta el 22% en la pensión. 

    Antes del verano, el Tribunal Constitucional (TC) tumbó, además, la manera en que el anterior Gobierno calculaba quién tenía derecho al subsidio para mayores de 55: en lugar de estimar si sus ingresos individuales alcanzaban el 75% del salario mínimo, pasaban a computar las rentas familiares (contaban los ingresos de la cónyuge, por ejemplo), lo que restringió la cifra de beneficiarios. EL TC anuló esta restricción a unas ayudas que el mismo Constitucional había dejado claro que son competencia de las comunidades autónomas, al estar ligadas a las políticas activas de empleo. 

    En vista al fin de la vigencia de las ayudas en abril pasado, que dejaba colgadas a decenas de miles de personas, el Ejecutivo del PP anunció la fusión de tres programas: los mencionados PREPARA, PAE y las Rentas Activa de Inserción (RMI). La fusión es vista como algo lógico por la entonces oposición y los sindicatos. El problema era el cómo. 

    Tanto CC OO como UGT habían hecho cálculos sobre el impacto de la fusión que se previó: tres de cada cuatro salían perdiendo, según el primer sindicato; y el 59% según el segundo. “Era una línea roja que no se podía cruzar. Era un recorte de situaciones”, valora Mari Carmen Barrera, secretaria de Políticas Sociales de UGT. Un grupo de Gobiernos autonómicos contrapropusieron, en sintonía con los sindicatos, una ayuda alternativa. Entonces tuvo lugar la moción de censura, y el Ejecutivo cambió.

    La nueva ministra de Empleo, Magdalena Valerio, ha llevado al Consejo de ministros un ajuste, con un coste de 50 millones, para evitar que casi 42.000 personas con responsabilidades familiares que habían visto suspendida la ayuda la pierdan. Valerio también ha anunciado que se restablecerá el subsidio para parados a partir de los 52. 

    Sin embargo, los sindicatos exigen cambios estructurales, que pasan por integrar en el sistema un programa permanente, estable, para situaciones dramáticas como el paro de larga duración, junto con políticas activas e itinerarios personalizados para la inserción. “Muchas personas han terminado de forma impropia bajo el amparo de los servicios sociales, que acaban cubriendo un espacio que, de hecho, no les corresponde”, señala al respecto Toni Ferrer, secretario de Empleo y Relaciones Laborales del PSOE. 

    El bucle de desánimo se refleja en una creciente población inactiva que ha tirado la toalla.  Y más a partir de cierta edad. Según UGT, la cifra de parados de más de 55 años aumentó un 293% en los últimos 10 años.

    Se da la circunstancia de que el sistema de protección del desempleo, que era deficitario, alcanzó en 2017 un superávit de 2.350 millones de euros.

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