¿Fin de ciclo?
La recuperación del empleo ha sido notable, pero el contexto inflacionista y las respuestas ortodoxas que se apuntan pueden precipitar una etapa recesiva.
Las estadísticas españolas muestran una recuperación espectacular del empleo tras la crisis de la covid. Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo semestre de 2022 no solo representan las mejores cifras de empleo y paro de los últimos años; también muestran una notable inflexión por lo que respecta al empleo temporal.
La rápida recuperación de la actividad era bastante probable, dada las circunstancias que habían provocado la recesión. La crisis de 2020 fue provocada por la decisión política de parar la actividad económica para eludir el impacto de una crisis sanitaria de imprevisibles consecuencias. La economía quedó congelada, pero no se produjo la oleada de crisis empresariales típica de las recesiones en el capitalismo. La aplicación de políticas de protección del empleo y la actividad (ERTE, ayudas a las empresas, gasto público expansivo) facilitó la recuperación.
El impacto a corto plazo es otra devaluación salarial
Pero estas buenas cifras no permiten alejar los malos augurios. La vuelta de la inflación de dos dígitos constituye una mala noticia. Pero es una realidad que no puede achacarse a la guerra de Ucrania, puesto que la nueva fase inflacionaria ya se había iniciado el verano pasado. En todo caso, la guerra no ha hecho más que reforzar una tendencia anterior. En el origen, está el alza de los combustibles fósiles y la posterior de los alimentos. También el crecimiento de los márgenes empresariales favorecidos en algunos casos por los modelos de fijación de precios (en el caso eléctrico) y reforzados por los especulativos mercados financieros. Puede que la crisis climática y la crisis energética tengan algo que ver con estas alzas, pero también el predominio de mercados oligopólicos. El impacto a corto plazo es una nueva devaluación salarial, que se suma a la que tuvo lugar al calor de las políticas de austeridad. La inflación actual genera una sensación de agravio en muchos sectores y favorece la proliferación de demandas particulares y tensiones sociales.
Ajuste a la vista
En este contexto, hay diversas posibilidades de que se genere un ciclo recesivo, tanto por una caída de las inversiones privadas, a causa de la mayor incertidumbre, como por el recrudecimiento de políticas antiinflacionistas. La política monetaria restrictiva (básicamente, el aumento de los tipos de interés) es la principal opción que consideran las mayores organizaciones internacionales. La política monetaria restrictiva frena la actividad económica, puede generar una nueva crisis de deuda y acabar justificando la adopción de nuevas políticas de ajuste de incalculables consecuencias.
Existe también el peligro de que el malestar generalizado que genera la inflación se traduzca en un cambio político que posibilite el ascenso de las derechas. En nuestro país, se traduciría tanto en nuevos recortes a los servicios públicos como en la demolición de las moderadas reformas sociales de la actual legislatura. La economía española es muy vulnerable, especialmente por su elevada dependencia del turismo y su necesidad de importación de suministros básicos (energéticos, soja y maíz, etc.). Y cualquier recesión exterior puede tener un fuerte impacto.
Más desigualdades
En el actual contexto de políticas económicas, los economistas ortodoxos esperan que la inflación se suavice por la moderación salarial. O sea, un nuevo aumento de las desigualdades y un deterioro de las condiciones de vida de mucha gente. La única forma de evitarlo sería una intervención en la fijación de precios que frenara el auge de los márgenes empresariales. Pero esto está fuera del campo de visión de la economía convencional, a pesar que la experiencia de las tarifas eléctricas muestra que se trata de una vía efectiva. La intervención de precios tiene también sus riesgos si se hace de forma doctrinaria y sin criterios. Pero las economías actuales, dominadas por oligopolios y reguladas por numerosas normas institucionales, no tienen nada que ver con los mercados competitivos de los libros de texto y obligan a considerar en serio la intervención pública en los sistemas de fijación de precios.
Por otra parte, si detrás de las alzas de precios subyace la crisis energética y climática, todo apunta que la única vía eficaz de respuesta pasa por iniciar transformaciones profundas de las reglas del juego económico y la organización social.
