La deuda aleja a España de la UE

  • Por (Director)
    Mayo 2016

    El aumento de la deuda pública española se ha convertido en un problema grave.

    Evolución de la deuda pública en la UE, zona euro y España
    En porcentaje del PIB

    Los sacrificios que han soportado los ciudadanos a consecuencia de las políticas de austeridad implantadas por el Gobierno de Rajoy, siguiendo las directrices de la UE, no han servido para restaurar las cuentas públicas. Todo lo contrario. En algunos aspectos, como el de la deuda pública, España ha registrado el nivel de endeudamiento más elevado desde 1909. A finales del primer trimestre de 2016 alcanzó 1,095 billones de euros, lo cual superó el volumen del producto interior bruto (PIB).

    Una de las consecuencias más inquietantes de esta situación es que España se aleja sostenidamente de sus socios europeos con un endeudamiento cada vez mayor. Durante la última legislatura (2011-2015), la deuda pública española aumentó en 329.000 millones de euros, lo cual representa un incremento del 44%. Se trata de un ritmo de crecimiento que casi triplica el europeo, que durante el mismo período fue del 17%.

    España incumple todos los compromisos europeos presupuestarios y los suyos propios en esta materia. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento fijó un límite máximo de deuda pública del 60% del PIB, que España tardará décadas en cumplir. En 2012, el Pacto Fiscal Europeo, denominado Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de la Unión Económica y Monetaria, estableció que los países que superaran el 60%  deberían reducir el exceso en una vigésima parte cada año. El Gobierno ha caminado en sentido contrario. Rajoy también ha incumplido la ley de Estabilidad y Sostenibilidad Financiera, que establece que a partir del momento en que la economía o el empleo crezcan el 2%, la deuda pública tiene que reducirse al menos en dos puntos porcentuales del PIB.

    En los Presupuestos Generales del Estado para 2016, el Ejecutivo fijó un límite de deuda pública del 98,5% para este ejercicio, un objetivo que tampoco podrá cumplir. La financiación de un volumen tan considerable de deuda supone un coste elevado en concepto de intereses, que para este año significaban 33.490 millones de euros, que, a pesar de la  fuerte caída de los tipos de interés, es un incremento del coste del 22% respecto a 2011. Hay que destacar que esta cifra es superior al gasto conjunto por desempleo (19.821 millones), infraestructuras (5.983), investigación y desarrollo (5.793) y acceso a la vivienda (587). El endeudamiento y su coste suponen una importante detracción de recursos que limita las asignaciones a otras actividades importantes para el desarrollo económico.

    El endeudamiento del Estado habría sido mucho más elevado aún si el Gobierno no hubiera dispuesto de 35.000 millones de euros del Fondo de Reserva de las Pensiones. Sin estos recursos, el endeudamiento se aproximaría al 105 % del PIB.

    La deuda pública creció un 44% en la legislatura   

    El alza de tipos podría ser un  riesgo muy alto

    El Gobierno ha contado además con otra muleta importante proporcionada por el Banco Central Europeo (BCE), que además de rebajar los tipos de interés hasta el 0%, ha adquirido 84.478 millones de deuda pública española. El BCE adquirió a  18 países del euro un total de 645.102 millones en su programa de compras, lo cual ha supuesto un importante alivio para estos países. Grecia, también perteneciente al club de la moneda, ha sido excluido del programa por una decisión política, lo cual ha sido considerado por el economista Paul de Grauwe como una medida discriminatoria.

    El fuerte endeudamiento que ha ido asumiendo España ha pasado a veces desapercibido por la existencia de problemas más urgentes como el de la elevada tasa de paro, que llegó a superar el 26% en 2013 y actualmente se encuentra en el 20% de la población activa. El volumen tan elevado de deuda pública representa un riesgo cada vez más serio si se produce un aumento de los tipos de interés en los próximos años, tal como están pronosticando los banqueros centrales. Tiene además un componente muy injusto porque supone trasladar a las futuras generaciones un coste que ellas no han generado. 

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