Más años de trabajo para calcular la pensión
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) propone calcular la cuantía de las pensiones sobre lo cotizado en los últimos 35 años. El Gobierno lo ve "razonable".
El llamado "periodo de cómputo" es el número de años de la vida laboral que se tienen en cuenta para calcular qué pensión se cobra al jubilarse. La cuantía depende de cuánto se haya cotizado en esa recta final previa al retiro, en que tradicionalmente la gente culminaba su desarrollo profesional de la persona, traducido en las mejores condiciones laborales —promoción en la empresa, antigüedad en el puesto de trabajo— y en mayores cotizaciones y pensiones.
Este periodo era de solo dos años hasta 1985. Tras la primera gran reforma de las pensiones, que costó una huelga general, se pasó de dos a ocho años. Este periodo se ha ido ampliando a cada reforma. Los sindicatos firmaron dos acuerdos que lo alargaron: en 1996, de ocho a 15 años, y en 2011, de 15 a 25, mediante una subida gradual que añade un año al año (en 2019 es de 22 años). La reforma no pactada de 2013 lo tocó casi todo, pero no el periodo de cómputo, que llegará a 25 años en 2027.
El anterior Gobierno del Partido Popular sugirió la posibilidad de aumentar el periodo a toda la vida laboral —lo reclaman, entre otros organismos, el Banco de España, como una de las medidas para reforzar la sostenibilidad del sistema y para acercar las pensiones a lo cotizado—, lo que supone incluir periodos más remotos, en los que las condiciones laborales suelen ser peores. Podemos lo consideró "un crimen". La exministra Fátima Báñez planteó poder elegir los mejores años de cotización.
La Airef ha incluido ahora un alargamiento de 25 a 35 años en su propuesta de pensiones. Esta contempla un gasto en relación al PIB del 12,48% de cara a 2048 y, más allá de causas estructurales del déficit de la Seguridad Social, incide en otras coyunturales como el desplome de cotizaciones por la crisis, la devaluación salarial y las bonificaciones de cotizacion. El alargamiento del periodo, en un escenario de 2027, supondría una contención de medio punto porcentual del PIB en 2048 y "mejoraría la contributividad".
Para el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, la medida —junto con otros planteamientos de la Airef, como un retraso en la edad efectiva de jubilación, que ahora no llega a los 63 años, aunque no la legal (67 a partir de 2027)— es "razonable" y no debería producir "efectos negativos". Uno de los argumentos empleados por los partidarios es el entorno: en buena parte de la Unión Europea —como Italia, Alemania, Bélgica, Austria, Polonia y Finlandia— se computa toda la vida laboral. En Francia, los mejores 25 años. Pero no suelen compararse otros aspectos como la tasa de actividad, los salarios y los sistemas de protección.
Los alargamientos del periodo realizados hasta ahora no arrojan un esquema de pérdidas uniforme. El profesor de la Universidad del País Vasco Ignacio Zubiri, en su estudio Las pensiones en España: situación y alternativas de refoma apuntaba en 2016 que el impacto "no se puede determinar con generalidad". Calculaba que "el coste promedio puede ser de hasta un 10% de la pensión, pero hay casos en que la pensión puede incluso aumentar".
El responsable de pensiones de CC OO, Carlos Bravo, incide en que los efectos "no han sido homogéneos": para quienes mantienen su actividad sin cambios en los últimos años de vida laboral, con aumentos salariales equivalentes al IPC, el efecto es neutro. Perjudica a quienes en los últimos años de actividad culminan su carrera con incrementos superiores al IPC. Pero para los mayores de 50 años que son despedidos o sufren una importante rebaja salarial, el efecto es positivo. Este colectivo ha aumentado a partir de la crisis, como se ve en el paro de larga duración de mayores de 45 años. UGT ha reclamado otras soluciones específicas para este colectivo, en lugar de ir por la vía del alargamiento del periodo de cómputo.
"Es cierto que un alargamiento generaría un ahorro, y por eso se propone, pero también supondría cierto efecto redistribuidor. Habría que estudiarlo bien. Pondríamos muchos peros a un alargamiento a toda la vida laboral así, sin más", apunta Bravo. "Otra cosa es que se propusiera alargar a 30 años junto a otras medidas como poder no contabilizar los años de peor cotización".
Los colectivos más perjudicados serían los autónomos, que en un 85% suelen cotizar por la base mínima, y las mujeres, que pese a los avances sociales siguen presentando mayores lagunas de cotización y copan las reducciones de jornada, las excedencias y los contratos a tiempo parcial. A todo ello se suman problemas técnicos para un alargamiento a toda la vida laboral, como la falta de informatización de carreras laborales antes de 1985.
