Una propuesta fiscal para guardar en el cajón
Doctor en Ciencias Económicas y consejero delegado de Inurrieta Consultoría Integral
El informe de los expertos sobre la reforma fiscal sigue una clara filosofía: reducir los impuestos al capital y al ahorro y cargar buena parte de la subida de la recaudación sobre trabajadores y rentas medias y bajas.
La fiscalidad en España no busca la equidad. FOTO: VALDEBEBAS
El proyecto de reforma presentado con una celeridad impropia para un grupo de expertos verdaderamente independiente, adolece, como la mayoría de aproximaciones de este tipo, de un grave déficit. Es que las estimaciones sobre su impacto en la recaudación, en la eficiencia y en la equidad, no son creíbles. Suelen sobrestimar sus efectos, dada la dificultad de modelizar el comportamiento humano ante cambios en tipos impositivos o eliminación de alguna deducción o bonificación.
El sistema fiscal español adolece de graves problemas que acrecientan las diferencias sociales y económicas, al tiempo que mantiene un nivel de complejidad incompatible con una economía moderna. Estos y otros problemas se dejan notar en las encuestas, que también revelan el espejismo de las percepciones en España sobre la fiscalidad. El 68% de los contribuyentes considera que la presión fiscal es demasiado elevada. Si medimos la presión fiscal como la ratio de ingresos fiscales sobre el PIB (incluidas las cotizaciones fiscales), España está a la cola de los principales países de nuestro entorno. Así, a finales de 2012, la ratio era del 32,4% sobre el PIB, por debajo de Portugal, Polonia, Grecia, Reino Unido y Alemania. El sistema fiscal español debe mejorar en simplicidad, insuficiencia recaudatoria y equidad.
La fiscalidad en España no busca la equidad
Las posibilidades en cuanto a simplicidad son enormes. El modelo es, cierto, muy farragoso, lleno de deducciones impuestas por lobbies, en muchos casos ineficientes y que benefician a los contribuyentes con mayores bases imponibles. En el caso del IRPF, con casos llamativos como la desgravación por compra de vivienda o por planes de pensiones. Aunque corregidas, ambas desgravaciones suponen todavía un gasto fiscal desmesurado para el efecto final que se logra, y tienen elementos regresivos notables. La primera ha sido una de las responsables del fuerte incremento de los precios de los activos inmobiliarios, ha generado enormes distorsiones en la asignación de recursos y su efecto final ha sido negativo para la sociedad. Lo mismo se podría decir de la segunda, cuyo efecto sobre la contratación de planes de pensiones solo beneficia a la minoría que podría financiarse un plan privado.
También en el caso del impuesto de sociedades hay muchos ejemplos de deducciones que incorporan complejidad y que no cumplen los objetivos perseguidos, como la deducción por I+D, cuya gestión es leonina para las pymes y solo las multinacionales se aprovechan de la supuesta actividad de investigación, juzgada por inspectores de Hacienda.
La reforma fiscal apenas mejora, además, la insuficiencia recaudatoria. El efecto neto, si fuesen ciertas las estimaciones, sería nulo, con una mera redistribución entre impuestos indirectos y directos, y entre trabajadores, empresas y ahorradores y rentistas. La filosofía coincide con el discurso del gobernador del Banco de España, pues aboga por elevar los impuestos a los consumidores, el IVA, los impuestos especiales, el IBI, y reducir los impuestos al ahorro y la riqueza, eliminando el de Patrimonio.
El objetivo último es lo que se denomina la devaluación fiscal: elevar las contribuciones al empleo que pagan los trabajadores y reducir la carga de las empresas, combinado con una brusca caída del tipo nominal de Sociedades, que favorece a las mayores entidades.
Más importante aún es que un sistema fiscal sea justo y equitativo, pero la fiscalidad en España solo se preocupa de recaudar, y no busca la equidad. Esto se plasma en una reducción de los impuestos directos y una subida de los indirectos. Nada se articula para que tributen más la riqueza y las rentas más altas. Sorprende que no se proponga ninguna medida para desmantelar las SICAV, aunque su tratamiento fiscal se asemeja al de los fondos de inversión.
En resumen, la fiscalidad en España busca que la ciudadanía opte por el ahorro, quien pueda, se penalice al trabajador de renta media y baja por la vía de los impuestos indirectos, y se favorezca a los rentistas de rentas y riqueza alta. También se persigue que las empresas grandes paguen menos en términos relativos, al margen de mejorar la calidad y simplicidad del impuesto. Estamos ante una propuesta claramente ideológica, que falsea el diagnóstico y niega la inequidad evidente que incorpora. Esperemos que sea encerrada en un cajón y no se pague a sus autores.
