Agricultura: mejores rentas para incentivar el relevo generacional

Sector primario: El bajo nivel de ingresos frena la incorporación de los jóvenes a la actividad.

Las generalizadas movilizaciones de los agricultores acaecidas antes del tsunami del coronavirus quedaron empañadas, en cuanto a consideración mediática y preocupación social se refiere, por todo lo relacionado con la pandemia. Pero la problemática que denunciaban sigue ahí: los bajos precios percibidos por sus productos frente al aumento de costes de producción. Periódicamente esta clase de manifestaciones se repiten con unos u otros lemas, y es que hay algo que no mejora sustancialmente a lo largo de los años: las rentas del sector. 

Las grandes cifras

Empecemos por las grandes cifras, las llamadas macromagnitudes agrarias, que es necesario analizar con una amplia perspectiva temporal, habida cuenta de las fluctuaciones anuales, ligadas al clima y a otros factores, que presentan las producciones y los precios de los muy diversos productos que las conforman. 

Del análisis de su evolución (valores corrientes) en lo que llevamos de siglo,  puede deducirse, además de la importancia económica del sector, el que mientras la producción agraria ha crecido el 39,5% y los costes el 79,5%, la renta tan sólo lo ha hecho en el 23,4%. 

Pero tan interesante o más que el valor de esta renta es saber cómo se reparte entre el trabajo que la ha generado. A tal efecto, la Administración mide este trabajo en UTA (Unidad de Trabajo Año: representa el trabajo realizado por una persona a tiempo completo en un año) y calcula la renta agraria por UTA, que constituye un índice de dicho reparto. 

En su evolución hay que tener en cuenta el proceso de disminución del factor trabajo —de 1.286 UTA (1990) a 854 UTA (2019)— ligado a la progresiva tecnificación de la agricultura, lo que favorece la subida de dicho índice. De hecho, en los últimos 30 años su valor corriente se ha multiplicado por tres, pero los valores deflactados presentan una línea de tendencia casi plana. Además, el dato negativo de 2019 (-8,6%) fue otro detonante de las movilizaciones antes citadas.

Todo ello no obsta para señalar que durante el último decenio, en España ese índice creció (138,5) por encima de la media de la UE (120,7). 

Autónomos, columna vertebral 

Más allá de la magnitud renta/UTA, tiene interés aproximarnos a las rentas de los agricultores profesionales. Veamos primero la estructura laboral que presenta el campo español. 

El sector primario en España cuenta con una población activa del orden de un millón de personas, que baja a unas 800.000 de población ocupada. Excepto las  40.000-50.000 dedicadas a la pesca, el resto lo hace a la agricultura y ganadería.  De su composición social, la afiliación a la Seguridad Social nos proporciona una primera división entre autónomos y asalariados . 

Los algo más de 280.000 trabajadores por cuenta propia conforman la columna vertebral del tejido empresarial agrario en España. Su número evoluciona acusadamente a la baja, pues en los últimos 12 años se ha registrado un descenso del 15%, porcentaje que integra una mayor disminución de los pequeños y medianos (afiliados SETA) con un ligero incremento de los de mayor dimensión económica.

Dadas la estructura de nuestras explotaciones y la edad de muchos de sus titulares, esa reducción está ligada a la falta de viabilidad y a las jubilaciones sin relevo generacional (apenas el 8,6% de las explotaciones agrarias tienen como titular personas menores de 40 años y casi el 40% de perceptores de las ayudas PAC está en edad de jubilación). 

En resumen, quizás lo más preocupante de cómo evoluciona el empresariado agrícola es su envejecimiento y la importante desaparición de pymes agrarias, base de un tipo de agricultura que venía llamándose familiar (que, por cierto, es uno de los pilares fundamentales de la población rural).

Fuera de ese modelo quedan las grandes explotaciones cuyos titulares suelen ser personas jurídicas. Es reseñable en este ámbito la irrupción de fondos de inversión y de capital riesgo, especialmente en las zonas de agricultura más intensiva, como Levante y el sureste, creando grandes holdings que adquieren importantes superficies y que pueden extender su actividad más allá de la producción, a la comercialización y exportación.  

Por su parte, el número de asalariados en el campo —y el de ocupados, en general— se mantiene, incluso con una ligera alza el último lustro.

Las rentas en el IRPF 

Intentemos ahora conocer mejor las rentas reales de las actividades económicas agrarias basándonos en las declaraciones del IRPF. Según Hacienda, en el ejercicio 2017 fueron cerca de un millón. 

Más de 900.000 lo hicieron por el método de estimación objetiva —como la mayoría de autónomos— con un rendimiento neto medio de unos 3.300 euros. Esta bajísima cifra evidencia un conjunto muy heterogéneo, con muchos casos de una agricultura a tiempo parcial, complementaria de otras actividades o adicional a la percepción de pensiones. En efecto, según la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), solo en 195.714 de esas declaraciones los rendimientos por actividades económicas agrarias suponían más del 50% del total de rentas, lo que hace pensar, en buena lógica, que corresponden mayoritariamente a los que llamamos agricultores “a título principal”. En ellas, la media del rendimiento neto fue de 11.707 euros.

Los bajos precios de los productos y el aumento de los costes siguen siendo los grandes problemas del campo

En cuanto a los empresarios agrarios que optaron en el IRPF por la estimación directa (normalmente de mayor dimensión económica), fueron 52.346, cuya media de rendimientos netos fue de 12.652 euros (cifra que se eleva a algo más de 15.000 si exceptuamos un 10% de declaraciones negativas).

Así pues, puede afirmarse que las rentas de los empresarios-profesionales del campo se mueven bastante alejadas de la media de rentas declaradas por todas las actividades, que está en torno a los 19.000 euros.  

Conclusión

A la vista de lo expuesto, puede afirmarse que los problemas estructurales más graves que tienen las explotaciones-pymes del campo español se reflejan en sus rentas y en la falta de relevo generacional. Pero el nivel de aquellas contribuye poco a estimular la incorporación de jóvenes a la actividad, aun contando para ello con importantes ayudas públicas. La vigente programación de desarrollo rural prevé incorporar al campo a más de 21.000 jóvenes. Esperemos que lo consiga.