¿Qué hacen con nuestro dinero?

Ahorro: Los nuevos fondos de pensiones de empleo pueden ser también un potente instrumento de transformación social.

En nuestro país, el liberalismo económico ha impulsado que las pensiones de jubilación estén dirigidas hacia los planes privados de pensiones. Más de 100.000 millones de euros están colocados en fondos gestionados por grandes corporaciones financieras, que disfrutan de un negocio cautivo muy rentable, con comisiones muy elevadas y escaso rendimiento.

Ahora el Gobierno impulsa planes de pensiones de empleo. ¿Se trata de un nuevo aviso para navegantes ante una agorera quiebra del sistema público de pensiones? ¿Existe realmente capacidad de ahorro entre una clase trabajadora que ha pagado la factura de la crisis financiera y ha visto bajar su salario real? ¿Significa este nuevo instrumento que habrá menos presión para garantizar el sistema público de pensiones? 

Los fondos de pensiones (sean individuales o colectivos) son una forma de ahorro a largo plazo, con el objetivo de poder disfrutar de ese dinero y su rendimiento cuando nos jubilemos. Se trata, en cualquier caso, de un sistema complementario al sistema público de pensiones. Las comisiones de control encargan a unas gestoras (reguladas por ley) que gestionen nuestro ahorro y cobran comisiones por ello. Dónde pueden invertir es algo que debe regular la comisión de control. La mayoría invierte en renta fija (emisiones de bonos públicos o de empresa) y/o renta variable (divisas y Bolsa), en una proporción y sectores que deben estar definidos por las comisiones de control. 

Habrá que estar muy atentos, pues, a cómo se configura y, sobre todo, cómo se gestiona el nuevo fondo público de pensiones. Quizá habría que aprender de la experiencia del País Vasco, donde gracias al grupo Mondragón los planes de pensiones de empresa están muy arraigados. Cada vez somos más los que exigimos a nuestras empresas y entidades que gestionen de acuerdo con nuestros valores, especialmente cuando se trata de nuestro dinero.

Las gestoras suelen invertir en empresas cotizadas, aunque la legislación permite invertir también en empresas no cotizadas un pequeño porcentaje del patrimonio y en empresas con los mejores índices de responsabilidad social corporativa. Solo algunas comisiones de control están planteando exigencias en este sentido a sus gestoras, pero lo están haciendo vía sociedades de capital riesgo, que, a la postre, pueden aumentar el riesgo e impulsar modelos insostenibles. 

¿Qué están haciendo las personas trabajadoras a través de sus representantes para asegurarse de que su dinero está invertido de acuerdo con sus valores? ¿Hay alternativas? ¿Podemos exigir una triple rentabilidad (financiera, social y medioambiental)  a nuestros ahorros?

Inversión socialmente responsable

Algunas entidades, como Moody’s, el fondo noruego de pensiones, el Banco de Inglaterra y BlackRock, ya reconocen un riesgo financiero sustancial en las inversiones en combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas) que es subestimado por las gestoras, poco preparadas para su análisis. El riesgo es especialmente significativo para los trabajadores que han suscrito planes de pensiones. 

354 millones de euros han invertido los fondos solidarios franceses en la economía social

1,7 millones de dólares gestiona un fondo de pensiones de los sindicatos de Quebec que invierte solo en pymes

Hay entidades que invierten solo en fondos socialmente responsables, como Fondaction, un fondo de pensiones promovido por la Central de Sindicatos Nacionales de Quebec (Canadá) que invierte exclusivamente en pymes con el objetivo de dar un claro sentido al dinero ahorrado por los trabajadores: que sirva para crear y mantener puestos de trabajo. Fondaction, que gestiona 1,7 millones de dólares de 138.000 trabajadores, ofrece una rentabilidad superior a la de la mayoría de los fondos de nuestro país.

En Francia, gracias a la Ley de Modernización de la Economía de 2008, se crearon los Fondos solidarios 90-10, fondos de empresa de ahorros para la jubilación en los que un mínimo del 5% y un máximo del 10% del patrimonio debe invertirse en entidades no cotizadas de economía solidaria. Pueden ser empresas sociales, intermediarios financieros para estas o instituciones de microfinanzas. 

El papel de los sindicatos

Actualmente hay 61 fondos 90-10, que gestionan más de 6.000 millones de euros y han invertido 354 millones en la economía solidaria francesa. El 42,5% vía capital en sociedades que realizan intermediación financiera para la economía social, es decir, invierten en actividades con una potente utilidad social o medioambiental, proponiendo a estos proyectos servicios de acompañamiento que ayudan al buen fin de los mismos. Los sectores de inversión son variados, desde la vivienda social, los equipamientos sociales, la agricultura ecológica, las energías renovables y el comercio justo en países sin recursos. 

Los ahorros de las personas trabajadoras deberían invertirse en coherencia con sus valores

En nuestro país ya existen iniciativas que pueden cumplir con los mayores requerimientos de responsabilidad social y, al mismo tiempo, con los de seguridad, diversificación y rendimiento exigibles a estos fondos. Máxime cuando son fondos que gestionan los ahorros para la jubilación de las personas trabajadoras e idealmente deberían ser invertidos en coherencia con los valores de estas.

Los representantes de los trabajadores y las nuevas gestoras que ganen la gestión del fondo público de pensiones deben tener un papel activo en la modernización y actualización de fondos de pensiones de empresa mediante actuaciones de desinversión en combustibles fósiles e inversión en empresas socialmente responsables más allá del IBEX 35, también en empresas sociales no cotizadas, y todo ello sin perder rentabilidad ni seguridad de sus inversiones.

Para poder hacerlo, es necesario que los sindicatos tengan un papel mucho más activo en las comisiones de control delante de las sociedades gestoras de sus fondos, planteando la desinversión en combustibles fósiles, armamento, juego… y la inversión en empresas social y medioambientalmente responsables. En segundo lugar, las gestoras deben aprovechar los recursos para analizar las nuevas entidades que pueden ser destino de una parte pequeña del fondo, pero cualitativamente muy significativa. Finalmente: la legislación debe modernizarse para facilitar la canalización del ahorro de los contribuyentes de forma segura y al mismo tiempo acorde con sus valores.

Si las personas trabajadoras y sus representantes se esfuerzan por actuar de forma coherente con sus valores para asegurar un futuro mejor social y medioambientalmente, también deberían exigirlo en cuestiones tan importantes como la gestión de los planes de pensiones.