Una solución para tener entes financieros públicos locales

Banca: Las 'fintechs' municipales pueden prestar los servicios que demandan los vecinos.

Este artículo es complementario del publicado en el número 91 de esta revista, ya que en ambos se trata del desarrollo en España de un sector financiero público. Eso no será fácil después del fiasco de las cajas de ahorros, que, aunque no eran entidades públicas, así eran entendidas por muchos ciudadanos. Está claro que la creación de nuevas cajas es posible, pero la cuestión crucial es: ¿Quién podría crearlas y mantenerlas?  Posiblemente, solo las comunidades autónomas, pero estas están muy constreñidas por sus presupuestos y por los prejuicios de algunos políticos.  

Pero aún está el interés de los ciudadanos de que haya entidades que piensen en ellos y no en los beneficios a cualquier precio, y hay que satisfacerlo. El que los Ayuntamientos constituyan fintechs para proporcionar servicios financieros suficientes y exclusivamente para sus vecinos es una solución posible.

El universo de las llamadas fintechs comprende desde asesorías de tecnología y agencias de seguros hasta entidades con ficha bancaria. Todas tienen en común que funcionan sin oficinas, a partir de un soporte tecnológico. Dentro de las fintechs nos interesan dos tipos:  las entidades de dinero electrónico (EDE) y las plataformas de financiación participativa (PFP). 

Las EDE son entidades que emiten tarjetas de débito que sirven para retirar efectivo en los cajeros automáticos y en algunos comercios seleccionados y para hacer pagos por Internet o con el móvil. Los fondos de los que disponen los clientes han sido entregados antes a la EDE. 

Las cuentas en las EDE se pueden ligar a un código IBAN y, así, los clientes podrían recibir transferencias de la Seguridad Social. Un vecino cliente de una EDE municipal podría prescindir de la cuenta corriente en un banco o cooperativa de crédito para hacer sus operaciones bancarias habituales. Aunque las EDE no utilizan oficinas físicas para atender a sus clientes, nada impediría que las EDE municipales tuvieran una en el propio ayuntamiento. Las EDE  pueden conceder créditos a sus clientes en circunstancias muy determinadas, pero con sus fondos propios. 

Las PFP son empresas que ponen en contacto a inversores con empresarios, los primeros aportando dinero en forma de capital o préstamos a los segundos. Es normal que las empresas sean startups, por lo que las inversiones suelen ser arriesgadas y, por tanto, los importes aportados, modestos. Sin embargo, en una PFP municipal la financiación podría recaer en empresas ya asentadas en el municipio. Así mismo, los inversores podrían no habitar en el municipio y ser, posiblemente, oriundos de ese. 

Los capitales necesarios para constituir las fintechs están muy alejados de los 18 millones de euros para crear una caja de ahorros. Son de 350.000 euros para las EDE y de 50.000 para las PFP, y los recursos propios mínimos, aun dependiendo del volumen del negocio, son muy reducidos. 

Los clientes de las EDE y de las PFP correrían también riesgos y operarían sin un mecanismo que las protegiera como tienen los bancos. El mayor riesgo de las primeras es que los administradores espuriamente dispusieran de los fondos aportados por los socios, y en las segundas, que los empresarios financiados quiebren. Por tanto, todo el sistema se basa en la confianza de los vecinos en su alcalde y concejales, que es sobre los que va a recaer directa o indirectamente la gestión de las fintechs.  

Transparencia y control

El control de las fintechs solo puede llevarse a cabo mediante un ejercicio de transparencia como el que realiza la banca ética, informando públicamente de los fondos gestionados y de sus ingresos y gastos. También hay que tener en cuenta que las fintechs están controladas por el Banco de España y/o por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Interesan dos modelos: las entidades de dinero electrónico y las plataformas de financiación participativa

Un problema importante que está al margen de la probidad de los administradores es, según lo visto en varias fintechs, los beneficios tardan varios años en alcanzarse. Se da el caso de una PFP pública en la que los gastos de estructura suponen un importe mayor que los capitales captados. Esto obliga a los Ayuntamientos a llevar a cabo un estudio previo muy minucioso de su capacidad financiera antes de abordar la creación de esas entidades.

El proceso de creación de las fintechs no sería un camino de rosas. Primero tiene que aprobarlas la corporación municipal con el consenso de la oposición. Después hay que solicitar la autorización del Banco de España y de la CNMV, presentando estudios de viabilidad, y que se apruebe para empezar a operar. Además, salvo una PFP de la Diputación de Álava, no hay, por el momento, experiencia en la creación de fintechs públicas.   

El desarrollo de la actividad de las fintechs no será fácil. Habrá que convencer a una mayoría de los vecinos para que se unan y se acostumbren a usar las aplicaciones. Además, habrá vecinos que, por intereses particulares, no quieran que las fintechs prosperen. La existencia de una oficina municipal ayudaría mucho al despegue de las fintechs, porque un sitio físico para atender financieramente a la gente es algo que se está echando mucho de menos.