Vivienda: la revolución más urgente

Comparte
Pertenece a la revista
Septiembre 2021 / 94

Ilustración Pedro Strukelj

Derechos: Acceder a un techo se ha convertido casi en una quimera en España y la solución no es sencilla. La gran apuesta debería ser el alquiler de protección oficial.

El debate sobre el acceso a una vivienda digna en condiciones asequibles para la población necesitada sigue enquistado entre los talibanes del mercado, entre los que se incluyen sucesivos ministros del Gobierno del PSOE, y los partidarios de regular el acceso al alquiler asequible. Las diferencias son tan grandes que solo caben dos soluciones: o el PSOE cede y facilita la regulación de los precios, a corto plazo, para después comenzar una revolución en la construcción de vivienda pública, o se obra un milagro y los tenedores de vivienda en alquiler se conjuran para congelar, o incluso reducir, los abusivos precios que hoy pagan los inquilinos de rentas bajas y, sobre todo, los colectivos en riesgo de exclusión social.

La probabilidad de que alguna de las dos opciones cristalice a corto plazo es casi nula, por lo que las condiciones de acceso a una vivienda asequible para los colectivos más desfavorecidos seguirán siendo imposibles. Esto redundará en que los desahucios se mantendrán, pese a la moratoria, y el sufrimiento de muchas familias se hará crónico e irreversible.

El gran problema arranca en la propia definición de vivienda. Mientras que en gran parte del mundo occidental se trata como un bien de uso y, por tanto, sujeto al derecho de acceso al servicio para aquellos colectivos necesitados, en España es un bien de inversión, “bien de mercado” en palabras del exministro José Luis Ábalos, por lo que las leyes que lo rigen son aquellas que sacralizan el beneficio del propietario, antes que cualquier otra consideración social. Es por ello por lo que todas las iniciativas legislativas han ido en la dirección de facilitar y maximizar el beneficio de los tenedores de vivienda, grandes y pequeños, lo que se deja notar si se analizan de forma comparada las leyes de arrendamientos urbanos, por ejemplo, de Francia, Italia, Alemania y Reino Unido.  

Parque público

Estos países, además de una herramienta legislativa potente, gozan de un parque de vivienda pública que no baja del 20% y que llega al 40% en algunas zonas como Viena. Por el contrario, en España gran parte del parque público de vivienda se ha malvendido. No hay que olvidar que la mejor herramienta para equilibrar y contener precios de alquiler es contar con un parque amplio de vivienda social que permita hacer política de vivienda de verdad. Sin embargo, y salvo excepciones, como el Ayuntamiento de Barcelona y Euskadi, apenas hay iniciativas esporádicas para revertir esta situación que, en cualquier caso, necesitaría de algo más de 20 años para suministrar la cantidad suficiente para influir en los precios de alquiler de forma significativa. Se necesitarían algo más de siete millones de unidades para poder equilibrar el mercado.

En España, además de lo descrito, hay graves carencias estadísticas del mercado que faciliten un diagnóstico real y no sesgado. La única solución para los talibanes del mercado es facilitar fiscalmente la oferta privada de más inmuebles minoristas, creyendo que aumentándola, los precios de desplomarán, algo que se ha demostrado falso y contraproducente porque la reducción de la recaudación fiscal la acabamos pagando el resto de los contribuyentes para mantener las ganancias de los rentistas. 

Todos estos aspectos y más serán tratados en el libro que Alternativas Económicas publicará el mes que viene: Vivienda: la revolución más urgente. En él, se tratan todos los aspectos, desde la problemática estadística, la oferta y la demanda, derecho comparado entre países, la regulación de precios del alquiler y la construcción de vivienda pública. 

El diagnóstico es bastante concluyente: en España no parece haber voluntad política para solucionar el acceso universal a un bien básico de uso, como es la vivienda. Hay demasiadas presiones empresariales para que eso no ocurra. Por un lado, el lobby de la construcción pretende que sigamos siendo un país de propietarios y rentistas que facilite cada poco tiempo una nueva burbuja inmobiliaria que permita extraer pingües beneficios y exigir ayudas y subvenciones en los momentos bajistas del mercado. En este pacto tácito, y no escrito, están involucradas tanto las estructuras políticas del PP y PSOE como del nacionalismo conservador catalán, canario y, a veces, el vasco. Junto a constructoras e inmobiliarias, los portales de vivienda, cada vez más influyentes, también aportan su grano de arena presionando para que nada cambie, que no se regulen los precios y que se faciliten mejoras fiscales para los grandes y pequeños tenedores. Junto a ello, la irrupción de grandes fondos ha llenado de dolor a muchas familias de rentas bajas que han sido expulsadas de sus viviendas públicas, con el aplauso de la comunidad inmobiliaria y hasta de una parte no desdeñable de la sociedad, que ve en la vivienda pública un regalo innecesario para colectivos vulnerables.

La regulación de precios es muy difícil de controlar en un mercado tan oscuro y poco transparente como el español

Con estas armas, los escasos agentes que luchan para facilitar el acceso universal a una vivienda digna tienen la batalla muy complicada. La tensión en el Gobierno de coalición por la ley de vivienda decaerá en breve ante la internalización por parte de Unidas Podemos de que solo les quedaría romper la coalición e ir a elecciones. Se puede aventurar que no habrá regulación de precios de alquiler y que la construcción de vivienda pública será ínfima y poco homogénea.  

Como se pone de manifiesto en el libro, una alternativa a la regulación de precios, muy compleja, de controlar en un mercado tan oscuro y poco transparente como el español sería la apuesta masiva por la construcción de vivienda pública.

Un primer paso sería evitar y prohibir la desafección de vivienda pública existente, que no llega al 2% del total. Es decir, mantener el carácter público perpetuo, algo que pocas comunidades autónomas han puesto en marcha (Euskadi y alguna otra). Por otro lado, se debería legislar en la prohibición de venta de vivienda pública a fondos de inversión, algo a lo que Madrid se niega, ya que sus dirigentes son cómplices necesarios en el desfalco sufrido por los contribuyentes madrileños.

Con estos mimbres, ¿qué se puede esperar en el corto y medio plazo? El Gobierno ha propuesto algunas compras de vivienda a la Sareb, y ha anunciado a bombo y platillo la construcción de 25.000 viviendas públicas en un plazo de cuatro o cinco años. Asimismo, ha anunciado rebajas fiscales para que particulares pongan en el mercado viviendas de alquiler, lo que cronifica un mercado minorista que favorece la explotación de los inquilinos, la mala calidad de las viviendas, el nulo control y el dinero negro. 

Necesitamos una revolución en el acceso a la vivienda, pero difícilmente llegará con los dirigentes que tenemos y con la fuerza de los lobbies empresariales extractivos.