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A la inversión la llaman gasto

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Enero 2015 / 21

Editorialista de Alternatives Économiques y ex presidente de la cooperativa

TRABAJADORES POBRES ¿Cómo dar la impresión de que se hace más por los trabajadores pobres gastando, sin embargo, menos? Esa fue la proeza del ex presidente francés Nicolas Sarkozy cuando, en 2010, creó la Renta de Solidaridad Activa (RSA). La RSA se otorga a los asalariados con ingresos muy bajos para ayudarles a salir de la pobreza a la vez que se les estimula a tener un trabajo, aunque sea mal remunerado. Se gana más trabajando que si no se trabaja. La astucia consiste en que, en paralelo, Sarkozy congeló el umbral de la Prima Por Empleo (PPE), un impuesto negativo que se otorgaba a los hogares pobres y que se consideraba “no estimulador” porque se entregaba con un año de desfase. Resultado: mientras que en 2010 los presupuestos consagrados a la PPE y a la RSA se elevaban a 4.900 millones de euros, en 2012 habían bajado a 4.300 millones. La razón era que la disminución del gasto relacionado con la PPE fue mayor que el crecimiento de la RSA, debido fundamentalmente a la abstención: más de la mitad de los beneficiarios potenciales del RSA no la solicitaron.

Tras la elección de François Hollande, la tendencia ha proseguido: el total PPE + RSA no debería superar los 3.900 millones de euros en 2014; es decir, ¡1.000 millones menos que en 2010! El Gobierno francés ha anunciado su voluntad de reformar este dispositivo. La Prima por Empleo va a desaparecer en 2016 y la Renta de Solidaridad Activa se sustituiría por una prima de actividad. Esta prima se centraría en las rentas más bajas. Hay que restar las abstenciones, ligadas a la gran complejidad del dispositivo y a la estigmatización que sienten los que lo perciben, a no ser que pensemos que el objetivo es seguir economizando.

AREVA El estandarte de la industria nuclear francesa pasa por su peor momento. Areva ha perdido más de 700 millones de euros en el primer semestre y el segundo no se presenta mejor. Es una pérdida considerable relacionada con el volumen de negocios de la empresa: 9.200 millones de euros en 2013. La deuda del constructor de centrales y reprocesamiento de combustibles se eleva ahora a 4.700 millones de euros frente a 4.000 millones de fondos propios, a pesar de múltiples cesiones de activos. Y lo que es peor, las dudas sobre su actividad futura le han llevado a no publicar sus previsiones para 2015-2017.

De resultas de ello, Areva no ha logrado colocar una emisión de obligaciones a comienzos de noviembre, lo que constituye una paradoja para un grupo cuyo principal accionista es el Estado. La raíz de estas dificultades radica en una serie de inversiones más que arriesgadas en el sector minero que han originado unas pérdidas de miles de millones de euros, y la incapacidad para terminar el reactor EPR finlandés de Olikiluoto, que lleva nueve años de retraso y con un coste tres veces superior al previsto. Además, la puesta en funcionamiento del EPR construido por EDF-Bouygues en Flamanville, región de La Mancha, con las mismas tecnologías, acaba de ser retrasada un año y no tendrá lugar hasta 2017.

Dejando a un lado los problemas de seguridad que plantea la industria nuclear, lo que ahora se cuestiona es su rentabilidad, si se tiene en cuenta desde la construcción de centrales hasta su desmantelamiento, pasando por la gestión de los residuos. La prolongación de la vida de las centrales existentes, prevista implícitamente en la ley Royal sobre la transición energética, no cambiará nada, dado el coste de los trabajos de seguridad exigidos por la Autoridad de Seguridad Nuclear tras la catástrofe de Fukushima.

INVERSIONES DE FUTURO En un momento en que la Unión Europea anuncia un gran plan de inversión a escala europea y en el que Francia promete a Alemania reducir su gasto a cambio de que Berlín impulse las obras públicas, ¿es lícito interrogarse sobre la justificación de gran parte de esas inversiones? Sin por ello negar la importancia de algunas infraestructuras materiales, recordemos que la principal inversión de futuro para los poderes públicos es mejorar la calidad de la educación que reciben los niños, así como la calidad de la investigación.

La paradoja es que, desde el punto de vista contable, pagar a profesores e investigadores no es una inversión, sino un gasto, ¡por lo que habría que reducirlo! Sin embargo, esas son las auténticas inversiones de futuro, las que mejorarán la eficacia de nuestra economía y la cohesión de nuestra sociedad.