Esfuerzo, pero con solidaridad
Editorialista de Alternatives Économiques y ex presidente de la Cooperativa
AHORRO No existen los milagros: no se puede disminuir los impuestos y las cargas de las empresas y, a la vez, reducir el déficit público sin practicar cortes claros en el gasto público, lo cual obligatoriamente causa impacto en la actividad y el empleo. Los 50.000 millones de euros de ahorro anunciados en Francia de aquí a 2007 provocarán la supresión de 250.000 empleos, según la diputada Valérie Rabault, ponente de la Comisión de Control Presupuestario en la Asamblea Nacional. En efecto, el gasto público no cae en saco roto: los salarios pagados a los trabajadores públicos, las pensiones de jubilación o las ayudas sociales sostienen el consumo. El Estado y las administraciones locales invierten en múltiples infraestructuras. Finalmente, hay numerosos servicios financiados total o parcialmente por fondos públicos. De ahí la inquietud, sobre todo de la economía social y solidaria, que teme no poder garantizar su misión de utilidad social en el ámbito sanitario, social, cultural, deportivo, etcétera.
La cuestión provoca, por el contrario, un serio ataque de esquizofrenia entre los empresarios. Mientras que la organización patronal Medef pide ardientemente recortes claros en el gasto público, muchos sectores están descontentos: la disminución del gasto en medicamentos observada el pasado año, debido al aumento de los genéricos y a un ligero descenso del número de recetas médicas, causa quebraderos de cabeza a la industria farmacéutica; el escalonamiento de los pedidos de equipamiento militar irrita a los industriales de armamento, mientras que la austeridad impuesta a las administraciones locales hace temer lo peor a las empresas de obras públicas…
COMPETITIVIDAD La misma Valérie Rabault espera, sin embargo, que la disminución de las cargas sobre las empresas, al mejorar sus márgenes, les permita invertir y ganar cuota de mercado en la exportación, lo que compensaría los efectos recesivos de la reducción del gasto público. Todos están de acuerdo en la necesidad de lograr que nuestra economía sea más competitiva y acabar con la hemorragia de empleo en la industria. Lo cual no impide interrogarse sobre la calidad del ajuste macroeconómico elegido. Un freno del gasto demasiado brutal puede terminar siendo contraproducente si el efecto recesivo que provoca disminuye los ingresos de las administraciones públicas, como ya se está constatando. Además, es injusto: mientras que el crédito del impuesto competitividad-empleo aumenta mecánicamente los beneficios de las empresas, las medidas de desindexación de las jubilaciones o de los salarios de los trabajadores públicos golpean a las categorías de escaso nivel de ingresos. Es comprensible que todo el mundo haga un esfuerzo, pero a condición de que vaya seguido de solidaridad, pues los efectos positivos sobre el empleo de esta política de competitividad tardarán en ponerse de manifiesto. Las empresas que han tenido que cerrar sus puertas no renacerán de sus cenizas. El surgimiento de nuevos productos, la conquista de nuevos mercados en la exportación llevará tiempo. Lo mismo ocurrirá con la inversión de la curva del paro, que, a no ser que se produzca un milagro procedente del exterior, no va a suceder de la noche a la mañana.
EMPIRISMO Al final, todo el mundo ha ganado en las negociaciones sobre la cesión de Alstom. General Electric se queda con lo fundamental de la actividad de fabricación de turbinas, como quería. La complementariedad geográfica y técnica de los dos grupos industriales en este ámbito limita los riesgos en el terreno del empleo, de ahí un segundo ganador: los sindicatos de la empresa francesa. Por su parte, el ministro de Economía, Arnaud Montebourg, ha conseguido imponer al gigante estadounidense un derecho de control del Estado francés sobre las actividades más críticas. Bouygues, ex accionista de referencia, va a recuperar 2.000 millones de euros al ceder al Estado el 20% de su parte en el nuevo conglomerado, con lo que podrá contraatacar en las telecomunicaciones. Incluso Siemens, candidato perdedor, no sale mal parado, pues no está claro que hubiera ganado mucho esta vez.
Liberales y estatalistas han perdido el tiempo. Jeffrey Immelt, presidente de General Electric, ha comprendido que necesitaba negociar con el Estado francés y, a la inversa, Arnaud Montebourg y François Hollande, a quienes se les llenaba la boca hablando de campeones europeos, es decir de un Airbus europeo de la energía, han decidido aceptar la mejor oferta. Lo que preocupa de verdad es el nuevo Alstom centrado ahora en la actividad ferroviaria cuyo posicionamiento y resultados son muy frágiles.
