Europa, como una bicicleta
Brexit En febrero debían finalizar las negociaciones entre el Gobierno británico y sus socios de la Unión Europea para hacer progresar el contrato de adhesión del Reino Unido a la Unión. El desenlace era previsible: concesiones por ambas partes. Ello permitiría al primer ministro, David Cameron, pedir el sí en el referéndum de junio y a las otras naciones europeas tener la esperanza de conservar en el seno de la Unión a ese Estado miembro tan celoso de mantener su soberanía, pero cuya salida tendría consecuencias muy negativas dado su peso económico y estratégico.
Más allá de esta primera etapa, el resultado de dicho referéndum no está nada claro, pues los británicos tienen muchas dudas acerca de los beneficios de la pertenencia a la Unión. Dejando a un lado la retórica anti-inmigración de los partidarios del Brexit, que tanto recuerda a la del Frente Nacional en Francia, hay que confesar que el balance de la Unión de estos últimos años no es de envidiar: los ejemplos —gestión calamitosa de la crisis del euro, incapacidad de enfrentarse de un modo solidario al desafío planteado por el flujo de refugiados...— son muy numerosos. Ha llegado la hora de que, frente al riesgo de un Brexit, frente al repliegue nacionalista que se observa también en numerosos países de Europa central, los dirigentes de los países que integran el núcleo de la Unión tomen la iniciativa y devuelvan al proyecto europeo una perspectiva que no se reduzca a esa gestión restrictiva de bienes gananciales. Europa es como una bicicleta: cuando no avanza, se cae, solía decir Jacques Delors. Ese es el riesgo al que nos enfrentamos.
Formación ¡Formar a 500.000 parados! es una de las medidas estrella del programa para el empleo anunciado por el presidente francés, François Hollande, a primeros de enero. ¿Por qué ahora? Además de las perspectivas electorales y del efecto positivo sobre las estadísticas que tendría la salida de parados para formarse, la medida tendría sentido si permitiera a esas personas acceder al empleo en un momento en que la actividad tiembla. Esto supondría, sin embargo, aparte de las necesidades constatadas en algunos trabajos que sufren tensiones de reorientación, que la recuperación se afirmara y que las formaciones dispensadas fueran de calidad, dos condiciones que están aún lejos de darse.
El proyecto europeo no puede ser una gestión de bienes gananciales
Para justificar este esfuerzo, nos suelen decir que los miles de millones de euros que se gastan en formación profesional no van a “los que más lo necesitan”. De hecho, el gasto en formación —al menos hasta la última reforma, que ha desestabilizado todo el edificio— va prioritariamente a los asalariados con trabajo, y, dentro de éstos, a los más cualificados. ¿Es tan escandaloso como se dice? Los trabajos cualificados son también los que exigen unas competencias en constante evolución. Formar a los más cualificados es, pues, una condición tanto para la competitividad de las empresas como para la futura empleabilidad de sus asalariados. Ello, evidentemente, no impide dedicar, paralelamente, más esfuerzo en formar a los parados apartados del mercado laboral y dar la posibilidad de evolución a todos los que, en las empresas, ocupan puestos poco cualificados.
Despido El Gobierno se dispone a satisfacer una de las exigencias repetidas de la patronal estableciendo un tope para las indemnizaciones por despido fuera de convenio establecidas por el juzgado de lo social. Para la patronal, esa incertidumbre sobre el montante de dichas indemnización sería un potente freno para la contratación. ¿Cómo arriesgarse a contratar si el día de mañana, ante un cambio de coyuntura, se debe hacer frente a unos enormes costes desconocidos de antemano y que pueden variar en una proporción de uno a tres? En realidad, se trata de una inmensa mentira: una empresa que ve cómo se vacía su cartera de pedidos procede a despidos por causa económica, unos despidos cuyo coste está definido por la ley y los convenios colectivos. Únicamente existen indemnizaciones fuera de convenio cuando el despido se debe a un motivo personal que los tribunales dictaminan que no es ni real ni serio. Es, pues, la protección de los asalariados frente a la arbitrariedad patronal la que se vería seriamente debilitada.
