Francia, ante la Unión

  • Por (Editorialista de Alternatives Économiques y ex presidente de la cooperativa)
    Junio 2015

    Editorialista de Alternatives Économiques y ex presidente de la cooperativa

    GRECIA Independientemente de su resultado, el pulso entre el Gobierno griego y sus acreedores es un escalón más en la erosión del ideal europeo, seriamente comprometido desde que el euro está en crisis. A un lado, un gobierno que pretende acabar con la anterior política de austeridad. Enfrente, unos socios que, en su gran mayoría, consideran que Grecia debe plegarse a las exigencias del Banco Central Europeo (BCE), la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional (FMI) si aspira seguir obteniendo financiación. Más allá de saber de parte de quién está la razón —aunque, dados los resultados de las políticas anteriores griegas, uno estaría tentado a dar una oportunidad al equipo de Alexis Tsipras—, es obligado constatar que cada bando tiene parte de legitimidad. El Gobierno griego ha recibido la bendición del sufragio universal, pero el país desea seguir en la Unión Europea y conservar el euro, lo cual pasa por aceptar un conjunto de disciplinas colectivas. Si en un mundo interdependiente la soberanía no es un valor absoluto, en el marco europeo lo es aún menos.

    La gestión de la contradicción entre una democracia que sigue desarrollándose ante todo en el plano nacional y una Unión que implica una serie creciente de responsabilidades colectivas, ha consistido mucho tiempo en despolitizar los problemas comunes y reducirlos a debates técnicos. Este método ha mostrado sus límites con la crisis, y los jefes de Estado y de Gobierno han vuelto a tomar cartas en el asunto. La repolitización ha permitido actuar, pero también tiende a exacerbar las rivalidades nacionales y a aumentar el auge de los populismos, como ilustra el resultado de las elecciones finlandesas. Salir con éxito de esta situación supone reforzar y democratizar el nivel comunitario. Con equilibrios complejos.

     

    POTENCIAL No sólo es Grecia la que tiene que justificarse ante las autoridades europeas. También Francia está obligada a respetar su compromiso en lo que al déficit público se refiere. El cálculo de lo que está permitido o no a los franceses es muy problemático: si el crecimiento efectivo de la economía es inferior a su potencial, el Gobierno está en su derecho de no practicar una austeridad presupuestaria demasiado grande que gravitaría sobre la actividad y haría más difícil una vuelta al equilibrio. Basándose en ello, el ministro de Finanzas acaba de elevar su previsión de crecimiento potencial [sic], para 2016-2017 en 0,2 puntos, argumentando que las reformas estructurales que ha puesto en marcha (pacto de responsabilidad, ley Macron, etc.) podrían generar un aumento del crecimiento del 4,2% en 2020. Paradójicamente, la ley Macron, de inspiración claramente liberal, justifica una austeridad presupuestaria ligeramente inferior a la recomendada por la Comisión. ¿Como para evitar que se frustre la recuperación? Resultado, a finales de 2015.

    Más franceses creen que sólo si se cotiza se debe percibir paro y pensión 

    SOLIDARIDAD La Dirección de Investigación, Estudios, Evaluación y Estadísticas, dependiente del Ministerio de Asuntos Sociales, pregunta todos los años a los franceses sobre el sistema de sanidad y de protección social. Como en años anteriores, los resultados de 2014 muestran la adhesión general a un sistema considerado costoso pero protector. Sin embargo, hoy hay más franceses que consideran que sólo los cotizantes deberían beneficiarse del seguro de desempleo o de la pensión de jubilación. También se observa el mismo movimiento, aunque menos apreciable, en lo que se refiere a las prestaciones familiares y el seguro de enfermedad. Al mismo tiempo, los franceses consideran mayoritariamente legítima la modulación de las prestaciones familiares en función de los ingresos. En el fondo, en una situación de crisis, se muestran menos generosos con los asistidos, culpables, en su opinión, de percibir prestaciones sin haber hecho ningún esfuerzo en contrapartida. Pero al mismo tiempo aceptan reducir el carácter universal de algunas prestaciones preservando los derechos de los menos favorecidos. Es el juego de las siete diferencias.

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