Funcionarios y servicio público

VADO: La reforma del bachillerato y la creación de Parcoursup, la nueva plataforma francesa de admisión en la enseñanza superior, transforman profundamente el bachillerato y las condiciones de acceso a la enseñanza superior. Los alumnos de bachillerato van a beneficiarse de una mayor libertad de elección a la hora de definir la trayectoria de su formación. Pero el reverso de la medalla es que su orientación posterior estará en parte predefinida y que los establecimientos de enseñanza superior podrán, a partir de ahora, elegir a sus estudiantes en función de su perfil. A este respecto, podemos preguntarnos sobre el futuro de las ciencias económicas y sociales, que se han mantenido como disciplina, pero sobre las que, aunque haya una rama económica y social, pesa la amenaza de marginalización. La reforma podría aumentar más la prima a los mejor informados, aunque se haya anunciado una ayuda a la orientación.

Dicho esto, en cerca de la mitad de las ramas superiores funciona ya una selección a la entrada, por concurso o por expediente. En privado, muchos universitarios de todo tipo están de acuerdo en considerar que la universalidad de los diferentes bachilleratos no era defendible y que el sorteo lo es aún menos. En resumen, más que los principios que orientan la reforma actual, son las condiciones de su puesta en marcha las que plantean problema. Ofrecer soluciones beneficiosas para todos los bachilleres que deseen proseguir estudios superiores implicaría aumentar la financiación de los estudios superiores y hacer que sean menos desigualitarios en función de las ramas y los establecimientos. Y de eso no se habla.

RECORTES: Al anunciar una serie de medidas estatutarias (plan de despido voluntario, desarrollo de la contratación) sin presentar una visión de futuro del servicio público, el Gobierno francés se ha inscrito en esa tradición de la derecha  para la que un buen funcionario es un funcionario menos… No es sorprendente, porque ¿no se comprometió Emmanuel Macron, en su programa electoral, a reducir en 120.000 el número de funcionarios durante su quinquenio? No cabe duda de que estamos lejos de las 500.000 supresiones de puestos que enarboló sin inmutarse François Fillon, pero el espíritu es el mismo. Repitámoslo una vez más: el problema no es tanto el número de funcionarios como la calidad del servicio público que se ofrece a la población. Lo que implica que haya disponible en número suficiente un personal cualificado, reconocido, motivado, bien encuadrado y formado. Y, hasta el momento, el Gobierno no habla de ello: ¿qué hay de la atención a la primera infancia, de la escuela, de la investigación, de los hospitales, de la policía, de la justicia o de los servicios sociales? En Suecia, país que con tanta frecuencia se cita como ejemplo, la mayoría de las personas que garantizan los servicios públicos tienen un estatuto de derecho privado (y excelentes convenios colectivos). Hay muy pocos funcionarios stricto sensu, pero la proporción de empleos públicos en la población activa es más elevada que en Francia. Meditemos sobre ello.

PARO: Los economistas distinguen entre paro coyuntural (ligado a las variaciones de la actividad) y paro estructural (ligado a la falta de adaptación de la mano de obra o del aparato productivo). Apoyar la actividad permite eliminar el primero, pero no el segundo, que solo se puede reducir a través de reformas estructurales. Respaldar la actividad, una vez reducida la parte coyuntural, solo serviría para provocar inflación. Muy bien, pero ¿dónde se sitúa la frontera? La Comisión Europea ha considerado recientemente que el componente estructural del paro en Francia se elevaba al 9,2%. Ahora bien, este porcentaje ha bajado al 8,9% en el último trimestre sin ningún síntoma de inflación. De hecho, cuando la actividad se recupera, los empleadores son menos exigentes. De cazadores-recolectores (que recogen sin esfuerzo unos frutos maduros disponibles en abundancia) pasan a ser agricultores, que contratan personas que necesitan tener un mínimo de formación, hecho que hace bajar automáticamente el paro estructural. Sin embargo, las víctimas del paro de larga duración exigen un tratamiento específico. El hecho de que las cosas vayan mejor no es óbice para reducir los medios asignados a la inserción mediante la actividad económica. Todo lo contrario.