Las ‘fake news’ y la ley
IMPACTO El Gobierno francés pretende destinar mil millones de euros de dinero público y privado a apoyar el desarrollo de la economía social y solidaria (ESS). Denominado French Impact, por analogía con el French Tech en el ámbito digital, ese programa pretende favorecer el cambio de escala de las empresas sociales que desarrollan iniciativas enfocadas a mejorar nuestro bienestar y a hacer que la economía sea más sostenible. Estas iniciativas pertenecen a diferentes ámbitos: acción sanitaria y social, movilidad menos agresiva, alimentación, producción de energías renovables y, también, formación, acceso al empleo y creación de actividad. Dejando a un lado esa apelación que hará sonreír a más de uno, French Impact se inscribe en la senda de la ley ESS 2014, conocida como ley Hamon por el ministro que la elaboró. Paralelamente, se supone que, en los próximos meses, Christophe Itier, alto comisario para la ESS y la Innovación Social, dependiente del ministro Nicolas Hulot, anunciará un programa de consolidación y desarrollo de la ESS.
Quedan dos cuestiones por resolver: en primer lugar, si bien es bueno permitir a las organizaciones de la ESS invertir para desarrollarse, ello implica que dispongan de los recursos necesarios para dar servicio cotidianamente a todos. Lo que, hoy, no siempre está garantizado, debido al contexto de restricciones presupuestarias y de limitación de los empleos subvencionados. En segundo, si la innovación social permite en ocasiones ahorrar gasto público al responder con más eficacia a una necesidad, también termina, en muchos casos, revelando la existencia de nuevos retos para la acción pública. Lo que legitima, a su vez, su desarrollo, que hay, entonces, que financiar: es lo que, con razón, ha recordado Nicolas Hulot como conclusión de su discurso.
‘FAKE NEWS’ El Gobierno francés ha anunciado recientemente su intención de legislar para luchar contra la proliferación de informaciones falsas –hoy denominadas fake news– que alimentan las teorías conspirativas, sobre todo entre los jóvenes. El fenómeno no es nuevo, pero hoy lo amplifican las redes sociales en un contexto de rechazo de los discursos de los medios de comunicación o de los responsables políticos. Pero las teorías conspirativas también las alimentan las fake news oficiales, que a veces dan por ciertas los grandes medios de comunicación. La afirmación de George W. Bush, Colin Powell y Tony Blair de que el Irak de Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva justificó la segunda guerra de Irak. Después se reveló que nos habían mentido. Por eso los medios independientes tienen muchas reservas sobre cualquier ley que regule algún tipo de información o sobre cualquier consejo superior de la deontología, más allá de lo que ya prevé la ley de prensa francesa de 1881, que reprime la difamación y la injuria pública. La mejor solución sigue siendo la de crear las condiciones necesarias para que los medios independientes puedan desarrollarse, animar el pluralismo, y apoyar a los que lanzan alertas. Por último, también hay que educar a los jóvenes a que desarrollen su espíritu crítico sin, por ello, dudar de todas las informaciones. Nada fácil.
CONTRATOS SUBVENCIONADOS A mediados de enero se presentó el informe de Jean-Marc Borello, elaborado a petición de Muriel Pénicaud, la ministra de Trabajo francesa. Felizmente, dicho informe nos recuerda que “no hay nadie que no pueda ser empleado”, a la vez que constata que la recuperación del empleo beneficia en primer lugar a los más cualificados y a los que han estado menos tiempo alejados del mercado de empleo. Propone, en consecuencia, unir los contratos subvencionados y la inserción por la actividad económica mediante el desarrollo de “trayectorias empleo-competencias” de calidad. Éstas estarían reservadas únicamente a “empleadores que aprenden a emplear” capaces de incluir, acompañar y mandar a formarse a unos asalariados que, con ese fin, se ponen a su disposición. La recuperación ha creado un contexto favorable para una moralización de los contratos subvencionados para hacer que sus beneficiarios inicien un auténtico camino de vuelta al empleo. Renunciando a una política de las cifras destinada a hacer que baje el índice de paro en un periodo preelectoral. Falta por saber, sin embargo, qué medios van a destinarse a este dispositivo, teniendo en cuenta que el paro de larga duración sigue siendo muy elevada.
