Una ley para la economía social
Editorialista de Alternatives Économiques y ex presidente de la cooperativa
SOCIAL Y SOLIDARIO. Este otoño se presentará ante el Parlamento francés el prometido proyecto de ley sobre la economía social y solidaria. Más allá de las disposiciones generales que dibujan los contornos de su ámbito, el proyecto muestra la voluntad del Gobierno de apoyar las iniciativas que, en el seno de una Economía Social y Solidaria (ESS) muy heterogénea, son más acordes con sus objetivos: apoyo a las empresas solidarias que persiguen objetivos de gran utilidad social (como el sector de la inserción a través de la actividad económica que, paralelamente, va a ver reformadas sus condiciones de funcionamiento), ayuda a las políticas de desarrollo local solidario a través del apoyo a los Polos Territoriales de Cooperación Económica, apoyo al desarrollo de sociedades cooperativas y participativas (Scop), cooperativas controladas por los asalariados —como Alternatives Économiques—, lo cual facilita que los asalariados recuperen empresas viables cuando así lo deseen y se reúnan las condiciones necesarias.
Paralelamente, el ministro ha logrado que el Banco Público de Inversión apoye el desarrollo de la ESS. Buena noticia para un sector al que le cuesta atraer capitales por su carencia de ánimo de lucro y por la rentabilidad limitada de sus actividades. Hay que añadir que la financiación prometida no bastará para compensar los efectos de la austeridad presupuestaria en el sector asociativo, que representa el 80% de los 2,3 millones de empleos reivindicados por la economía social y solidaria, especialmente en el ámbito sanitario y social, la acción cultural y deportiva y la educación popular.
TRANSICION ENERGÉTICA. En el momento de escribir aún no sabemos las decisiones que se han tomado, finalmente, sobre la transición energética. Hay que definir las reglas de juego en lo que a la producción renovable se refiere y emprender una audaz política de economía de la energía. Encabeza la lista el objetivo de 500.000 viviendas renovadas térmicamente cada año, pues la vivienda representa más de un tercio del consumo final de la energía, y aún más de las emisiones de CO2. Ello permitiría, a un ritmo sostenido, renovar dos tercios del parque de viviendas de aquí al año 2050. La renovación térmica es buena para el planeta, buena para el empleo, buena socialmente, pues reduce la precariedad energética, y buena para las cuentas corrientes porque disminuye la importación de petróleo y gas.
Subrayemos que hoy estamos muy lejos del objetivo propuesto: solo 200.000 viviendas se renuevan cada año y con unos resultados con frecuencia insatisfactorios. Hay, pues, que incentivar más a los arrendatarios sociales y a los propietarios privados para que inicien las obras. Pero los medios que se han anunciado hasta ahora no son suficientes. ¿Por qué no utilizar parte de los ingresos por la fiscalidad ecológica que debe establecerse en 2014, en lugar de adscribirlo fundamentalmente al crédito de impuesto para la competitividad y el empleo?
DUREZA. La gran injusticia de retardar la edad de jubilación a los 62 años, impuesta por la reforma de Sarkozy, consistía en que golpeaba a la inmensa mayoría de los obreros y empleados y no afectaba a los cuadros. Los primeros, que generalmente habían empezado a trabajar jóvenes, disponían con frecuencia del número de años de cotización necesarios para jubilarse a los 60 años, mientras que los segundos, por necesidad o por interés de su puesto de trabajo, seguían trabajando generalmente hasta los 62 años o más. La injusticia era aún mayor si se tiene en cuenta que la esperanza de vida de los obreros es inferior a la de los cuadros y estos disfrutan, de media, más tiempo de la jubilación.
Frente a esta situación, la reforma de Sarkozy negaba la más mínima ventaja a los asalariados más afectados: los que habían tenido trabajos duros. Solo aquellos cuya salud ya se había degradado seriamente debido a su puesto de trabajo podían solicitar jubilarse antes de los 62 años. Una mínima equidad hubiera consistido, por el contrario, en otorgar unos derechos específicos a los asalariados con unos factores de riesgo unánimemente reconocidos por los especialistas (trabajo nocturno, carga de pesos pesados, exposición a cancerígenos…) sin esperar a que dichos riesgos se concretaran. El Gobierno actual trabaja en ese sentido. Queda por definir cómo elaborar la lista de los beneficiarios. La auténtica dificultad radicará, en efecto, en cómo evaluar las situaciones del empleo a las que se habrán enfrentado los asalariados durante 40 años o más de vida activa.
