Transición justa para una transformación inevitable

La emergencia climática no negocia. El calentamiento global avanza al margen de que los gobiernos, las empresas y la ciudadanía acepten o no la magnitud de sus consecuencias y relacionen o no sus comportamientos particulares con el futuro del planeta. Pero el panorama puede cambiar radicalmente si, aunque tarde, todos los actores implicados comprenden e interiorizan lo que está en juego. No solo el tremendismo de la amenaza, sino la dimensión esperanzadora que el cambio climático presenta para nuestra economía y para nuestro modo de vida y  salud, si estamos dispuestos a aprovecharla.

Alternativas Económicas propone en su publicación Transición energética- 46 propuestas medidas de políticas públicas e iniciativas ciudadanas y empresariales que pueden y deben complementar la acción de las administraciones. Porque sin la participación e implicación de la gente no hay actuación política que valga. Y porque, al mismo tiempo, responsabilizar exclusivamente a la ciudadanía de que todo depende de su grano de arena para mitigar el desastre forma parte del autoengaño.

Las iniciativas más novedosas tienen que ver, por una parte, con la participación ciudadana, en la medida en la que el nuevo modelo energético requiere convertir los pasivos consumidores en gestores activos de la demanda, y por la otra, con la planificación y regulación energéticas, puesto que la descarbonización de la economía debe completarse antes (todo lo antes posible) del año 2050. Una economía descarbonizada es una economía que, partiendo del uso intensivo de combustibles fósiles, logra no generar más emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y, en especial, el dióxido de carbono, de las que puedan absorber sus ecosistemas.

Otras de las propuestas clave abordan cambios recomendados en materia de fiscalidad, la movilidad y transporte, así como la vivienda, las que afectan al sector agrícola y ganadero y, por último, las que atañen al sector financiero, de las que se suele hablar poco.

VIVIENDA, OPORTUNIDAD PERDIDA

La transición energética cambiará radicalmente el paisaje de nuestras urbes, actualmente dominadas por el coche privado, y también apela a un cambio de mentalidad. Junto con la movilidad, la rehabilitación del actual parque de inmuebles es uno de los frentes más complicados de acometer, especialmente después de una última gran ola de la construcción en España, que culminó con el pinchazo de la burbuja en 2008, en la que no se aplicaron criterios medioambientales. Fue una gran oportunidad perdida.

La transición energética requiere de participación ciudadana y políticas públicas

El cambio de modelo transformará el paisaje urbano que conocemos

Decíamos que la emergencia climática no negocia, pero el modo en que se lleve a cabo la transformación del modelo energético puede acabar ahondando (o no) en las desigualdades, en la medida en la que aquellas zonas y aquellos sectores económicos cuya actividad esté más ligada al viejo modelo van a verse directamente afectadas. La producción de carbón (la fuente de energía más contaminante) y las centrales nucleares son las primeras imágenes que vienen a la cabeza, junto con los fabricantes de materiales plásticos. Sin embargo, como se está constatando ya en la industria automovilística, la transición energética concierne a todos los sectores, porque en realidad, lo que está en juego es una forma de consumir, o mejor dicho, de vivir. En este sentido, urge acompañar a los territorios cuya población trabajadora vaya a verse directamente afectada, con planes de desarrollo local que intenten sustituir actividades. Aunque en muchos casos se llegue tarde, no hay tiempo que perder. 

Es lógico que las organizaciones sindicales pidan protección social y un plan para los más afectados. Lo que no sería lógico es que no empujaran en la dirección de un combate contra el cambio climático que, insistimos, no negocia. No es cuestión de sostener ocupación en las actividades que hay que dejar de lado porque contaminan, sino de aprovechar los nuevos yacimientos de empleo y de velar por condiciones de trabajo decentes. Durante años se planteó un dilema tramposo entre medio ambiente y empleo, que solo se mantiene en las mentes más cortoplacistas. Las oportunidades en materia de empleo que puede generar una energía verde plantean, claro está, retos notables en materia de formación, políticas activas de empleo y una política industrial que no sea de escaparate.

NO BASTA CON MÁS RENOVABLES

A la vez, socialmente es necesario combatir la falsa idea de que la solución al desafío climático se reduce a una sustitución de los combustibles fósiles por las energías de origen renovable. Aunque dicho relevo sea imperativo, no basta. Está en cuestión el corazón mismo de un sistema económico basado en la extracción y el derroche de materiales y recursos, lo que plantea interrogantes inquietantes acerca de la sostenibilidad de una economía digitalizada y electrificada a escala global. El reto se multiplica, porque el cambio climático se cruza en el tiempo con la automatización, la robotización y la digitalización del trabajo, junto con el envejecimiento de la población y en un contexto de globalización. 

Los sindicatos no deben luchar por trabajos del viejo modelo; sí pedir protección social y nuevos empleos

La población vulnerable no ha de pagar los platos rotos de la transición

En este contexto, se multiplican los llamamientos a que la transición ecológica tenga lugar de forma justa desde un punto de vista social,  para que las aportaciones ciudadanas al esfuerzo colectivo que se requiere no acaben perjudicando precisamente a las capas de la población con menos recursos: quienes no pueden acceder a un vehículo eléctrico, quienes tienen más dificultad para realizar reformas en la vivienda que mejoren su aislamiento térmico, quienes no pueden permitirse la adquisición de productos de proximidad, que suelen ser más caros… 

En particular, las medidas en materia fiscal deben tener en cuenta la situación de partida de las personas. Los economistas ambientalistas coinciden en la conveniencia de un impuesto global al carbono, y en este sentido experiencias como las aplicadas por el Gobierno de Canadá, que grava el carbono y reembolsa a los hogares según su gasto energético y su situación económica, arrojan luz al debate. Se imponen las luces largas desde la política, y algunos consensos básicos para que los más vulnerables no sean quienes acaben pagando el grueso de los platos rotos.