Al menos, que paguen
El objetivo es que las empresas digitales tributen allí donde obtengan sus beneficios, no donde disfruten de un trato fiscal más favorable. España trata de ponerse a la cabeza.
ILUSTRACIÓN: PERICO PASTOR
Si no se puede frenar su avance arrollador, al menos que paguen impuestos. Esta es la idea detrás del plan de instituciones supranacionales como la Unión Europea y la OCDE para recaudar los tributos que dejan de pagar los gigantes tecnológicos estadounidenses. El objetivo: que las empresas contribuyan al fisco allí donde generan beneficios, no donde tengan un tratamiento fiscal más favorable.
Hasta ahí la teoría. En la práctica, consensuar una posición común está siendo extremadamente difícil, por lo que algunos países han decidido actuar por su cuenta y poner en marcha su propio impuesto, entre ellos España. El Gobierno de Pedro Sánchez quiere ser el primero en hacerlo y también el más contundente. En octubre pasado presentó un plan que incluye gravar con un tipo del 3% determinadas actividades de empresas digitales que facturen más de 750 millones de dólares en todo el mundo y al menos 3 millones de euros en España. El propósito de dichos umbrales es que solo paguen las compañías grandes y que las pymes queden exentas del tributo. Entre las sociedades afectadas estaría la plana mayor del negocio de Internet: Google, Facebook, Apple, Amazon, Airbnb y Uber.
Para aplicar el impuesto, el usuario de los servicios sujetos a gravamen debe estar ubicado en territorio español. La recaudación prevista por el Gobierno asciende a 1.200 millones de euros anuales. Al concluir 2018, el Anteproyecto de Ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales se encontraba en trámite de información pública y pendiente de debate en el Congreso de los Diputados. La falta de apoyo parlamentario a los Presupuestos Generales del Estado presentados por el Ejecutivo y la posibilidad de que haya elecciones generales durante el año 2019 podrían complicar el proceso y retrasar sine die su entrada en vigor.
Las actividades digitales sujetas al nuevo impuesto serían tres: la publicidad en red, la intermediación en red y la venta de datos de usuarios. Son los mismos supuestos que figuraban en el primer borrador de la Directiva de Impuesto sobre Servicios Digitales, conocido popularmente como Tasa Google, presentado en marzo por la Comisión Europea a iniciativa de Francia y Alemania. La negociación del texto, cuya aprobación definitiva requiere el voto unánime de los 28 socios de la Unión, está siendo muy complicada. Irlanda, Suecia, Dinamarca y Finlandia se opusieron con más fuerza al plan francoalemán con el argumento de que la respuesta, para que funcione, debe ser global.
Alemania, que en un principio impulsó con entusiasmo la directiva, defiende ahora rebajar su alcance. Presionado por la potente industria automovilística germana, el Gobierno de Angela Merkel quiere eximir del gravamen la venta de datos de usuarios. ¿Motivo? El coche sin conductor, en el que trabajan actualmente las marcas alemanas, acumulará una gran cantidad de información de los conductores que generará grandes beneficios.
SOLO LA PUBLICIDAD
Alemania y Francia pactaron a principios de diciembre descafeinar la propuesta de directiva y gravar únicamente el negocio de la publicidad online a partir del año 2021 si los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) no han pactado antes un impuesto común. Si se eliminaran los otros dos supuestos y solo se tributara por la publicidad, Amazon se vería eximida del impuesto, no así Google y Facebook.
Además de España, otros dos países europeos han puesto en marcha iniciativas propias para legislar sin esperar a un acuerdo en Bruselas. Inmerso en el caótico proceso de brexit, Reino Unido ha comenzado a estudiar una digital services tax que impondría un tipo del 2% a determinados servicios digitales. Italia, por su parte, aprobó en diciembre de 2017 un proyecto de ley para implantar un impuesto web del 3% a partir del 1 de enero de 2019, pero a finales de diciembre no había indicios de fuese a entrar en vigor.
BURLAR A HACIENDA
Los intentos de regular fiscalmente a los gigantes de Internet llegan con bastante retraso. Las grandes plataformas digitales llevan años burlando las haciendas estatales y refugiándose en países con regímenes fiscales más ventajosos, privando a los Gobiernos de unos ingresos vitales para reducir sus respectivos déficits presupuestarios y financiar las pensiones, la sanidad o la educación.
Una dificultad añadida es que los Gobiernos se encuentran en territorio desconocido. Hasta la irrupción de Internet en la década de 1990, las normas fiscales internacionales se basaban exclusivamente en la presencia física de una empresa o un contribuyente en un territorio determinado. No fueron concebidas, por tanto, para hacer frente a los nuevos modelos de negocio, basados principalmente en datos y activos intangibles que atraviesan fronteras sin control.
Desde el Gobierno explican que los gigantes digitales obtienen importantes ingresos con actividades que se escapan al marco fiscal español. Este no tiene en cuenta los modelos de negocio en los que las empresas prestan servicios en un país sin estar físicamente presentes en él y tampoco reconoce el papel que desempeñan los usuarios en la generación de valor para las plataformas digitales mediante el suministro de datos o la generación de contenidos. Además, es extremadamente difícil impedir la deslocalización de activos intangibles a jurisdicciones de escasa o nula tributación. Todo ello, sostiene el Ejecutivo, “provoca una desconexión entre el lugar donde se genera el valor y el lugar donde tributan las empresas”.
Ante la presión ejercida por las autoridades nacionales, las compañías han ido aumentando sus aportaciones al fisco. Según cálculos del diario ABC, las filiales españolas de Google, Apple, Facebook y Amazon triplicaron sus pagos a Hacienda en el último ejercicio cerrado, 2016, frente a lo tributado el año anterior. Si en 2015 pagaron conjuntamente 5,8 millones de euros en impuestos, el año siguiente la factura ascendió a 20,4 millones. A pesar del incremento, son cifras muy pequeñas si se comparan con los enormes ingresos que las cuatro compañías obtienen con sus negocios en España.
AUMENTA LA PRESIÓN
Los gigantes tecnológicos estadounidenses suelen utilizar un complejo entramado de filiales para desviar la mayor parte de sus beneficios hacia paraísos fiscales o territorios con escasa tributación. Hasta ahora, sus filiales españolas únicamente han declarado los beneficios obtenidos por la prestación de servicios de marketing o de gestión a sus respectivas matrices.
El Gobierno, por su parte, ha aumentado la presión sobre los gigantes digitales en los últimos años. En verano de 2016, inspectores de Hacienda registraron dos sedes de Google en Madrid. Facebook ha prometido que todas sus filiales comenzarán a tributar por los ingresos obtenidos en cada país.
Hay división en la UE sobre el alcance del nuevo impuesto
Los expertos alertan de la enorme complejidad de la tarea
Algunos expertos consideran que una tasa del 3% sería insuficiente para frenar la evasión fiscal de los gigantes de Internet. Gabriel Zucman, profesor en la Universidad de California-Berkeley y miembro de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional, apunta que más de la mitad de los beneficios que generan fuera de EE UU se declaran en seis paraísos fiscales: Bermudas, Suiza, Irlanda, Holanda, Singapur y Luxemburgo. Zucman propone cambiar la forma de calcular cuántos impuestos deben pagar las empresas. Se trataría de tomar los beneficios globales de cada una y desglosarlos entre Estados, tomando como referencia las ventas efectuadas en cada país. Por ejemplo, si Apple efectuara el 10% de sus ventas totales en España, entonces el 10% de sus beneficios mundiales estarían sujetos a impuestos en España.
Algunos expertos advierten de que legislar en solitario en un contexto de creciente globalización presenta muchas dificultades. Miguel Cruz Amorós, ex director general de Tributos, opina que las características técnicas de las reglas y proporciones que determinarían la base imponible del impuesto del 3% complicarían mucho su comprensión para los juristas. “Estamos ante un impuesto para ingenieros de telecomunicaciones que entiendan fluidamente las particularidades digitales de este tributo”, escribió en elderecho.com. Según este experto, la otra gran dificultad radicaría en la aplicación del tributo a contribuyentes establecidos en EE UU o China, por ejemplo, que podrían plantear resistencias apoyándose en los principios de la fiscalidad internacional.
El impuesto a los servicios digitales llegará tarde o temprano. Habrá que esperar para ver qué forma adquiere, cuál será su alcance y si se aplica en el ámbito nacional, europeo o global.
