Apoyo general, con matices
Agricultores, ganaderos y directivos de las organizaciones empresariales implicadas en la cadena alimentaria dan la bienvenida a la ley que marcará sus relaciones comerciales durante los próximos años.
La reforma de la ley que regula las relaciones comerciales entre agricultores y ganaderos y las grandes empresas distribuidoras ha suscitado un consenso poco frecuente. Prácticamente todos agentes implicados coinciden, con algunos matices, en que la nueva norma va a hacer más equitativo y trasparente el reparto de los beneficios entre quienes producen los alimentos en origen y las empresas que los venden en los supermercados. No obstante, hay dudas sobre el modo de aplicar la ley sobre el terreno, el cálculo del llamado "coste efectivo del productor" y la efectividad de las sanciones que se impondrán a quienes incumplan las reglas.
1. ¿Qué opinión le merece la nueva ley?
 |
| Miembro de la Comisión Ejecutiva de la Coordinadora de Organizaciones Agricultores y Ganaderos (COAG) |
Andoni García. Es una ley muy positiva que supone una gran oportunidad no solo para los productores, sino para toda la cadena. Ha introducido elementos muy importantes que la anterior de 2013 no incluía.
Mauricio García de Quevedo. Nuestro país ha sido pionero en Europa en la redacción de un texto como este. Valoramos la disposición, a través del diálogo, de todos los eslabones de la cadena alimentaria para trabajar juntos en beneficio del consumidor. Esta ley da un paso adelante en el buen camino, aunque habrá que analizar su aplicación práctica para valorarla definitivamente.
Javier Alejandre. Se trata de la ley más avanzada en materia de control de la cadena en toda la Unión Europea. Deberá servir para cambiar la forma de operar en la cadena alimentaria, restableciendo el equilibrio perdido por unas relaciones de fuerza y capacidades de negociación totalmente asimétricas durante décadas. Es un logro histórico de los agricultores y ganaderos de toda España que, con su esfuerzo, sus demandas y sus reivindicaciones durante los últimos años logran así una protección legislativa sin precedentes. Se trata de un instrumento muy necesario para cambiar la cultura imperante en la cadena agroalimentaria, de tal forma que insta a todos los eslabones a generar valor y a tener en cuenta al resto de la cadena.
 |
| Director general de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) |
Felipe Medina. En teoría, persigue el equilibrio en la cadena y busca la sostenibilidad del conjunto. Puede aportar transparencia y estabilidad en las relaciones comerciales a través, por ejemplo, de la firma de contratos. En todo caso, las medidas estructurales que necesita el sector agroalimentario deben seguir abordándose porque son aún más importantes para los agricultores, como las relativas a la mejora de la estructura de producción, la comercialización en origen y la orientación de la producción al mercado.
2. ¿Qué es lo mejor de la norma?
A. G. El cambio más destacable es la obligación de que el precio que van a cobrar los agricultores y ganaderos cubra todos los costes de producción. Es un reconocimiento de que es preciso pagar un precio justo por lo que se produce. Prohibir la venta a pérdidas en el último eslabón de la cadena va a dar seguridad a toda la cadena. Es muy relevante la inclusión de las grandes empresas del canal HORECA (hoteles, restaurantes y catering).
M. G. Q. Aspectos clave como la introducción de la prohibición de la venta a pérdidas en el último eslabón. Ahora hay que conseguir un control eficaz de esta práctica desleal que perjudica a la producción, a la industria y al empleo.
 |
| Miembro del Gabinete Técnico de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) |
J. A. Se aclara el concepto de coste efectivo de producción y cómo calcularlo. Se endurecen las sanciones y se permite que sean públicas. Se amplían las funciones del Observatorio de la Cadena en la información sobre formación de precios.
F. M. La ley amplía el ámbito de aplicación en las relaciones comerciales hacia algunas de las que se producen en origen y que antes no estaban incluidas. Esto puede suponer más igualdad a la hora de evaluar las relaciones en la cadena, ya que las prácticas desleales se pueden dar en cualquier eslabón, independientemente del peso en el mercado, el tamaño y la posición de las empresas.
3. ¿Cuáles son sus principales defectos?
A. G. La ley se aprueba en un contexto de desregulación de los mercados y acuerdos de libre comercio, dos factores que pueden condicionar su eficacia. No se está exigiendo que las importaciones a la UE cumplan la normativa. Sería conveniente que un observatorio de las importaciones garantice que así sea.
M. G. Q. El artículo que más problemas de aplicación práctica va a dar y crea más inseguridad jurídica es el del coste efectivo del productor, que será de difícil aplicación, en especial el compromiso de que este coste lo tenga que justificar el comprador.
 |
| Secretario general técnico de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS) |
J. A. El texto podía haber tenido una redacción más clara. La reivindicación del sector que no se ha visto reflejada es la necesidad de que exista un mediador para los contratos alimentarios del sector productor. Necesitamos una autoridad que ,en caso de desacuerdo en las condiciones de los contratos, pueda mediar y equilibrar una relación, que especialmente en los productos perecederos es muy asimétrica y desigual.
F. M. Es importante que todos tengamos claro que el fin de la ley no es garantizar precios en origen. Eso conllevaría intervenir el mercado y en Europa no es posible, además de ser, a largo plazo, negativo para toda la cadena. Es muy importante no confundir a nadie.
4. ¿Cómo se puede garantizar su cumplimiento?
A. G. Va a ser difícil. El Gobierno y la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) podrán llevar a cabo inspecciones de oficio para comprobar que se cumplen los contratos, y esperamos que lo hagan de manera activa y ágil. Nos preocupa que los plazos para pagar las sanciones se alarguen demasiado. Hay miedo entre los productores de que haya represalias por parte de la distribución si se denuncian abusos en su posición dominante.
M. G. Q. Habrá que esperar unos meses para analizar cómo se aplica especialmente en artículos como el coste efectivo del productor.
J. A. Es necesario dotar de medios suficientes a la AICA y a las comunidades autónomas para que vigilen el cumplimiento de la ley. Hay que poner en marcha una campaña de concienciación de todos los agentes de la cadena. Tenemos los mecanismos; ahora es el momento de ponerlos en marcha y proteger de una vez a los pequeños y medianos agricultores en España.
F. M. Es importante no generar costes innecesarios y más burocracia a la hora de garantizar el cumplimiento de la ley. Seguimos defendiendo la utilidad del Código de Buenas Prácticas, parte de cuyo contenido ha sido utilizado para redactar la reforma.
Entusiasmo variable
Además de los agentes que han participado en la consulta de Alternativas Económicas, otras organizaciones agrarias han expresado sus opiniones sobre el nuevo marco regulatorio de la cadena alimentaria, unas con más entusiasmo que otras. Para la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), la ley es un elemento clave para avanzar hacia unas relaciones comerciales más justas, equilibradas y transparentes. “Con esta modificación normativa, los productores van a ver reforzada su posición negociadora y lograr una remuneración digna por su trabajo”, afirma la organización. Para su presidente, Pedro Barato, la efectividad de esta ley "dependerá de su grado de cumplimiento, por lo que el Gobierno debe poner todos los medios a su alcance para que sirva para algo”.
La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos es la organización que más crítica se muestra con la nueva norma y ha presentado una denuncia ante la Comisión Europea por considerarla contraria a lo dispuesto en parte de la directiva de prácticas desleales en la cadena alimentaria. Unión de Uniones opina que se han traspuesto incorrectamente el ámbito de aplicación de la norma y ciertas normas sobre la publicidad de las sanciones.
