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Bruselas desea cambios y pone presión

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Noviembre 2014 / 19

La Comisión exige medios para que el regulador trabaje con independencia y cambie el cese y la designación de consejeros.

Ahorrar y lograr una mayor eficiencia fueron los argumentos esgrimidos por el Gobierno para precipitar en 2013 la fusión de reguladores. Ahorrar en instituciones que también vivieron sus buenos tiempos previos a la crisis y la austeridad, como ilustran un par de ejemplos: la inversión de 19 millones de euros por la antigua Comisión Nacional de la Energía (CNE) en un nuevo edificio que nunca se llegó a usar, en 2008, y la alegría de recursos con la que la antigua Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) intentó incentivar los traslados a una nueva y flamante sede en Barcelona —hoy no llena—. La CMT consumió 20 millones de euros en un traslado, en 2005, con el que el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero apoyó la reclamación catalana de una descentralización territorial de los reguladores. La cifra incluye aumentos de sueldo y ayudas a la vivienda.

El Gobierno del PP dijo que con la fusión se recortarían gastos por 28 millones. Sin embargo, 18,74 millones de esa cuantía aluden al ahorro potencial de no poner en marcha organismos previstos, como el Comité de Regulación Ferroviaria (CRF), la Comisión de Regulación Aeroportuaria (CRA) y el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA). El ahorro por la suma de las entidades ya existentes —CNE, CMT, Comisión Nacional de la Competencia (CNC) y Comisión Nacional Postal (CNP)— queda en 9,4 millones.

Nueve millones no parece una gran cantidad de dinero si se tiene en cuenta el potencial de la nueva Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) como instrumento para impulsar el crecimiento y la competitividad. Por otro lado, el ahorro que la fusión de reguladores supone además para las empresas —en la medida en que evita la duplicación de informes a caros bufetes de abogados, que de pronto se encuentran con una sola ventanilla, aunque el trabajo en sí no debería disminuir— también palidece si se recuerdan los millones que manejan los cárteles de empresas que se alían en perjuicio del consumidor.

¿Cuenta hoy la CNMC con suficientes medios para hacer su tarea? El Ministerio de Economía opina que los medios financieros y humanos bastan para ejercer sus competencias “de manera eficiente, dentro de la política de austeridad” que marca la legislatura. El presupuesto prevé para la actividad ordinaria de la CNMC 59, 7 millones, “el 13% más que el año anterior” (52,7 millones). El ministerio de Luis de Guindos apunta que la institución “sigue contando con la especialización técnica” que necesita para las tareas encomendadas, y que, a falta de memoria anual, los datos que en mayo ofreció al Parlamento el presidente José María Marín Quemada “parecen señalar que el organismo funciona de forma eficaz”. Se refiere a 88 reuniones, 995 acuerdos o resoluciones y a 483 asuntos presentados para su seguimiento. El 48% de ellos corresponden al sector energético.

 

IMPACTO DE LA AUSTERIDAD

Pero Bruselas —que en 2012 y 2013 ya se mostró muy crítica por la vía de cartas a los ministros José Manuel Soria, de Industria, y Luis de Guindos, de Economía, respecto del cese de anteriores consejeros, el nombramiento de los nuevos, la pérdida de competencias de los reguladores y su financiación— sigue con la mosca tras la oreja. En un informe del pasado julio, nueve meses después del inicio de las actividades de la CNMC, afirma: “El número total de personal de las agencias reguladoras nacionales se ha visto afectado por las medidas de ajuste tomadas en España. La plantilla de la CMT disminuyó de 142 a 130, y la CNMC aún no ha reportado sobre el impacto en términos de plantilla total. En este contexto, es relevante garantizar que la autoridad nacional disponga de recursos humanos y financieros adecuados para llevar a cabo sus funciones, en relación con los requisitos de la regulación de la UE”. En el primer nivel de la dirección de Energía no quedan directivos de la CNE, dice el Gobierno en respuesta parlamentaria al PSOE.

En una de las cartas sobre el asunto, fechada en abril de 2013 y firmada por la hasta ahora vicepresidenta Neelie Kroes, responsable de la Agenda Digital, se recoge “el compromiso” del ministro Soria de hacer de la CNMC un organismo “con competencias” e “independiente”. Kroes y Soria ya habían hablado de ello el 28 de febrero anterior, aprovechando el Congreso de telefonía móvil de Barcelona. Sin embargo, Kroes confesó en mayo pasado a la diputada socialista Soraya Rodríguez : “Algunas de nuestras preocupaciones, como el nombramiento y cese de los miembros del consejo y la atribución de ciertas competencias, no han sido abordadas”.

De hecho, reina cierto caos. Industria no se ha llevado de forma explícita funciones que por ley sí se ha atribuido. La CNMC quiere que se clarifique la situación: si se las lleva o no que conste por escrito, porque mientras el personal responsable siga en su sede, de momento le toca asumir la tarea, aunque la ley diga lo contrario. Ocurre en casos como, por ejemplo, la antigua función 14, que da voz a la toma de participaciones en empresas en sectores regulados como el energético. Cuando el Gobierno presentó su anteproyecto de ley del Código Mercantil, Marín Quemada alertó sobre la posibilidad —incluida en él— de que el Ejecutivo pueda vetar ciertas operaciones, y reclamó que precisara bajo qué circunstancias.

La necesidad de un regulador independiente y con suficientes competencias no sólo figura en el citado último informe de Kroes, sino también en las Recomendaciones a España sobre el Programa de Reformas de 2013. La amenaza de un expediente de infracción planea aún, aunque en la institución están tranquilos, y también en el Gobierno. “España está en conversaciones continuas con la Comisión para garantizar el total cumplimiento de la normativa comunitaria”, asegura Economía.

El comité de empresa de la CNMC ha denunciado falta de medios para realizar su trabajo. Algunos directivos se fueron, molestos con el modelo de la fusión y/o por los recortes de sueldos (hasta del 40%). En teoría, para evitar grandes estipendios, el Gobierno y la CNMC desean funcionarizar la institución, de 500 personas, y en la que coexisten funcionarios (40%) con personal laboral (60%), con salarios muy distintos.

Muchos académicos y, claro, los afectados, no ven esta apuesta como premisa para una gestión cualificada y competente por falta de especialización. “El regulador debería aspirar a tener a los mejores de cada sector. Eso es peliagudo, y caro: suelen estar en las empresas. Las empresas pueden ficharlos por cinco veces más”, comenta un ex consejero. El drama real de las puertas giratorias se da en los cuadros medios. Pero la CNMC confía en la vocación de servicio público de su personal.

 

PARA SEGUIR MEJOR ESTE REPORTAJE

Léxico frecuente al hablar de competencia y política de regulación:

‘CÁRTEL’

Es el foco principal de actividad de las autoridades de la Competencia. Es un pacto entre empresas para repartirse el mercado, subir los precios o incurrir en otras prácticas que perjudiquen al consumidor y que vayan contra la competencia.

POLÍTICA DE CLEMENCIA

Viene a ser un chivatazo. El miembro de un cártel acepta colaborar con Competencia y descubre su actividad irregular. A cambio, se le perdona toda o parte de la multa. Cuando en 2008 se introdujo en España... se formó cola.

‘PUERTAS GIRATORIAS’

Es el trasvase de directivos entre el sector público y el privado. Salvo en el caso de políticos que no saben del asunto —con agenda o favores—, la frontera es porosa, pues al regulador le conviene tener gente que conozca las trampas del sector.

INVERSIONES ‘HUNDIDAS’

Son inversiones voluminosas en infraestructuras de empresas que operan en sectores regulados y, como no pueden emplearse en otras actividades, influyen en las trabas a nuevos competidores y en la reticencia a bajar precios.

LIBERALIZACIÓN

Liberalizar es abrir un mercado a la libre competencia. Que cualquiera pueda entrar en él si cumple determinadas reglas. No estamos hablando de que las empresas sean públicas o privadas. Error: se confunde a menudo con privatizar.

PRIVATIZACIÓN

Es la venta de una empresa pública a inversores privados, como ocurrió con Endesa, Repsol, Iberia o Telefónica. No significa que en el mercado haya competencia. Bruselas ha sacralizado la idea de que los privados gestionan mejor.

‘MONOPOLIO NATURAL’

Existen en industrias donde acaba siendo más eficiente que una sola empresa pueda generar toda la producción del mercado, puesto que el coste es menor que si existieran diversas compañías compitiendo.

 

PARA SABER MÁS

Privatization, Reestructuring and Regulation of Network Utilities.
David M. Newbery, Walras-Pareto Lectures, Universidad de Lausana. Año 2000.

Información Comercial Española (ICE), 50.º aniversario de la primera ley de Competencia en España.
Ministerio de Economía y Competitividad. Varios autores. Coordinación: Javier García-Verdugo. Febrero de 2014.

Regulación y competencia: en busca de efectos no deseados.
Autoritat Catalana de la Competència. Generalitat de Catalunya. Coordinación: Anna Merino. Agosto de 2013.

Informe sobre la CNMC.
Fernando Díez Estella, Fundación Ciudadanía y Valores. Julio de 2014.