Corrupción se escribe con Ñ
Las malas prácticas en la vida pública lastran el desarrollo económico y alejan a España de los países más avanzados
ILUSTRACIÓN: PERICO PASTOR
La imagen del ex tesorero del PP Luis Bárcenas haciendo la peineta a los fotógrafos que le esperaban en el aeropuerto de Barajas quedará grabada para siempre en la memoria colectiva como símbolo de una época marcada por la corrupción política. La corrupción no sólo es un fenómeno global que deteriora la fibra moral de un país y la convivencia ciudadana, sino que trae consigo un enorme coste para las economías nacionales. En el caso español, las malas prácticas en la vida pública durante los años más duros de la crisis han privado al Estado de fondos vitales en el momento en que más se necesitaban, además de crear un ambiente de impunidad y pesimismo que desanima a los ciudadanos a crear nuevos negocios y pagar sus impuestos.
En la última década, España ha sido testigo de toda la gama de comportamientos corruptos: sobornos, adjudicaciones irregulares de contratos por parte de las administraciones, recalificaciones de suelo, financiación ilegal de partidos políticos, apropiación de fondos públicos… Desafortunadamente, los expertos sospechan que lo que hemos visto es la punta del iceberg, tan sólo un puñado de casos desvelados gracias al esfuerzo de los medios de comunicación, los jueces, las organizaciones no gubernamentales y los propios ciudadanos.
¿Está enquistada la corrupción en España? Los estudios y los sondeos de opinión reflejan un altísimo grado de preocupación de los ciudadanos por el fenómeno. Según un Eurobarómetro especial elaborado en 2013 por Eurostat, la agencia estadística de la Unión Europea, los españoles son los europeos que se consideran más afectados personalmente por la corrupción en su vida cotidiana. El 62% de los encuestados así lo siente, frente a la media europea del 26%. Las conclusiones de la encuesta son devastadoras: para el 95% de sus ciudadanos, la corrupción es un problema muy extendido (76% en la UE) y para el 91% existe corrupción en las instituciones locales y regionales (77%).
EL GRAN PROBLEMA
Víctor Lapuente, profesor del Instituto de Calidad de Gobierno de la Universidad de Gotemburgo, cree que a la hora de analizar el problema es necesario distinguir entre baja y alta corrupción. La baja corrupción es aquella que afecta a la vida cotidiana de los ciudadanos, obligados a sobornar a pequeños funcionarios, policías, profesores, médicos y otros profesionales. Lapuente afirma que en España la baja corrupción ya no existe y que por ello es prácticamente homologable a los mejores países del mundo en este terreno. Así lo corroboran los sondeos: según el Eurobarómetro de 2013, sólo el 2% de los encuestados españoles fue objeto de una petición, implícita o explícita, de soborno durante el año anterior, frente al 4% de la media continental. El dilema de España, señala Lapuente, es la gran corrupción, derivada de la viciada relación entre los poderes político y económico. “Ahí sí tenemos un problema”, afirma el profesor. “Somos como el norte de Europa en corrupción baja y casi como Italia o Grecia en corrupción alta”.
Simona Levi, fundadora de la organización X.net, dedicada a promover la democracia en la era digital y conocida por haber destapado los correos de Miguel Blesa en Caja Madrid, opina que la corrupción en España es sistémica; es decir, que ha penetrado a fondo en todos los ámbitos del poder. “No lo decimos en términos morales, sino técnicos. Por el material que manejamos, como los correos de Blesa, queda claro que se favorece la configuración de algunos partidos como organizaciones criminales de tipo mafioso en las que los simpatizantes y miembros honestos son utilizados como tapaderas para cometer crímenes económicos”. Levi sostiene que los gobiernos se comportan con frecuencia como “brazos ejecutores” de estas tramas corruptas y que las leyes se utilizan como instrumento para facilitar su desarrollo. “En el caso de Bankia este mecanismo es claro”, afirma la activista. “Rodrigo Rato legisló en materia de preferentes y luego se ha enriquecido con la entidad que las emitió”.
Los expertos sospechan que lo que vemos es sólo la punta del iceberg
Las malas prácticas privan al Estado de recursos esenciales
Las inversiones caminan en sentido inverso a la corrupción
El coste económico de la corrupción es mucho más difícil de medir que la percepción de los ciudadanos, precisamente por el carácter opaco de las malas prácticas en la vida pública. En un informe monográfico sobre el tema publicado en febrero de 2014, la Comisión Europea sostenía que la corrupción es una práctica altamente extendida en casi todos los países de la Unión y que ello cuesta al ciudadano 120.000 millones de euros cada año. La Comisión no desglosó el coste país por país. En el caso de España sí se atrevió a hacerlo un equipo de la Universidad de Las Palmas, que en un estudio sobre el coste social de las prácticas corruptas, dio la cifra de 40.000 millones de euros anuales, lo cual supone aproximadamente el 4% del producto interior bruto (PIB). Los autores del estudio sostienen que la corrupción en España es mucho mayor que la reflejada en las estadísticas oficiales y en el índice de percepción de la corrupción que elabora anualmente la organización no gubernamental Transparencia Internacional, una de las grandes referencias para medir el alcance del fenómeno.
Miguel Ángel Mayo, coordinador del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda en Catalunya, cree que la corrupción supone un freno directo al desarrollo económico al restar directamente recursos a la actividad, y que además supone un desacelerador natural por el efecto que tiene sobre la imagen de un país y acerca de las inversiones extranjeras, así como por eliminar el efecto multiplicador que estos recursos podrían tener si se hubieran destinado a la economía productiva. “La corrupción, junto con el fraude fiscal, hace de pinza directa en la economía, en tanto que le resta recursos y le impide progresar de manera mínimamente eficaz”, opina Mayo.
La corrupción hace daño a la economía de múltiples maneras. No sólo supone un freno para las inversiones, tanto nacionales como extranjeras, sino que hace que éstas resulten menos productivas. A los gobiernos con reputación de corruptos les cuesta mucho convencer a los inversores de que sus países son un buen lugar para hacer negocios. Numerosos estudios muestran que la entrada de capital en un país se deteriora en paralelo a sus niveles de corrupción y que la falta de un marco jurídico estable y de instituciones transparentes desanima a quienes quieren entrar en un determinado mercado. Cuando los gobernantes se dedican a recibir comisiones y sobornos, apuestan por proyectos que les benefician a sí mismos y a sus amigos en lugar de a toda la sociedad. Ejemplos de ello son el alto coste de las autopistas radiales de Madrid, que están a punto de ser rescatadas con dinero público por su enorme sobrecoste y la falta de uso, o la construcción de aeropuertos inutilizados como los de Castellón y La Mancha.
Las actividades corruptas también tienen un impacto negativo en la productividad de una economía por los bajos niveles de calidad burocrática. Con frecuencia, los empleados públicos son nombrados por su fidelidad a los políticos y no por su eficiencia o su capacidad profesional. “En España, no hay suficientes contrapesos internos”, señala Víctor Lapuente. “No tenemos un cuerpo de funcionarios como el británico, ajeno a los partidos políticos, que se encarga de que los ministros no favorezcan a sus amigos. En España, demasiados cargos dependen de los contactos políticos”.
LA BURBUJA INMOBILIARIA
Las conductas corruptas en España se dan con más frecuencia en el desarrollo urbanístico, la financiación de los partidos y la contratación pública. La percepción de las empresas sobre el fenómeno es escalofriante: el 97% de ellas (el segundo porcentaje más alto de la UE) considera que la corrupción está muy extendida, mientras que el 88% considera que la corrupción y el abuso de poder están extendidos entre los políticos, los partidos políticos o los altos cargos a escala regional o local. El 93% de los participantes en la encuesta de Eurostat manifestó que el favoritismo y la corrupción obstaculizan la competencia empresarial.?La eficacia de los controles del gasto público en los niveles estatal, autonómico y local se ha demostrado claramente insuficiente. La Comisión Europea destaca en su informe que las amplias competencias atribuidas a esas administraciones “no se corresponden de manera equilibrada con una rendición de cuentas adecuada”. Numerosos procesos penales por denuncias de corrupción atañen a cargos electos locales y regionales, en muchos casos con la implicación de redes de clientelismo.
En España hay demasiados cargos de designación política
La crisis ha cambiado la actitud de los ciudadanos
Los ayuntamientos en España tienen amplios poderes en materia de planificación urbana (la Constitución de 1978 y los estatutos de autonomía dejaron esas competencias en manos de dichas administraciones, incluyendo la recalificación del suelo y la contratación de servicios públicos), y los gobiernos regionales ejercen únicamente un control limitado. Por ello, los sectores de la construcción y la planificación urbana son tan vulnerables a comportamientos corruptos como cambios ilegales en la calificación del suelo o la malversación en la construcción de obras públicas. Es la razón por la cual es tan grande el número de alcaldes y concejales procesados por corrupción.
El origen de la burbuja inmobiliaria española suele atribuirse al exceso de crédito barato, pero como destaca Julio Rodríguez López, ex presidente del Banco Hipotecario y miembro del colectivo Economistas frente a la crisis, detrás del volumen de construcción tan acusado estaban las licencias de obras concedidas por los ayuntamientos, que dieron prioridad a la calificación de suelo residencial al margen de las necesidades del mercado de la vivienda. “En síntesis, la corrupción afecta de forma negativa a la asignación racional de los recursos públicos y privados de la economía”, sostiene Rodríguez López. “Algunas de las consecuencia más directas han sido la existencia de un nivel de infraestructuras por encima de las necesidades, un mayor endeudamiento público y un exceso de viviendas no vendidas que afectan negativamente a los bancos, a los que ha habido que sanear con deuda pública. En opinión de este experto, la corrupción genera un “enriquecimiento irritante de los beneficiados por la misma”, cuyos efectos sobre la moralidad pública resultan incontrolables, sobre todo cuando se retrasan las sentencias de los procesos judiciales en curso o las sentencias implican una fuerte carga de impunidad.
Existe un consenso entre los especialistas en que los españoles han sido tradicionalmente demasiado tolerantes con la corrupción. Como señala Pablo Simón, profesor visitante de la Universidad Carlos III y miembro del colectivo Politikon, a veces los ciudadanos aceptan la corrupción a cambio de que ésta lleve aparejada beneficios a corto plazo; es lo que en Brasil calificaron de “rouba mais faz”. Roba, pero haz cosas. El político se queda una comisión, pero el pelotazo urbanístico trae actividad a la ciudad. En el largo plazo, sin embargo, el sobrecoste de las obras lo acaba pagando el contribuyente.
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| ILUSTRACIÓN: PERICO PASTOR |
Sin embargo, la actitud de los ciudadanos ante la corrupción parece haber cambiado radicalmente tras el estallido de la crisis. “La gente ha reaccionado al ver el deterioro de los servicios, de la sanidad pública y de la educación”, señala Víctor Lapuente. Casos como la operación Púnica, que muestran el enriquecimiento de Francisco Granados, que fue un alto cargo de la Comunidad de Madrid durante los peores años de la crisis, han elevado el nivel de descontento de los españoles sobre el comportamiento de sus políticos.
Simona Levi opina que en los países con gobernantes más corruptos la sociedad “debe tener la valentía de construir colectivamente un imaginario de referencia diferente”. Levi sostiene que el movimiento del 15M lo ha logrado. En su opinión, “una sociedad desmovilizada e inactiva que se fía de sus partidos, sean cuales sean, es una sociedad condenada a ser víctima de un abuso de confianza”.
Más allá de su impacto económico, la corrupción erosiona gravemente la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Víctor Lapuente explica que antiguamente, los países considerados más poderosos y avanzados eran aquellos con mayor poderío militar; luego fueron los que tenían más recursos naturales. Ahora son las naciones con mejores instituciones las que van a la cabeza de la carrera hacia la prosperidad. “La democracia formal no trae bienestar; mientras el poder esté tan concentrado, es sólo un escaparate”, opina Lapuente. “Lo que explica la prosperidad es, por encima de todo, tener instituciones independientes y no corruptas”.
ACABAR CON LA LACRA
¿Qué puede hacerse para mejorar? La Comisión Europea aconseja estrechar la vigilancia de la financiación de los partidos políticos, centrándose en la supervisión de los préstamos y de sus cuentas internas (incluidas las ramas regionales y locales), así como reforzar las sanciones a las organizaciones que incumplan las normas. Otras recomendaciones son la creación de códigos de conducta exhaustivos para los cargos electos, con la adecuada rendición de cuentas e instrumentos sancionadores de posibles violaciones a dichos códigos; el aumento de la transparencia sobre el patrimonio de los políticos y los conflictos de intereses para los cargos electos y de libre designación con un sistema de sanciones disuasorio, y la evaluación independiente de los grandes contratos de obras públicas y de las decisiones urbanísticas.
Simona Levi cree que los ciudadanos deben organizarse y crear los canales de vigilancia que los políticos se niegan a establecer. “Por esto nosotros hemos abierto el caso Bankia, y no sólo abierto, sino que lo mantenemos vivo para que no haya tentaciones de cerrarlo, y hemos creado el Buzon X de filtraciones ciudadanas contra la corrupción”.
PARA SABER MÁS
ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL
http://transparencia.org.es.pymes365.com/
INFORME DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA
EUROBARÓMETRO ESPECIAL SOBRE LA CORRUPCIÓN
http://ec.europa.eu/
