Cuando Uber sea nuestra

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  • Noviembre 2016

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    Una salida a la precariedad de la economía colaborativa pasa por crear cooperativas de usuarios, trabajadores o anfitriones

    ILUSTRACIÓN: PERICO PASTOR

    Cuando los habitantes de la isla escocesa de Gigha se enteraron de que  la familia Holt, a la que pertenecía el territorio, la acababa de poner en venta, constituyeron una sociedad, la Gigha Heritage Trust, para comprarla. Corría el año 2001 y la comunidad, que hoy forma un centenar largo de personas, lo logró gracias a dos créditos por un importe total de cuatro millones de libras. Buena parte del dinero ya ha sido devuelto, a resultas de la venta de la mansión del antiguo dueño de la isla y de un montón de colectas populares. Los administradores, siete, son elegidos por la comunidad. Juntos, gestionan 4 granjas convencionales, una granja eólica, un hotel, una cantera, 47 casas de campo y una extensión de 21,8 hectáreas de jardines y terrenos. La aventura no ha estado exenta de tensiones, pero sus protagonistas reivindican que las viviendas y los servicios han mejorado. Gigha es como una empresa recuperada por sus trabajadores, pero en isla.

    ¿Y si Uber, Airbnb o TaskRabbit, algunos de los gigantes de la llamada “economía colaborativa”, fueran de todos? No se trata de hacerlos públicos, sino de que la comunidad de conductores, anfitriones o profesionales que recurren a este tipo de plataformas para obtener ingresos extra participara de la propiedad, la gobernanza, las decisiones y los beneficios que genere el negocio. Académicos, investigadores sociales y emprendedores de todo el mundo, empezando por Trebor Scholz en la New School de Nueva York y Nathan Schneider en la Universidad de Colorado, están dando forma a una idea que, en realidad, sería juntar los valores democráticos de una cooperativa de trabajo o cooperativa de consumo, según el caso, con la innovación que supone operar mediante una plataforma digital. Por eso, a este tipo de iniciativas se las bautiza como “cooperativas de plataforma”, que deberían financiarse  mediante mecanismos distintos del capital riesgo y se presentan como una alternativa a las grandes corporaciones que engordan al calor de la economía colaborativa. 

    Las plataformas ‘coop’ buscan derechos y ganancias repartidas

    Algunas voces piden una figura entre el asalariado y el autónomo

    Hoy, las plataformas tecnológicas que ponen en contacto a una multitud de potenciales clientes de todo el mundo con una multitud de potenciales vendedores o proveedores de servicios (profesionales o aficionados) hacen su negocio como intermediarios. Son empresas privadas que usan trabajadores que no reconocen como suyos y que carecen de derechos laborales y protección social; empresas que requieren infraestructuras y objetos, que sin embargo aportan los usuarios (coches, casas, herramientas...). Si algo va mal tienden a encogerse de hombros. 

     

    GANAR ESCALA REQUIERE CAPITAL

    Es difícil que las cosas cambien porque la economía colaborativa requiere masa crítica. “El éxito de las plataformas digitales  se basa en la escalabilidad y la expansión. Cuantos más usuarios tengan, mejor. Además, el éxito corresponde al que llega primero y el ganador se lo lleva todo. Ese crecimiento sólo se garantiza con capital externo”, reflexiona David Murillo, investigador del Instituto de Innovación Social de ESADE-URL y coautor del estudio We share, who wins? (‘Nosotros compartimos, ¿quién gana?’) junto a la también investigadora Heloise Buckland.  En sólo dos años (de 2013 a 2015) esas plataformas pasaron de captar 2.000 millones de euros a 13.000 millones, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

    Buckland opina que  las cooperativas de plataforma propiedad de los usuarios, de las que hablábamos al principio, pueden considerarse “luz al final del túnel en la economía colaborativa”. Murillo coincide en que “generan esperanzas” y en que “deben apoyarse”, pero se muestra escéptico. “Es complicado porque el movimiento cooperativo, precisamente por sus valores, no tiene la misma capacidad financiera y para competir”, opina, para lo que “necesitamos soluciones regulatorias en las que confío en que se avance pronto”.

    Una de las que surgieron en el último festival Ouishare, referente del movimiento promotor a la economía colaborativa, celebrado en Barcelona a finales de octubre pasado fue la de inventar una figura que no sea ni un trabajador autónomo al uso ni un trabajador por cuenta ajena. “Con las nuevas formas de trabajar, en muchos casos en microtareas, es incompatible con el Estatuto de trabajador autónomo, con lo que sería deseable añadir otro tipo de regulación”, reclamaba en ese foro Jesús Mercader, profesor de Derecho Laboral de la Universidad Carlos III de Madrid y miembro del bufete Sagardoy. También Sara Rodríguez, responsable de Políticas Públicas de la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital),  abogaba por que pueda darse paso a “otras estructuras laborales que generen ingresos”.

    ¿Cómo encarar el reto de la relación laboral? El abogado José M. Dutilh, socio director del bufete  Le Quid, cree que las cooperativas de trabajo  son una fórmula ventajosa. “En una cooperativa rigen los estatutos sociales y las normas del reglamento de régimen interior, libertad para autorregularse. Es recomendable emplear la libertad de pactar qué régimen se aplicará a los socios, imponerse un marco diseñado por los propios socios  que, si bien pueden inspirarse en normas laborales, pueden adaptarse si éstas no se adaptan bien a la actividad de la cooperativa. También tienen el poder democrático y autónomo de cambiarlo si se quiere sin tener que padecer los cambios que puedan venir desde fuera”.


    DUEÑOS DE LA MÚSICA

    Las cooperativas de plataforma no son sólo una idea. Existen multitud de intentos. 
    Resonate, nacida en Berlín, es una cooperativa de música en streaming propiedad de sus usuarios. Cuando escuchan una canción por primera vez, cuesta 0,002 centavos de dólar. La segunda vez, 0,004. A la quinta, pueden ser propietarios de la canción.  En una línea similar, la plataforma Stocksy propugna la copropiedad y los beneficios compartidos entre fotógrafos que aporten sus trabajos al site. Si se convierten en miembros, reciben el 50% de comisión sobre ventas al final del año. 

     Fairmondo, en Alemania y reproducida también en el Reino Unido,  es una especie de eBay en versión cooperativa, ya que posibilita transacciones entre consumidores responsables.  Cualquier cambio en sus principios debe ser aprobado por el 90% de los miembros.

    Las cooperativas de coches compartidos belgas Tapazz y Partago permiten invertir y participar en su estructura a los accionistas que crean en la misión social de la empresa, esto es, garantizar una sociedad de movilidad sostenible. Modo es una versión de cooperativa de carsharing de 16.000 miembros en Vancouver. Réplicas de Uber las hay en todo el mundo. (Union Taxi en Colorado, VTC Cab en París, Juno en Nueva York...).

    Las plataformas colaborativas captaron 13.000 millones en 2015

    Loconomics, Fairmodo y Som Mobilitat retan a los gigantes digitales

    Las ciudades podrían gestionar plataformas de estancias cortas

    Loconomics es una cooperativa nacida en California propiedad de los profesionales que ofrecen sus servicios para distintas tareas. Desde contables hasta diseñadores de páginas web, transportistas o canguros. En la comunidad está prohibido pagar en efectivo, de modo que todos los pagos quedan registrados. 

    Piacere Milano es un proyecto que impulsan dos cooperativas sociales (La Cordata y Spazio Aperto), que posibilitó que los milaneses conocieran a visitantes de la Expo 2015 y tuvieran una vivencia turística distinta.

    Más cerca, la cooperativa Som Mobilitat, de Mataró,  nace para compartir vehículos eléctricos vía móvil. Sestaferia.net, proyecto cooperativo en el que los vecinos de zonas rurales participan en la mejora de las infraestructuras de comunicaciones, y la Fundación Güifinet, proyecto ciudadano para la construcción de una red de telecomunicaciones, abierta, libre y neutral,  demuestran que  los movimientos favorables a una economía del bien común, aunque técnicamente no tenga por qué tomar forma de cooperativa, se cruza a menudo con su misma visión de la economía social. 

    Activar la economía local es una de sus metas. De ahí que en toda la literatura favorable a este nuevo tipo de empresas se reserve un espacio a los ayuntamientos para inspirarles a encabezar negocios como el que ha puesto en pie de guerra a las cadenas hoteleras de todo el mundo: Airbnb.  Una de las impulsoras del movimiento procooperativas de plataforma y directora del Sustainable Economies Law Center (SELC), Janelle Orsi, insta a las ciudades a crear plataformas municipales que gestionen las estancias cortas de turistas (la llama Munibnb) o, como variante, que todos los residentes de la ciudad recibieran dividendos anuales por las estancias cortas de los visitantes (la llama Allbnb).

    En el pasado, Ouishare, donde se mezclan emprendedores con ansia de pelotazo, idealistas que sueñan con organizaciones participativas y una economía sostenible, el economista y tecnólogo David de Ugartes formuló un llamamiento complicado: “Start-upistas, dejad de pensar en levantar dinero. Utópicos, pensad que hay que producir. La única meta es cubrir las necesidades de nuestra comunidad”. No sabemos hasta qué punto unos y otros siguen sordos. Ni siquiera si son reconciliables.

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