Defender la competencia es de izquierdas
Profesor del Departamento de Economía Aplicada. UAB
BENEFICIOS Liberalizar mercados, si se hace bien, acaba favoreciendo al consumidor y al sistema fiscal.
Uno de los principales valores de la izquierda, si no el principal, es la defensa de la igualdad. Ello conduce a la exigencia de sistemas fiscales redistributivos de las rentas generadas en los mercados. Esta breve nota pretende llamar la atención sobre la falta de atención que ese argumento presta a la forma en que los mercados llevan su función asignativa, pues de ello depende tanto el bienestar de los consumidores como la capacidad redistributiva del sistema fiscal.
La clave de todo ello es el grado de competencia en los mercados, concepto que la izquierda tradicionalmente no ha asumido como propio, y ha dejado que se identifique con posiciones conservadoras. En este país (y en otros) es todavía frecuente la prevención desde posiciones progresistas contra el desarrollo de la competencia, bajo la aparente percepción de que ello perjudica a los ciudadanos y únicamente beneficia a las empresas. Sin embargo, en realidad ocurre todo lo contrario: quien se beneficia de que en un mercado no haya competencia son las empresas que operan en él, pues pueden aprovechar que el consumidor carece de alternativas para imponer precios más altos. De esta forma se expulsa del mercado a los consumidores de menor renta. Si un mercado se abre a la competencia, la entrada de nuevos rivales y el desarrollo de productos como resultado de la presión competitiva obligan a las empresas a adaptarse continuamente. En palabras de Lionel Robbins, el mejor de los beneficios de un monopolista es una vida tranquila.
ILUSTRACIÓN: PERICO PASTOR
En ocasiones se asocia el funcionamiento competitivo de los mercados a la desregulación, entendida como la ausencia de reglas impuestas desde la autoridad pública. Nada más lejos de la realidad, puesto que para que un mercado opere con competencia sigue siendo necesario un marco regulatorio que garantice derechos de propiedad, revise la calidad de los productos de consumo, haga cumplir la legislación laboral o fiscal, persiga las prácticas anticompetitivas (carteles, abuso de posición dominante, fusiones, etc.) o regule los monopolios naturales (mercados en los que sólo cabe una empresa). Estas tareas no serán satisfechas por el mercado y requieren la intervención pública.
EL REFERENTE ESCANDINAVO
Además de por los argumentos que muestran los beneficios para los consumidores, existen motivos para defender la competencia relacionados con la capacidad redistributiva del sistema fiscal. Que un mercado opere con un mayor grado de competencia facilita que un impuesto indirecto genere mayor recaudación con menores distorsiones. Además, al ser mayor la actividad generada, amplía la base imponible de los impuestos directos. Y, de forma no menos importante, la aceptabilidad de una mayor presión fiscal se ve favorecida por un nivel de precios inferior. Este tipo de argumentos es el que explica la coexistencia en los países escandinavos de mercados muy abiertos a la competencia, elevados niveles de presión fiscal y notables niveles de actividad económica.
Entonces, si la competencia es tan beneficiosa ¿por qué a la izquierda de este país le cuesta asumir la defensa de la competencia? La principal razón de esta actitud es que en demasiadas ocasiones los procesos de liberalización no han sido tales, y bajo la promesa de alcanzar los beneficios de los mercados competitivos hemos llegado a situaciones en las que las empresas han tenido la capacidad de solidificar monopolios u oligopolios. En estos procesos se ha incumplido la necesidad de crear un nuevo marco institucional que garantice la competencia.
Si a la izquierda se le puede reprochar que no crea en la competencia, a la derecha hay que echarle en cara que haya tergiversado el término competencia asimilándolo al de privatización, dando lugar a situaciones que no tienen nada que ver con el funcionamiento competitivo de un mercado.
