‘E-precarios’ en el limbo legal
La expansión de las plataformas digitales que facilitan el trabajo bajo demanda hace urgente una regulación laboral específica para evitar la explotación y la autoexplotación.
ILUSTRACIÓN: PERICO PASTOR
He aquí otro boom: conseguir ayuda para limpiar la casa, en caso de podérselo permitir, a golpe de clic. Se elige profesional por Internet en función de su disponibilidad, precio y evaluaciones de otros usuarios sobre lo bien que trabaja, y ya está. Las personas interesadas en ganarse un extra limpiando domicilios o aspirando a vivir de ello, a menudo sumergidas en la economía no declarada y que pasan a un sistema rastreable, se les amplía el abanico de clientes.
En el sector despunta la start-up Climtu. Nació a finales de 2014 y asegura que, a un ritmo de crecimiento del 300%, ha intermediado en la prestación de más de 300.000 horas de limpieza. Las personas usuarias ponen el precio que están dispuestas a pagar, teniendo como referencia la media de los últimos treinta días. Según la información de su web, Pozuelo de Alarcón, Getafe y Barcelona son las ciudades donde el precio medio por hora —al menos el de los últimos treinta días— es más elevado, entre 10,25 y 10,30 euros. En Sevilla, Almería, Salamanca o Elche, de 9,10-9,15 euros. Tiene presencia en una docena de ciudades y va a por más: el salto a una aplicación a través del teléfono.
Los llamados cleaners —las personas que ejecutan la tarea— aceptan servicios si les conviene. Las peticiones pueden hacerse con un mínimo de seis horas de antelación. La empresa subrayan el tope de su responsabilidad: “Nosotros ni asignamos ni obligamos a realizar unos servicios mínimos al mes”. Sólo intermedia, apunta, para casar oferta y demanda.
EL FOCO LABORAL
Los límites del intermediario tecnológico es una de las claves de los intensos debates que rodean las nuevas plataformas online que facilitan el trabajo por demanda, y que, en la medida en la que hay dinero de por medio —una relación comercial entre cliente y proveedor, sea este particular o profesional—, desde hace unos meses ya no pueden considerarse propiamente parte de la economía colaborativa, según la clasificación realizada desde el propio sector que promueve estas nuevas economías, basadas en mercados en línea, la asociación Adigital y Sharing España (véase el apartado Compartir: el nombre no cambia la cosa).
La necesidad económica, clave para ofrecer servicios ‘online’
Las plataformas no reconocen una relación laboral con el trabajador
La digitalización de los intercambios ofrece oportunidades y deja unos cuantos damnificados por el camino. Las primeras amenazadas fueron las empresas tradicionales, que en menos de un lustro han asistido a la irrupción de nuevos competidores con pocas barreras de entrada e inferiores obligaciones, cuya eficiencia en costes las reta a ofrecer un valor añadido real. El turismo y el transporte han sido los sectores más afectados. Pero la multiplicación vertiginosa de empresas de plataforma está mostrando otra de las mil caras de esta disrupción: el impacto sobre el trabajo y la relación laboral entre el trabajador y la compañía que le contrata.
Antes, esta relación era cosa de dos. Ahora estamos ante un triángulo laboral. Una nueva especie de Empresas de Trabajo Temporal (ETT) light que, por Internet, pone en contacto a personas necesitadas de más recursos para llegar a final de mes con quienes demandan un servicio. En los países con un nivel de paro elevado, como España, todas las encuestas y trabajos académicos sobre el tema coinciden en que la primera motivación de las personas que ofrecen sus servicios en un marketplace buscan redondear sus ingresos, aunque entre las respuestas también figuren factores como la preferencia por trabajos flexibles para ser independiente.
ESTATUS POR DEFINIR
¿Hasta qué punto es verdadera esta supuesta independencia? “Depende de los casos, pues debemos distinguir entre dos clases de plataformas de trabajo bajo demanda”, explica Henar Álvarez, profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de León.
Por un lado, existen las empresas que ponen en contacto a usuarios y proveedores a través de una aplicación, pero que, después, dan lugar a la prestación de un servicio físico que se ejecuta localmente. Ejemplos de ello los encarnan los repartidores de Glovo, Stuart y Deliveroo, la plataforma que más ha dado que hablar debido a las protestas por sus condiciones laborales de los riders que pedalean o conducen para transportar comida u otros productos. La propia Climtu entraría en el grupo. O también, los no-taxistas Uber.
Por el otro, una segunda tipología, que tiende a llamarse crowdworking, conlleva la realización de tareas a través de Internet. Puede tratarse de proyectos que requieren cualificación para los que los clientes pueden elegir profesionales ubicados en cualquier rincón del mundo. La competencia entre ellos es, pues, global y corre el riesgo de convertirse en una subasta a la baja de precios, sobre todo si entran en liza personas que viven en países menos desarrollados, donde una retribución de calderilla confiere un mayor poder adquisitivo.
Mechanical Turk responde a este modelo. Esta plataforma de Amazon contabiliza medio millón de colaboradores, no se sabe si acumulados o a la vez en un mismo momento, realizando encargos que suelen ser microtareas, a menudo repetitivas —como etiquetar archivos, entrar datos, hacer breves transcripciones, escribir pies de foto o moderar imágenes violentas—. Corporaciones clientes como Acxiom recomiendan la subcontratación vía plataforma con argumentos como que se reducen los coses un 50% respecto de cualquier otra externalización de tareas.
Clickworker, por ejemplo, saca pecho públicamente de tener activo a un millón de clictrabajadores que “asseguran un rápido procesamiento de datos con resultados de calidad asegurados” a las empresas que necesiten un ejército de manos dispuestos a hacer un gig (pequeño encargo) por unos céntimos de dólar. Es la gig economy.
EXTERNALIZAR EL CONTROL
“Creo que las personas trabajadoras en ambos modelos pueden ser encuadrables en la categoría del trabajo por cuenta ajena, pero las compañías se resisten a considerarlos como propios”, subraya Álvarez. “Es cierto que no trabajan de ocho a tres y que la flexibilidad con la que lo hacen es absoluta. Pero si pensamos en los conductores de Uber, vemos que están a expensas de lo que les obliga a hacer la empresa, que les controla, y que encima lo hace externalizando el control en los usuarios. La regulación actual encaja con dificultad con estas situaciones y debe adaptarse. Y los trabajadores afectados, unirse”.
En la UE, el 0,5% de la fuerza laboral se busca la vida vía plataformas
No es fácil defender los derechos de personas dirigidas por algoritmos
La citada Uber, cuyos cambios en la cúpula no son ajenos del todo al trato a sus conductores, está contra las cuerdas tras las numerosas denuncias presentadas por su no-plantilla. Hace un año, un juez de Londres obligó a la compañía a reconocer a quienes conducen bajo su marca como trabajadores, y no como a autónomos, de modo que tendrán derecho a descansos diarios y a vacaciones pagadas. Si Uber desconecta del servidor a los particulares que hacen de taxistas, vienen a estar despedidos. Uber fija los precios de las carreras y los incentivos (sin contratos ni acuerdos de por medio) y otras normas de obligado cumplimiento. Además, los conductores reciben un móvil en el que sólo funciona dicha aplicación. La marca es su único hilo con los usuarios, que cuando pagan cobra Uber. Es después cuando la empresa abona su parte al conductor. Londres no ha renovado a Uber la licencia para operar, aunque la empresa ha recurrido.
Esencial es en este sentido la esperada sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre Uber, derivada de una denuncia de los taxistas de Barcelona. Es la primera que afecta a las empresas de las hasta ahora llamadas empresas de la economía colaborativa. En mayo, el abogado general del tribunal dictaminó como avanzadilla (no vinculante) que Uber es una empresa que presta un servicio de transporte, por innovadora que sea; que necesita operar con autorización; y, además, que los conductores “no ejercen una actividad propia”. La plataforma sostiene que se trata de un operador del sector de la Sociedad de la Información.
ILUSTRACIÓN: PERICO PASTOR
La cuestión es si los trabajadores flotantes en un limbo legal —y el propio sector, que nada en la inseguridad jurídica y exige reglas claras— deben esperar a que actúen los tribunales o si deben ser los gobiernos quienes tomen la iniciativa. El Gobierno español se dice a la espera de los pronunciamientos de Bruselas y, si se trata de hablar de calidad del empleo, ha avanzado que quiere abordarla globalmente, no de forma específica la nueva precariedad laboral que se genera a través de las plataformas.
En el Senado, el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha llamado a llenar los “vacíos legales y administrativos” que, en un contexto de elevado desempleo juvenil y de contratos breves y por horas al alza, plantean “la institucionalización y la expansión” de los falsos autónomos, los que dependen económicamente de una empresa sin que esta los reconozca como tales.
“Las plataformas de este tipo son el ultraliberalismo llevado al extremo. Las plataformas permiten que sea el mercado quien lo regule todo, sin normas ni obligaciones, mientras los trabajadores deben tener máxima disponibilidad porque si no se les penaliza. Sin derechos, podemos llegar de nuevo a las condiciones, y no es exagerado decirlo, del siglo XIX”, opina Carles Mendieta, miembro de la Comisión Consultiva de la Fundació Factor Humà, que promueve la mejora de la gestión de las personas en las organizaciones. “Los sindicatos carecen de estructuras adecuadas, así como las patronales, para este nuevo mundo, en el que ni siquiera sabemos a quién denunciar, ni dónde está la sede social de la compañía, ni si hay beneficios, ni a qué nos enfrentamos”, añade.
LLAMAMIENTO DEL EUROPARLAMENTO
El Parlamento de Estrasburgo llamó a principios del verano a clarificar “las zonas grises”. A pesar de que la economía colaborativa, admite, ofrece acceso al mercado laboral a los jóvenes, migrantes, trabajadores a tiempo parcial y ciudadanos de edad avanzada”, un nuevo “marco jurídico claro” y “adaptado a la era digital” y a su “flexibilidad” debe garantizar que los profesionales “gocen de seguridad económica y social conforme a las costumbres y tradiciones de los Estados miembros”. Habla de “condiciones laborales justas” y de “una adecuada protección jurídica y social”, “con independencia de su estatus” (por cuenta ajena o propia).
Por su parte, el Ejecutivo de Bruselas, que siempre se ha mostrado muy favorable a la economía colaborativa, al autoempleo y la flexibilidad, parece empezar a darse cuenta del problema que plantea la gig economy. Al menos, su vicepresidente Frans Timmermans ha puesto sobre la mesa un documento con 20 principios que incluyen “el derecho a adecuar la protección social” de los trabajadores, sean autónomos o no. Hasta ahora, el concepto de flexibilidad a cambio de seguridad ha cojeado de lo segundo.
Sólo un 15% de quienes trabajan vía plataforma lo hacen regularmente
La OIT avisa que el ‘crowdwork’ no ofrece “trabajo decente”
Según el último Eurobarómetro, un 17% de los ciudadanos europeos han utilizado alguna vez servicios a través de plataformas colaborativas. De los trabajadores que trabajan de este modo, solamente un 15% ofrecen sus servicios de forma regular.
El abogado Adrián Todolí, autor de El trabajo en la era de la economía colaborativa, cree que la ley, “la legislación laboral, debe adaptarse a este nuevo mundo, pero en ningún caso creo que la gran mayoría sean trabajadores autónomos”. Los cambios deberían reconocer la relación laboral, “con algunas especificidades”.
El Instituto Sindical Europeo (ETUI, en sus siglas en inglés) ha advertido que las plataformas pueden permitir la reorganización de actividades que se suelen fundamentar en una relación laboral en actividades de autoempleo. “Este es la transformación más radical que merece atención de los trabajadores”, escribe en The platform economy and the disruption of the employment relationship. Y pide una respuesta regulatoria debería ir más allá de clarificar, como hizo Bruselas en su comunicación del año pasado, que trabajador es un concepto que incluye a los de plataforma. Sin embargo, añaden los autores, “las más exitosas han reorganizado sectores que ya se apoyaban en autoempleo”.
Nada es lo que parece. Un informe de la economista jefe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) , Janine Berg, de 2016 avisaba ya de que “la actual organización del crowdwork no está proporcionando oportunidades de trabajo decente ni en Estados Unidos ni en otros lugares”.
Y tú, ¿qué sabes hacer?
ETECÉ
Trabajos en el hogar
Fontaneros, electricistas, albañiles, pintores, carpinteros, cerrajeros, jardineros, servicios de mudanzas, secretaría, cocineros, costureras... se anuncian. La plataforma promete a los usuarios un ahorro del 35% (de media) respecto de la competencia. Puede recibir varios presupuestos.
pppresupuestos.
MECHANICAL TURK
'Marketplace' laboral de Amazon
Es un espacio de intermediación laboral ligado al gigante Amazon, uno de los que primero fueron escenario de protestas de trabajadores, que han intentado organizarse. De media, se pagan las tareas a 2 dólares.
TASKRABBIT
Ahora es de Ikea
Otra plataforma de ‘manitas’ varios, que ha supuesto la irrupción del gigante del mueble Idea en la era de las plataformas digitales. Taskrabbit asegura que dispone de 60.000 ‘freelance’, pegados a sus móviles por si cae una tarea. Quien conteste antes se la lleva.
GLOVO
Recados arriba y abajo
La plataforma asegura que forma a sus ‘glovers’ y deja en manos del trabajador cuándo trabaja o si acepta un pedido. El coste del servicio ronda los 5,50 euros. De aquí hay que deducir la comisión para la plataforma, el IVA y el pago de autónomos.
FREELANCER
Se comió su rival española Nubelo
En los últimos años se ha ido expandiendo, midiéndose en trabajadores independientes con la plataforma Upwork. A diferencia de esta última, donde sólo se puede trabajar en inglés, el acceso en español es posible, desde la compra de Nubelo en 2016.
COMPARTIR
El nombre no hace la cosa
No todo es economía colaborativa. Adigital y Sharing España ya han separado el grano de la paja, y sólo considerarán como tal los modelos de producción, consumo que pongan en contacto a dos pares que compartan bienes infrautilizados, como intercambiar casas por vacaciones. Es distinto de la economía de acceso, un modelo de consumo en el que una empresa con fines comerciales, ofrece a los usuarios bienes para sus uso temporal, caso del carsharing (compartir un coche propiedad de la plataforma) para fomentar el uso o el acceso frente a la propiedad. La economía bajo demanda casa oferta y demanda (tienen una relación mercantil) vía plataformas que no ofrecen el servicio subyacente. Como Deliveroo.
PRECARIEDAD
Eurofound: la necesidad de regular derechos limitará las plataformas
Uno de los quebraderos de cabeza de académicos, sindicatos e inspectores es calibrar las verdaderas dimensiones del conjunto de la economía colaborativa. La Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Trabajo y Vida (Eurofound) concluye en un reciente informe que el alcance del trabajo bajo demanda vía plataformas es limitado. “Las personas que se comprometen en este trabajo como principal empleo no alcanzan a representar un 0,5% de todo el empleo en Europa”, señala en Non-standard forms of employment: Recent trends and future prospects. Se refiere a trabajadores que “en un preciso momento en el tiempo” están haciendo un encargo vía plataforma. Las cifras deben tomarse con pinzas. “La corta duración y naturaleza ocasional de los encargos vía plataformas complican las cosas”.Uno de los países que más en serio se han tomado la medición es el Reino Unido. Se calcula que el 4% de toda su fuerza laboral, participa, mucho o poco, en plataformas.
La Universidad de Herfordshire realizó una comparación entre Austria, Alemania, Holanda, Suecia y el Reino Unido. En España, la única estimación, de hace más de un año, corresponde a McKinsey y apuntaba a tres millones de personas. Se refería al total de trabajadores independientes, concepto que se cruza con el de autónomos.
La cuestión es el potencial de estas plataformas, que nadie niega. Pero, para Eurofound, uno de los factores que puede limitar su desarrollo es el hecho de que los gobiernos se acabarán viendo obligados a revisar la regulación laboral vigente para evitar dejar un pedazo del mercado laboral totalmente desprotegido. El otro factor es la destrucción de tareas repetitivas a resultas de la robotización.
