El estado del malestar... infantil

La crisis ha elevado a 2,5 millones los niños pobres, pero en los tiempos de bonanza el problema era ya grave. La inversión en infancia ha sido la pata coja del Estado de Bienestar 

Hoy malviven en España 1,83 millones de hogares cuyos miembros en disposición de trabajar están todos en paro. Es un 60% más de los que había hace tres años y más del doble si nos remontamos al primer año de crisis. Son canteras perfectas de exclusión social; sobre todo, cuando hay niños de por medio. La tasa de pobreza se dispara en los hogares que incluyen por lo menos un hijo —una pareja con dos pasa a considerarse estadísticamente pobre cuando sus ingresos anuales no superan los 14.784 euros. Y no digamos ya si estamos ante una familia sin padre o sin madre. En ese caso, el riesgo de pobreza literalmente se duplica, según cuenta el Instituto Nacional de Estadística (INE). El grueso de los atendidos hoy por entidades sociales como Cáritas son familias y, por edades, un tercio no alcanza la mayoría de edad.

Ajenos a déficits públicos, primas de riesgo e intervenciones bancarias, pero plenamente afectados por los recortes en los servicios sociales, la sanidad y la educación, por los desahucios, las becas comedor o los libros de texto, por no mencionar las subidas de l impuesto que grava el consumo (IVA) o la escalada de servicios básicos como la luz, los niños se han convertido en el colectivo más vulnerable de la crisis. Y salvo en casa, no hace ruido.

En España se estima en 2.508.000 la cifra de menores en situación de pobreza. La crisis ha supuesto sumar casi 300.000, según Unicef. Pero eso significa que antes del hundimiento de la economía nuestra boyante prosperidad coexistía como si nada con 2,2 millones de menores en serias dificultades.

"EL NIÑO NO VOTA"

“En los buenos tiempos, la pobreza infantil ya era muy elevada en comparación con los niveles europeos. Durante la crisis, con el paro y la caída de ingresos de las familias se ha puesto en evidencia un sistema de protección social cojo”, explica Gabriel González, responsable de Política de la Infancia de Unicef España. Tradicionalmente, asociábamos la pobreza a los mayores de 65 años que vivían solos, y en la mayor parte de casos, mujeres. Ahora, el foco se proyecta sobre los niños. “Los menores y los abuelos son los dos grupos de la población que no generan ingresos. Los pensionistas sufren igual o más, pero la existencia de un acuerdo social que ha permitido un sistema de pensiones universal les ha permitido protegerse en términos relativos”, añade González, mientras que “en el caso de los niños el apoyo del Estado históricamente ha sido mínimo, son cosa de los padres y punto. Al niño no se le tiene en cuenta porque no vota”.

Antes de la crisis, la tasa de pobreza infantil ya superaba el 20%, una anomalía en Europa

El Estado está obligado a ayudar a los padres a nutrir, vestir y alojar a sus hijos si ellos no pueden

Bien diseñada o no, una de las primeras medidas sociales que se recortaron fue la del ‘cheque bebé’

Sin embargo, existe un mandato internacional, derivado de la Convención de Derechos del Niño, firmada en 1989 y que entró en vigor en 1990, que no solo responsabiliza a los padres, sino a los gobiernos en el bienestar de los pequeños. Les obliga a garantizarles una educación y el acceso a la seguridad social, y, tras enfatizar el derecho del menor a “un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social”, insta a los Estados a ayudar a los padres que no dispongan de medios suficientes a “proporcionar (les) asistencia material y programas de apoyo, en particular con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda” (artículo 27).

Bien o mal diseñada, y en su momento blanco de críticas por aplicarse por igual a todas las familias con independencia de sus ingresos, una de las primeras medidas que fue objeto de recortes cuando ya el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero dio un giro forzado a su política en 2010, empujado por Bruselas, Francfort y los mercados, fue el cheque bebé. La ayuda de 2.500 euros por hijo había gozado de una corta vida de apenas tres años, con un coste anual aproximado de 1.200 millones de euros.

EN BUSCA DE UN PLAN INTEGRAL

“La pobreza infantil no es un problema coyuntural, aunque la crisis la haya agravado, y mucho. Si ahora supera el 30%, antes estaba por encima del 20%, y hasta ahora siempre nos hemos topado con medidas y acciones disgregadas. No había un plan integral”, señala Áurea Ferreres, responsable de Incidencia Política de Save the Children en España.

Las entidades sociales especializadas en la infancia llevan tiempo reclamando un plan integral para combatir la pobreza infantil, con sus objetivos, sus plazos para cumplirlos, sus estrategias y sus presupuestos.

Algo se movió el año pasado, en buena parte gracias a la presión internacional. Por una parte, a finales de 2010 el comité de derechos del niño de Ginebra, que vela para que los gobiernos cumplan con la mencionada Convención de los Derechos del Niño, había llamado la atención al Gobierno español, entre otras cosas, porque a su juicio ponía “un énfasis limitado en la pobreza infantil” y exigía políticas y un plan nacional contra ella.

Por otra parte, en febrero de 2013, la Comisión Europea “recomendó” a los países de la UE que invirtieran en la infancia, equiparándola a “invertir en el futuro de Europa”. Los países comunitarios se han comprometido a gastar un 20% de los recursos del Fondo Social Europeo (FSE) del próximo marco presupuestario en acciones para luchar contra la exclusión social. Un combate que forma parte también de la Estrategia 2020 que Bruselas puso en 2009 sobre la mesa para intentar que la UE asumiera el liderazgo económico y social en el mundo. Entre sus objetivos cuantitativos, figura que en el año 2020 haya 20 millones de personas menos en Europa expuestas al riesgo de la pobreza.

El Gobierno de Mariano Rajoy trasladó esta filosofía a su Plan Nacional de Reformas, que incluye un cuadro con un objetivo (sin más detalles): llegar a la segunda década del siglo con 1,4 millones de pobres menos.

Sin embargo, la realidad no parece ir en la dirección deseada. Hace pocos días, el comisario europeo de Asuntos Sociales, Laszlo Andor, admitía que el Ejecutivo de Bruselas está “muy preocupado” por la subida desbocada de la pobreza infantil en España y clamaba por una reacción con dinero contante y sonante. La llamada tasa de riesgo de pobreza anclada, que permite un seguimiento más fiable de la población que se halla bajo ese umbral* aumentó en España el 28,7% entre 2008 y 2012 entre los menores de 18 años, once puntos porcentuales más que la media de la zona euro durante ese mismo período de crisis.

Claro que el Gobierno de la UE riñe por un lado y por el otro, también. “Nos movemos entre grandes contradicciones en Europa”, reflexiona la responsable de Incidencia Política de Save the Children. “Vemos una voluntad de mejorar las prestaciones a las familias con hijos a cargo, pero al mismo tiempo la UE aprieta con la política de austeridad, que ha afectado a la educación y a la sanidad, pero lo más fuerte ha sido un recorte de hasta el 65% en la red pública de servicios sociales”, subraya Ferreres.

En septiembre, Intermon Oxfam, en su informe La trampa de la desigualdad, alertó de que persistir en las políticas de ajuste podía traducirse en que hubiera ocho millones más de pobres en España. Total: 20 millones en 2025. La reforma laboral de 2012 y la política de devaluación de salarios eran el corazón de su denuncia. En cuanto a Europa, Oxfam proyectaba que en 2020 contaría con 25 millones de pobres. Casi los mismos que quiere erradicar la Comisión. 

El colmo de la contradicción la viven los países cuya economía (no solo la banca) ha sido totalmente intervenida por la troika (Comisión Europea, Fondo Monetario Internacional y Banco Central Europeo); sus medidas de ajuste han tenido un impacto social cuyo alcance investiga ahora el Parlamento Europeo.

“Cuando la economía española crecía más del 3%, la pobreza no bajaba. El mero crecimiento no la erradica. No solo hacen falta políticas contra la pobreza. Son necesarias políticas que no la favorezcan, y se están aplicando medidas que golpean por todos lados a las familias”, lamenta Carlos Susías, presidente en España de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN).

DOTACIÓN DE 17 MILLONES EXTRA

En abril pasado, el Gobierno dio luz verde al Plan de Infancia y Adolescencia 2013-2016, que todas las entidades sociales celebraron como “bienvenido” pero “insuficiente”. En esta línea, Susías admite que el plan nacional va “bien orientado”, porque considera la pobreza infantil como un problema “transversal”, una de las peticiones de las entidades sociales. “Pero muchas cosas no se concretan”. La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, calificó la iniciativa como “el plan infantil más ambicioso de la democracia” y estimó su traducción presupuestaria en 5.159 millones en cuatro años. La cifra incluye recursos que tienen que poner el ministerio, las autonomías y las entidades locales.

El Plan Nacional de Reformas prevé reducir en 1,4 millones la cifra de pobres en 2020

Intermón Oxfam cree que los ajustes pueden aumentar en 8 millones los pobres en España

Este plan para proteger a niños y adolescentes no es en sí una estrategia de lucha contra la pobreza infantil, pero Sanidad sí cuenta con verla desplegada en cuanto implemente otros dos planes a los que, a su vez, remite.

Uno no existe aún, se está cocinando, y es un plan de apoyo a la familia. Pero el otro sí existe ya, y se aprobó en diciembre. Es el Plan Nacional para la Inclusión Social, que por primera vez contempla una dotación extra de 17 millones de euros para la pobreza infantil. “Sabemos que al menos el 20% del Fondo Social Europeo irá a inclusión social, y también que tendremos menos fondos europeos, así que no conocemos la suma total”, comenta Susías.

El gasto social no es la partida más popular en la UE. En el año 2000, suponía un 31% del PIB comunitario. 2009, había bajado al 29,7%. En 2010, descendió otro poquito hasta el 29,4%. Y en 2011, se quedó en el 29,1%. Es el último dato del que existen cifras comparables de Eurostat. Al cotejarunos países y otros en términos comparables (descontadas las diferencias de precios), si la UE de 28 países gasta 100 por habitanteen protección social, España se queda en 83. Cinco puntos menos que el año anterior. Portugal, los países del Este y las repúlbicas Bálticas evitan dejarla en el peor lugar. Incluso Grecia sale mejor parada (al menos ese año).

Los recursos para niños y familias suponen el 1,4% del PIB y el 5,4% del gasto público social

España invirtió en gasto social 3.890 euros por cabeza frente a los 5.716 de la eurozona (2011)

En dinero la estadística In focus de Eurostat atribuye a España 3.890 euros por cabeza de gasto público en protección social, frente a los 5.716 de media en la eurozona. Y ello a pesar del esfuerzo en protección al desempleo, que explica un incremento de cuatro puntos del peso del gasto social respecto del PIB entre 2008 y 2011. El gasto en familia y niños representa solo el 5,4% dentro de ese capítulo, frente al 43,8% de las pensiones, el 34,4% de la sanidad y el 14,6 % del desempleo. En relación con el PIB, el peso de esta partida no ha cambiado desde el año 2007: el 1,4%.

Pau Marí-Klose, profesor de Sociología de la Universidad de Zaragoza, opina que el Plan de Inclusión tiene mucho de “brindis al sol” pese a sus “avances”, lo importante es que “los discursos de las autoridades siguen instalados en un discurso compasivo y en medidas paliativas, en lugar de concebir la lucha contra la pobreza infantil como la vía para mejorar la competitividad de Europa”. En 2012, España encabezaba el fracaso escolar con un 25%, según Eurostat. Los adultos de mañana.

ILUSTRACIÓN: PERICO PASTOR

“No es imputable todo a la crisis. La crisis es un tsunami que no nos deja más que tapar agujeros, salvar vidas y cortar epidemias”, resume Enric Morist, coordinador de la Cruz Roja en Catalunya. “Es un problema de modelo de sociedad, de cambio de época, de desigualdades brutales. Nuestro estado de bienestar tiene patas de barro. Se hizo mucho, porque estaba todo por construir, una red de sanidad pública... Pero no ha bastado la inversión social”.

Lo que más preocupa en Cruz Roja es la cronificación . Hace un año, el 65% de los atendidos lo eran por primera vez. Ya no. “El 20% de los parados no es que no tenga empleo, es que ni siquiera ha tenido una entrevista de trabajo. ¿Sabe el impacto emocional y psicológico que supone?”, interpela Morist. Mientras, el otro lado de la moneda. Las familias, los voluntarios, la sociedad se movilizan. El coordinador de Cruz Roja en Catalunya sentencia: “Eso sí que son brotes verdes. Los únicos”.

EN PERSPECTIVA

Medir el problema

Pobreza absoluta y relativa

La pobreza puede calcularse en valores absolutos. La extrema, según el Banco Mundial, significa vivir con 1,25 dólares por persona y día. Hay países, como EE UU, donde el indicador equivale al valor de la cesta de alimentos básicos y se multiplica por tres.

Es el indicador más utilizado en la UE. Mide la pobreza en función de los ingresos de la población en general, en términos relativos. Equivale al 60% de la mediana de los ingresos (la cuantía punto que separa las dos mitades de la población si ésta se divide los que más ganan y los que menos ganan). Así, si la sociedad se empobrece en general, hay que ganar menos para ser clasificado como pobre. En 2013, para serlo había que ingresar menos de 7.040 euros, pero ¿qué ocurre si se ingresaban 7.182 (umbral de pobreza del año anterior)? Se ha dejado de ser considerado pobre, pero solo era un efecto estadístico. La pobreza anclada mide en cambio su evolución desde cierto momento, por ejemplo, desde el inicio de la crisis en 2008, de modo que suprime ese efecto relativizante.

AROPE
Tiene en cuenta no solo los ingresos, sino también la privación material y la baja intensidad laboral de las personas. Tiene más sentido usarlo en países desarrollados.