El limbo de la dependencia
La ley de 2006 ha acabado reforzando el modelo familista, que reposa sobre las mujeres. Entre los dependientes, una cuarta parte espera su ayuda, y 120.000, ser evaluados.
Una persona dependiente es alguien que no puede gestionar por sí sola actos esenciales de su vida cotidiana, para los que necesita ayuda. Hoy, en España 1,22 millones de personas tienen reconocida una situación de falta de autonomía. La Ley de la Dependencia supuso cuando se aprobó en 2006 un avance importante, en la medida en la que el Estado asumía sus responsabilidades en materia de cuidados: tras una evaluación de la necesidad de cada persona, iba a proporcionarle apoyo en forma de servicios de atención o de prestaciones económicas. A 30 de junio de 2018, percibían ayudas 987.086 personas. La cifra es cuatro veces superior a la de hace una década.
Sin embargo, la implantación y despliegue de la ley no permite un balance de grandes alegrías. Su recorrido ha estado muy marcado por la crisis, la falta de dotación presupuestaria adecuada y los recortes, especialmente, en 2012. También, por los retrasos en el reconocimiento de derechos y por las diferencias de gestión de las distintas comunidades autónomas, cuya competencia en servicios sociales les reservaba un papel fundamental.
Las demoras en la evaluación del grado de dependencia y en la concesión de la consiguiente prestación son lo más inquietante. Si sumamos los dependientes más graves —los primeros en ver reconocidos sus derechos, en 2007— a los dependientes graves —reconocidos en 2009—, hablamos de 857.806 personas. Sin embargo, 113.947 de ellas no han percibido su ayuda. Tampoco la perciben 175.150 personas de las 418.377 que han visto reconocido un grado de dependencia moderada. Eso significa que en España hay 289.097 ciudadanos dependientes que no han logrado acceder a ayudas. En el sector se habla de dependientes “en el limbo”.
FALLECER SIN QUE LLEGUE LA AYUDA
Es una lista que disminuye a paso de tortuga, y hay que ver cómo. “La reducción de esta lista se produce a costa de la lista de los menos dependientes. La cifra entre los graves, cuya atención supone mayores costes, apenas se mueve”, sostiene Gustavo García, coordinador de estudios de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Esta organización estima que al menos un centenar de personas mueren cada día en España sin que les haya llegado la ayuda que necesitan, lo que no significa que sea necesariamente por falta de atención, pero sí sin haber podido recibirla. Habla de “parálisis” entre 2012 y 2015, y de un recorte en los últimos seis años de 4.600 millones .
Según el VIII Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, que data de marzo pasado, además de quienes permanecen “en el limbo”, y que supone una cuarta parte del total de dependientes, hay que añadirles 120.213 personas pendientes de ser evaluadas.
España es uno de los países que invierte menos en cuidados de larga duración
Más de 289.000 personas no cobran ayudas pese a tener derecho a ello
El Gobierno asumirá las cotizaciones de las cuidadoras informales
La situación cambia mucho según la comunidad autónoma donde se ponga el foco. Según datos de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Canarias, Cataluña y Andalucía son las comunidades donde hay más personas “en el limbo”. En la primera, las personas con derecho a dependencia que no reciben ayudas alcanza el 34%. En Cataluña, le ocurre a un 33,3% del total. En Andalucía, al 31,2%. En el otro extremo, la más diligente es Castilla y León, que ha logrado agilizar el sistema más que el resto. La proporción es, en este caso, del 1,43%.
Cuando un usuario es reconocido como dependiente grave, en teoría puede elegir entre una plaza en una residencia, un centro de día o ayudas para el cuidado familiar. La ley de la dependencia pretendía impulsar una red de servicios sociales robusta, pero en la práctica una parte importante de las prestaciones se ha traducido en ayudas económicas para el cuidado informal.
“La ley fue un avance, pero a la hora de la verdad, los cuidados han acabado delegados en las familias, en especial, las mujeres”, señala Raquel Martínez Buján, decana de la Facultad de Sociología de la Universidad de A Coruña.El 32% de las prestaciones reconocidas son para personas que ofrecen cuidados en el entorno familiar, según el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO). En 2008, dos años después de promulgarse la ley, la proporción de estas prestaciones era de 7,9%. Los servicios a través de centros residenciales han aumentado, pero mucho menos: han pasado del 11,5% en 2008 al 13,7% una década después. El coste de las prestaciones y servicios en 2017 fue de 7.597 millones. En un 20,5%, este coste fue sufragado por el usuario como copago regulado.
El modelo de cuidados en España es familista, como sucede en Italia y Alemania. Los cambios de las últimas décadas en la sociedad, cada vez más individualista, y en el concepto de familia, sumados a la incorporación masiva de las mujeres al mercado del trabajo remunerado ponen sobre la mesa preguntas cruciales sobre el futuro: “¿Qué sociedad queremos? Sobre el papel, podemos seguir optando por el actual modelo de cuidados familista, que recae sobre las mujeres, por centros públicos dignos donde vivir, por el mercado privado o por soluciones comunitarias como cooperativas de mayores. ¿Dónde ponemos el foco?”, se pregunta Buján.
Las estadísticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) muestran que los países con modelo familista son los que menos gasto público destinan a cuidados de larga duración. En porcentaje del PIB, en el caso de España hablamos de un 0,7%, frente a una media de la OCDE del 1,4%. Los países con una mayor apuesta son Holanda (4,4%), Finlandia (3,5%) y Suecia (3,2%).
“Hay un incremento de la demanda de cuidados por el envejecimiento de la población y la reducción de la natalidad. Y está claro que el esfuerzo lo realizan las mujeres”, subraya la doctora en Sociología Sara Moreno. Pero Moreno advierte de que en el futuro no habrá manos para cubrir la demanda. “Si queremos un envejecimiento digno, por puro egoísmo debemos resolver el problema de la atención a les personas dependientes, que no está resuelto. Los responsables de políticas económicas deberían tomar conciencia de ello, aunque se requeriría cambiar lo que se suele entender por economía y por trabajo. Hay mucho empleo que los robots no pueden quitarnos y que pueden mejorar la vida de las personas”.
Hoy, el número de afiliados a la Seguridad Social que se dedican a actividades de servicios sociales asciende a 419.331 personas. En el último año se ha producido un incremento del 6%. Más de la mitad (59%) trabajan en centros residenciales, permanentes o de día. “Por cada millón de euros invertidos se generan 36 empleos. Invirtiendo 30 millones se pueden generar 1.000 empleos”, sostiene Gustavo García.
Empleos se necesitarán, porque el reto va a más. Todas las proyecciones estadísticas apuntan a un peso creciente de la franja de la población sobreenvejecida que requiere de más atención, a partir de los 80 años de edad.
CUIDADO INFORMAL
En el mercado laboral español se ha generado un nicho de empleo ocupado especialmente por mujeres inmigrantes, sobre todo latinoamericanas, que encarnan la externalización y mercantilización del trabajo de los cuidados. “Las familias no suelen considerar que la persona dependiente necesite de un profesional que sepa cómo moverla o curar heridas, o un enfermero. No creen que cuidar sea un trabajo. En realidad, esperan afecto y paciencia. Quieren sustituir a los hijos, y sobre todo a las hijas”, reflexiona Buján, para quien el primer reto pasa por el reparto de la tarea de cuidar dentro de la familia.
“El afecto no puede ser cubierto extensivamente por los servicios públicos”, afirma la economista María Pazos en Contra el patriarcado, su último libro. En cambio, “la obtención de cuidados necesarios para suplir la falta de autonomía funcional sí es un derecho elemental que debe y puede ser garantizado por los servicios públicos”, escribe. La falta de reconocimiento social y de valoración profesional y económica de los cuidadores es llamativa. Pazos habla de “sobreexplotación hasta grados cercanos al esclavismo”. Un cuidador de mayores, de niños o de dependientes se considera por ley igual que un empleado del hogar contratado para limpiar. Los sueldos que se pagan rondan los 800 euros para personas que trabajan muchas horas. Resucita la vieja figura de “la interna” que vive en el domicilio y está al pie del cañón las 24 horas.
El Gobierno de Pedro Sánchez se ha comprometido a que este año, las cuidadoras (el 90% son mujeres) no profesionales de personas dependientes no tengan que pagar de su bolsillo las cotizaciones a la Seguridad Social. Supone deshacer uno de los recortes en materia de dependencia impuesto en 2012 por el anterior Ejecutivo.
