España paga para cumplir

El país incumple el recorte de emisiones, pero se salva por la compra millonaria de derechos de emisión y la crisis. El golpe a las renovables complica la vida de cara a los objetivos de 2030

Los únicos glaciares activos de la Península Ibérica, que se encuentran en los Pirineos, ocupaban 3.300 hectáreas a principios del siglo XX. Hoy han disminuido un 90%. La producción de la cosecha media por hectárea  en los pinares de Valladolid es ahora un 35% inferior a la de cuarenta años atrás. En Andalucía, las gramíneas, plantas a las que parte de la población teme por las alergias que pueden provocar, han adelantado el inicio de la estación polínica y han aumentado el índice anual de polen. Aves típicamente mediterráneas —como golondrina dáurica— han aparecido en la zona atlántica de la Península.  La población de urogallos en Cantabria se ha desplomado un 70% desde los años ochenta. Y los cambios en la maduración de la uva dificultan a los viticultores para determinar el punto óptimo de cosecha.  Por no hablar de la invasión de medusas. 

Son datos de distintos estudios recogidos por la Oficina Española del Cambio Climático (OECC) en Evidencias del cambio climático y sus efectos en España (2012), y tras leer el estudio a uno le queda claro que no estamos ante un riesgo de futuro que afecta a tierras lejanas. El problema es de todos y ya está aquí. La temperatura subió 1,5 grados en España entre  1850 y 2005, un avance que sobre todo afecta a la mitad oriental, de Girona a Málaga. Más calor y menos precipitaciones se dejan sentir en el entorno. 

La política española ante este problema global va ligada a la estrategia que marca la Unión Europea, y la UE, sin esperarse a la cumbre de París de diciembre, ha dado un paso adelante para ampliar sus compromisos verdes más allá del año 2020 a fin de dibujar el horizonte al que desea llegar en 2030. Europa se ha propuesto en quince  años mejorar en un 27% su eficiencia energética —lo que implica reducir el consumo—, aumentar el peso de las renovables en el consumo energético a por lo menos el 27% del total  y acabar con el 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, a diferencia de los deberes que se había autoimpuesto hasta ahora, el único de estos objetivos que se ha planteado como obligatorio, vinculante y con esfuerzos medibles por países es el deseado retroceso en las emisiones contaminantes. De ahí el alud de críticas de las organizaciones medioambientalistas Greenpeace, World Wild Fund (WFF), Oxfam y Ecologistas en Acción, entre otras.

LOS FAMOSOS DOS GRADOS

El objetivo de reducción europeo del 40% con vistas a 2030 tiene sus razones: impedir que la temperatura del planeta aumente más de dos grados a finales de siglo respecto a la era preindustrial (antes de 1880). Con dos grados más (la temperatura media es ahora de 15 grados), la situación sería aún manejable, aunque no se evitarían desplazamientos masivos de población o la desaparición de islas por la subida del nivel del mar. Pero de seguir como vamos, no cumpliremos, han alertado los expertos del Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC) de Naciones Unidas. Incluso podríamos llegar a final de siglo con más cuatro grados más. De ahí la urgencia de un pacto ambicioso en París.

Dentro de la UE, el reparto del esfuerzo de reducción de emisiones entre países no está zanjado. Pero los jefes de Estado y de gobierno han acordado que el criterio clave para el reparto será la riqueza per cápita. El Gobierno espera que a España le toque una reducción del 28% en 2030. Hasta ahora, con el horizonte de compromisos dibujado sólo hasta 2020, el recorte que le correspondía al país era del 10% respecto de 2005.

Veamos el camino recorrido hasta ahora.  La UE se propuso un recorte del 8% en 2020, pero los países del club pactaron compensar sus esfuerzos en función de su nivel de desarrollo. Así, mientras que Alemania o Dinamarca debían emitir un 21% de gases menos con relación a 1990, a países como España, Grecia o Portugal se les permitió contaminar más (el 15% , el 25% y el 27% más de emisiones, respectivamente). Ni aun con este margen España no pareció tomarse en serio el listón, superado año tras año. 

Para poder pasar la primera prueba de Kioto (cuya evaluación se dividía en dos períodos, de 2008 a 2012, y de 2013 a 2020), España se abonó a la compra de derechos de emisión de otros países.  Greenpeace estima en 800 millones de euros el dinero invertido en ello.  “Es verdad que tanto el Gobierno anterior —socialista— como el actual han utilizado la compra de derechos de emisión para cumplir con Kioto en lugar de hacer políticas internas. Aunque el [Ejecutivo] actual se está orientando más a actuar sobre políticas internas dentro del territorio español”, dijo el ex ministro de Agricultura y actual comisario europeo de Acción Clima, Miguel Arias Cañete, hace unos meses ante la Comisión Mixta Congreso-Senado para la UE. Cañete celebró el cumplimiento de la primera fase.

“Las últimas compras de derechos se realizaron en 2013. Desde entonces no han hecho falta nuevas inversiones, y hemos priorizado medidas de reducción de emisiones, con apuestas como los Proyectos Clima, que desarrollan iniciativas que reducen emisiones en el transporte, la agricultura o los residuos”, explica el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, que en la recta final negociadora de París se quedó temporalmente sin representante tras el cese de Susana Magro como directora de la OECC. 

Una ayuda inesperada para cumplir con Kioto ha venido de la mano de la crisis. La Agencia Europea de Medio Ambiente estima que del 30% al 50% de la reducción de emisiones lograda en 2008-2012 en toda la UE se podrían deber al hundimiento de la actividad. “Es evidente que la crisis ha influido, pero también lo es que hay medidas de lucha contra el cambio climático que dan sus frutos”, añade Medio Ambiente. 

La Agencia Europea dio un toque a España en su Kioto Progress Report (2014). Y sobre esta base también lo ha hecho el Ejecutivo de Bruselas en su Informe sobre España 2015 del pasado 26 de febrero. El país “corre el riesgo de  no alcanzar” la citada reducción del 10% con vistas a 2020. Sin nuevas medidas, las emisiones no industriales  (residenciales, agricultura, transporte...) y no sujetas al comercio de emisiones, el objetivo español para 2020 “quedaria nueve puntos porcentuales por debajo de lo previsto”. La suma de los hogares y el transporte suma más emisiones que la industria, que puede comprar y vender derecho a emitir, con un tope, a través de un mercado ad hoc para ello.

PARÓN RENOVABLE

“Con Kioto cumplimos sobre todo gracias a la crisis. A partir de ahora dependerá no sólo de hasta qué punto remonte la economía, sino también de la apuesta tecnológica que hagamos”,  apunta Pedro Linares, coautor del Informe basado en indicadores. Edición 2014 del Observatorio de Energía y Sostenibilidad en España (Universidad Pontificia de Comillas). En este sentido, el peso de las energías renovables, que abaratan el precio de la energía, es clave.  Su peso en el consumo energético total español no había dejado de  crecer.  En 2013, representaron un 15,4% del total, cuando el objetivo para 2020 es llegar al 20%. Pero la supresión con efecto retroactivo de las generosas ayudas a las renovables del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que ha paralizado la inversión en nuevas instalaciones debido a la inseguridad jurídica generada, no ayudan. “Si paras las renovables, pues vamos más despacio”, apunta Linares, que precisa que si las renovables son rentables sin ayudas, no es imposible  hacer los deberes. Al golpe al sector se le suma el cerco sobre el autoconsumo eléctrico.  

España deberá reducir cerca de un 27% sus emisiones de cara a 2030

El Gobierno no tiene un objetivo vinculante de renovables

Antes de 2030, la UE se propone alcanzar el 27% de energía verde, un objetivo paraguas para el conjunto de países que les da flexibilidad, al no fijar obligaciones estatales. El Gobierno del PP logra que no le aten de manos en pleno chapoteo por salir de la crisis, ignorando el potencial para el crecimiento y el empleo de las renovables. Pero sí reivindica su Plan de Impulso al Medio Ambiente (PIMA), que incentiva la actividad baja en carbono y la inversión privada en renovar vehículos comerciales, infraestructuras hoteleras o maquinaria agrícola, además de mejorar el tratamiento de residuos. Y también el foro Grupo Español de Crecimiento Verde, que implica las grandes empresas contra el cambio climático.

OBJETIVOS 2030

Además de conseguir un 15% de interconexiones eléctricas por cada 100 MW producidos, la UE propone:

> 27% energía renovable

Es un objetivo europeo, que a escala nacional no es vinculante, al contrario del fijado en 2020 el objetivo sí lo era.

> - 40% emisiones 

En parte se logra vía el mercado de derechos de emisión y en parte los países actúan en agricultura, transporte y edificación.

> 27% de eficiencia

No es una meta nacional vinculante.  El nivel de referencia para comparar ese 27% se describe como business as usual.