Europa presiona para trabajar más y reducir la prestación

Cada vez vivimos más y disfrutamos de una mejor atención médica que tiende a alargarnos la existencia. Sin embargo, si se repasa la literatura sobre cómo le vamos ganando años a la vida manejada por la Comisión Europea, la OCDE, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) o los bancos de inversión, uno se queda con mal cuerpo. No está escrita en el tono de quien diseña un sistema para priorizar el bienestar de millones de jubilados, sino en el de quien sólo vislumbra una amenazadora bola de nieve de costes. Con una recomendación sugerida desde hace casi 20 años: “Empequeñecer el pilar público” de las pensiones, como resumió en 1994 el Banco Mundial. En paralelo, ampliando las pensiones privadas, presunta garantía de futuro.

Las referencias a esta receta mixta han sido múltiples, y los llamamientos a una reforma del sistema, agotadoras. En 2003, tiempos de bonanza y burbuja, Bruselas identificaba la reforma del sistema de pensiones como “el principal reto para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas” de España. Incluso con superávit, nuestros socios europeos  sugirieron “una reforma global del sistema de pensiones” a pesar de valorar que el plan de Estabilidad de España 2004-2008  permitía al país hacer frente al impacto del envejecimiento, en parte gracias a la inmigración que atrajo la borrachera del tocho.

Ha sido, sin embargo, la crisis de la deuda que atenaza al Viejo Continente el episodio que ha brindado el argumentario perfecto para que una UE bajo el celo alemán de la austeridad se haya acabado de convertir al credo de las reformas a fondo. 

No ha habido intervención ni rescate que no haya incluido, entre despidos de funcionarios y recortes sociales, bisturí a las pensiones. En Portugal, los famosos hombres de negro mandaron congelarlas en 2012 y 2013, salvo las mínimas, y también recortar las superiores a los 1.500 euros. En una Grecia convertida en polvorín social, además del retraso en dos años de la edad de jubilación para todas las categorías de pensionistas, en 2012 el gasto total en pesniones se recortó un 16%. En Irlanda, los nuevos jubilados cobran un 10% menos, mientras los funcionarios con más de 12.000 euros anuales sufren un recorte del 4%. Además, la edad de jubilación subirá a 66 años en 2014, a 67 en 2021 y a 68 en 2028.

PALOS DE CIEGO

En España, el pensionazo pactado de 2011 se produjo un año y tres meses después del primer atisbo de intervención europea, la noche del 9 al 10 de mayo de 2010. Mientras se larvó la tormenta, los palos de ciego del segundo Gobierno Zapatero quedaron patentes en el envío a Bruselas del Plan de Estabilidad 2008-2013.

Dicho documento no se limitaba a elevar la edad oficial del retiro de los 65 a los 67 años, sino que proponía “ampliar el número de años computados para calcular la pensión”, y remitía a un apartado del documento donde detallaba cómo si este periodo “aumentaba en una década” (de 15 a 25 años), el recorte total de gasto “podría alcanzar casi cuatro puntos porcentuales sobre el PIB a partir del 2030”. 40.000 millones de euros! Se armó la gorda y el Gobierno dijo que era sólo de “un  ejemplo”. Pero el plan mantuvo tanto “la elevación progresiva de la edad legal de jubilación de los 65 años hasta los 67” como “la posible vinculación de otros parámetros” (edad mínima de jubilación, número mínimo de años cotizados para acceder a la pensión o el periodo de cómputo para calcular la pensión) a este alargamiento de la vida laboral”.

Tras un estira y afloja negociador en el Pacto de Toledo, la reforma echó a andar en agosto de 2011, aunque es en 2013 cuando han entrado en vigor sus aspectos más polémicos (los 25 años para calcular la pensión no era un ejemplo, sino que iban en serio, y para cobrar la pensión completa hacen falta 37 años de cotización en lugar de 35). Y es que Bruselas estuvo persiguiendo al Gobierno con una inquietante proyección estadística: en 2050, el coste de las pensiones en relación al PIB en España casi se duplicará (pasará del 8,4% de 2007 al 15,5%).

La reforma acometida “amortigua el aumento previsto en el gasto asociado al envejecimiento de la población”, en palabras de la OCDE (recomendaciones de noviembre de 2012), pero este organismo exige que España “profundice” en la reforma y elimine cuanto antes la jubilación parcial. En abril del año pasado, el FMI insistió en la apuesta por que “el sector privado, los ciudadanos y el gobierno compartan riesgos para aliviar presiones sobre cualquiera de estos sectores”. Vuelve de nuevo, el enfoque “multipilar” del Banco Mundial.

La petición de un rescate para los bancos españoles formulada el pasado 9 de junio de 2012 ha sometido a España a una serie de “recomendaciones” de estricto cumplimiento.  Bruselas reconoce el “paso significativo” que se ha dado “a favor de la sostenibilidad a largo plazo de la Hacienda pública”. Pero existe un problema. El propio remedio recetado para salir de la crisis –anteponer a cualquier medida el saneamiento total de las cuentas públicas– está deteriorando las perspectivas de la economía española. Y este deterioro “limita los efectos de la reforma sobre la previsión de gastos públicos que se derivarían del envejecimiento de la población”. Conclusión: la reforma de las pensiones necesita “complementarse”.  Vienen más curvas.

REVISIÓN AUTOMÁTICA

La Comisión analizó a fondo las implicaciones presupuestarias del envejecimiento de la población en un nuevo informe fechado en agosto de 2012. En el caso de España, subraya que el gasto en pensiones públicas se incrementará en 3,6 puntos porcentuales del PIB entre 2010 y 2060, por encima de los 1,4 puntos de media de la UE. Así que este país, afirma, “necesita aplicar políticas que permitan la sostenibilidad a largo plazo equivalentes a una mejora permanente de 4,8 puntos del PIB”. Si no hay cambios, la deuda escalará al 129,4% en 2030. Más del doble del 60% permitido en Europa. 

Esta previsión es de agosto pasado, cuando aún se desconocía el desvío de la deuda que supondría el rescate financiero europeo del que responde el Estado español (se prevé una deuda pública de un 90,5% del PIB para 2013). La cuestión es, insiste Bruselas, asegurar “un vínculo claro entre la edad de jubilación y los cambios en la esperanza de vida, de modo que los gastos en pensiones se puedan curvar a largo plazo”. Es lo que los expertos llaman “factor de sostenibilidad” y, a pesar de que ya formó parte del pensionazo en vigor, la expresión ha pasado muy desapercibida. Tal vez porque su entrada en vigor se dejó para 2027.

En principio, a partir de esa fecha entonces, cada cinco años “el sistema” se revisará en función de la esperanza de vida de los españoles (hoy, 82 años). “El sistema” es todo: cuántos años se cotiza para acceder a la pensión completa, cuántos para calcular su cuantía, las bases de su cotización, la edad de jubilación... El automatismo que implica el “factor de sostenibilidad” evita la incomodidad política de abrir un melón impopular desde el punto de vista electoral. Pero, de nuevo por presión de Bruselas, el gobierno Rajoy quiere adelantarlo de 2027 a este mismo verano. No olvidemos que estamos intentando evitar un nuevo rescate. Uno total.

PARA SABER MÁS:

·Pensions at a glance. Retirement-Income Systems in OECD and G20 Countries. 2011. www.ocde.org

·Global Financial Stability Report. Financial Impact of Longetivity Risk. Fondo Monetario Internacional.  www.imf.org April 2012.

·Fiscal Sustaninability Report. European Economy 8/2012. European Comission

·Green Paper. Towards adequatre, sustainable and safe European pension systems. http://ec.europa.eu/social

·La reforma necesaria. El futuro de las pensiones. Nicholas Barr y Peter Diamond. Edit. 

·El hombre del Tres.