“Falla el sistema de control de las universidades”

Entrevista a Vera Sacristán, presidenta del Observatorio del Sistema Universitario (OSU), exprofesora de la UPC y coautora del informe ¿A qué puede llamarse Universidad?

El OSU quiso comprobar el grado de cumplimiento de los nuevos requisitos propuestos por el Gobierno a las universidades y se encontró con un incumplimiento generalizado de requisitos ya vigentes desde hace mucho tiempo. A pesar de que hasta ahora no había nada más que una exigencia sobre la oferta docente y cuatro sobre la plantilla de profesorado, solo 18 de las 81 universidades analizadas las cumplen. Si además se tienen en cuenta sus centros adscritos, solo cumplen 10. En cuanto a los nuevos requisitos, solo los cumplen 12 universidades.

Su informe concluye que la gran mayoría de las universidades incumplen en gran medida los requisitos vigentes hasta ahora, y también los nuevos. ¿Cómo lo explica?

Es evidente que falla el sistema de control efectivo que corrija los defectos. No puede ser que se incumplan los requisitos y no pase nada. Porque entonces de nada servirá actualizar los requisitos como propone el Gobierno.

Pero 12 de 81 son muy pocas.

Sí. Es un titular llamativo, aunque conviene ir más allá. La situación es muy desigual. Hay universidades que están a una distancia muy corta de cumplir, y otras, en cambio, están muy lejos. También es interesante ver la diferencia en los incumplimientos entre las universidades públicas con relación a las privadas.

¿Qué diferencia a las privadas?

Las públicas tienden a incumplir los requisitos relacionados con la precarización de las plantillas. Por tanto, con dinero y voluntad el problema puede arreglarse de forma relativamente fácil. En Madrid, y, sobre todo, en Cataluña, vemos un problema flagrante porque tienen demasiado personal docente e investigador temporal y a tiempo parcial. En las privadas, por lo que respecta al personal, también constatamos un exceso de dedicación de tiempo parcial. Pero en general, los mayores problemas se dan en relación con una insuficiente actividad investigadora sobre la que, por cierto, hasta ahora no había requisitos mínimos, de forma sorprendente. Hay 19 universidades privadas de 33 a las que en los últimos cinco años no se les ha concedido un mínimo de proyectos de investigación. De estas, 14 no han obtenido ninguno. Ocho privadas incluso carecen de cualquier programa de doctorado. Saque sus conclusiones.

Eso es más difícil de resolver.

¿Por qué?

Porque obtener resultados en investigación requiere tiempo y dinero. Si montas una universidad para hacer negocio, no gastas mucho en investigación, porque  es caro. Del mismo modo que es poco rentable ofrecer carreras de ciencias o de ingenierías pesadas, que necesitan laboratorios, plantilla especializada y clases reducidas. El rector de la Universidad de Navarra, Alfonso Sánchez-Tabernero, dijo recientemente que la excelencia universitaria es incompatible con el ánimo de lucro. Una universidad puede ser un buen negocio pero no será entonces uno de los mejores centros académicos de su entorno. El dinero que va a los accionistas no va a investigación, instalaciones, buenos docentes e investigadores  o buen personal técnico.

El negocio no está en las ciencias. ¿Y en los másteres?

En el conjunto de España, el estudiantado de grado representa el 83% del total matriculado en estudios oficiales de las universidades públicas y el 68% de las privadas. Pero en las privadas no presenciales, es el 55%. Se cumple el requisito legal de que el estudiantado de grado sea al menos la mitad del total, pero en mucha menor proporción. Saque sus conclusiones. 

¿Qué panorama prevé tras los  cinco años que se da a las universidades y centros adscritos para cumplir los nuevos requisitos?

Habrá que organizar una buena transición. No puede ser que el estudiantado se quede colgado sin acabar los estudios si se cierra una universidad por no cumplir unos requisitos mínimos. Por eso es importante fijar controles ex ante. Los datos apuntan a que las públicas lograrán cumplir los requisitos mínimos solo con que mejore su financiación y, con ella, su política de personal. Previsiblemente, algunas privadas no lo lograrán, o incluso no lo intentarán, pese a que los requisitos previstos sobre la investigación no son muy exigentes. Mención aparte requieren los centros adscritos. 
 
¿Qué pasará con ellos?

Hablamos de centros docentes distintos de la universidad, que se adscriben a una universidad a través de un convenio, que aprueba la correspondiente comunidad autónoma y que les permite emitir títulos oficiales de la universidad a la que se adscriben, aun sin ser parte de esta. Actualmente hay 166, la gran mayoría, adscritos a universidades públicas. Disponemos de pocos datos oficiales sobre su actividad, pero los pocos que hay arrojan un incumplimiento muy elevado y elevadísimo en el caso de los nuevos requisitos previstos. En adelante, se les exigirán requisitos en todos los campos, como la investigación o la oferta docente. Los datos indican que están en cuestión la calidad y la misma viabilidad de la mayoría de estos centros.