“Hay objetivos con buenas intenciones que son inviables”
Entrevista
Toni Comín
Expresidente de la comisión Interdepartamental del Programa de renta mínima de inserción de Cataluña (2006-2010)
FOTO: Andrea Bosch
Toni Comín, hoy profesor de Esade, impulsó una reforma del Programa de Renta Mínima de Inserción (PIRMI) para reforzarlo en tiempos del tripartito catalán, pero la llegada de la crisis la depositó en un cajón por falta de presupuesto. La victoria de CiU comportó una contrarreforma del programa en nombre de la eficiencia y la lucha contra el fraude. El Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo catalán) vio un “disparate” la revisión que la Generalitat presidida por Artur Mas realizó en 2011 sobre los 34.000 beneficiarios de estas ayudas. De ellos, 7.000 dejaron de cobrarlas. Según el Síndic, 1.300 personas no han vuelto a cobrar la ayuda pese a que el Gobierno catalán reconoció que les correspondía percibirla.
La crisis ha disparado la pobreza. ¿Las administraciones han estado a la altura?
Respecto a la que conozco más de cerca, que es la de Cataluña, la respuesta es radicalmente no. En un momento de creciente pobreza, lo que se supone que debe hacer un gobierno no es intentar reducir el número de expedientes por atender.
Su argumento era que la crisis había hecho de la renta mínima una paga para gente en paro, y que eso le corresponde al Estado...
Lo que no se puede hacer, y menos si se tiene competencias exclusivas en asistencia social, es no cumplir con ellas. A la Generalitat le toca atender a las personas que han perdido el derecho a ser cubiertas por las prestaciones de la Seguridad Social. Pero el sistema está pensado para circunstancias normales, y esta crisis es la peor de los últimos setenta años, el sistema no está preparado para afrontarlo. Tienes un espacio para la gente que ha contribuido, más la prórroga de ese espacio; un segundo espacio para la gente que no puede trabajar por ser mayor o estar enferma, y en medio, todas las personas que, siendo activas, carecen de ingresos. No puede haber abismos entre estos espacios ni dentro de ellos. Para evitar hacerse cargo de más beneficiarios de renta mínima, no se puede cambiar los criterios.
Diez de 17 autonomías congelaron las partidas para ayudas a la pobreza y la mayoría endurecieron los criterios para concederlas.
Hay que hablar claro. Eso significa que las administraciones no montan un programa de acuerdo con unos criterios, sino en función de un presupuesto. De nuevo, si con la crisis, con esos criterios se dispara el número de los beneficiaros, se cambian los criterios para reducirlos.
¿Es justo que una persona pobre que siga un plan de inserción cobre 658 euros al mes en Euskadi y solo 372 en Castilla-La Mancha?
Como federalista, que las competencias en protección social sean de las comunidades no me parece mal. Pero creo que, en un debate democrático bien construido, lo que se debería generar es una cierta presión al alza: que la comunidad que vaya por delante haga de espejo al resto. Ahora, con la crisis la tendencia ha sido al revés. La crisis altera el despliegue de estas ayudas.
¿Qué preveía su reforma?, entiendo que cara
Se dijo que iba a reforzar la sobreprotección, pero en realidad lo que quería reforzar era la capacidad insertora del programa. La contrarreforma de CiU, con el discurso de que no puede cobrar quien no lo merezca, no tuvo en cuenta que eso no se hace por la lógica policial, sino con incentivos. Incentivos significa evitar la sobrecarga de los trabajadores sociales encargados de seguir a quienes llevan a cabo un plan de inserción. Si sigues a 50 personas no sigues a nadie. Es como la ratio de alumnos por aula. Si desciende, el fracaso escolar baja. Pues el fracaso en la inserción laboral también baja. Además, se encargó a trabajadores precarios de ETT comprobar si los ciudadanos pobres cumplían los requisitos para cobrar ayudas. Precarios haciendo de policías de pobres.
En todo caso, en crisis cuesta rebatir la intención de gastar el dinero de modo eficiente.
Claro. Pero lo que nosotros pretendíamos era que a aquel que hiciera el plan de inserción mejor y más rápido se le pagara más, porque se suponía que saldría antes del programa. Es decir, que suponía costes adicionales, pero la tasa de inserción , objetivo último, se elevaría, y así se lucharía contra la cronificación. Luchar contra la cronificación no es quitar el dinero de golpe al cabo de un cierto tiempo.
Es fácil incurrir en la demagogia en este tema.
O pueden darse objectivos bienintencionados que, desde la buena fe, resultan inviables.
Un salario para personas sin recursos no condicionado a la inserción laboral, ¿es viable?
En un Estado de bienestar veo dos programas posibles: una renta para quienes tengan menos de ciertos ingresos si se comprometen a reinsertarse en el mercado laboral, o bien el derecho a una renta básica universal, que suponga cobrar unos ingresos solo por ser un ciudadano, acompañado de un sistema fiscal que redistribuya la riqueza. Pero el camino del medio veo difícil establecerlo de forma permanente e indefinida. Veo difícil convencer a la sociedad de que las personas pobres cobran por serlo a cambio de nada. Puede plantearse como un primer paso hacia la renta básica universal incondicional.
