HUELGA // Enric Català

Los huelguistas de las subcontratas de Movistar levantan el campamento en  la sede del Mobile World Center.

Las sucesivas reformas laborales han pretendido siempre socavar el poder de los sindicatos, sobre todo tratando de sortear cada vez más la negociación colectiva. Pero como las condiciones laborales han ido empeorando en paralelo, la conflictividad se ha ido expresando cada vez más por caminos nuevos, alejados de las dinámicas tradicionales pero también, en consecuencia, con interlocutores que sienten que nada tienen que perder, como se evidencia en la lucha de las subcontratas de Movistar.

Dentro del retroceso generalizado de derechos —ley mordaza, reforma del Código Penal, etc.—, que algunos expertos enmarcan en un nuevo escenario de democracia de baja intensidad, el derecho de huelga también se ha visto afectado con una virulencia sólo equiparable a los últimos años del franquismo: el año pasado había en España 260 sindicalistas a los que la fiscalía solicitaba penas agregadas de 120 años de cárcel.