La austeridad ahoga a la Ley de Dependencia

María Puerta Valera, gerente de la cooperativa murciana de servicios a las personas Lorcamur, lleva seis años tambaleándose sobre la cuerda de una promesa precaria. Cuando en 2005 le dijeron que se estaba preparando la Ley de Dependencia apostó fuerte por ello e invirtió dinero y tiempo para dar el servicio. Le habían asegurado que el Estado destinaría un presupuesto para que las personas en situación de dependencia estuvieran cuidadas por profesionales. Harían falta residencias. Entonces puso toda la maquinaria en marcha para que el personal se formara y la cooperativa se adaptara a los requerimientos de la normativa. Pero a la hora de la verdad, cuando en 2007 por fin se aprobó la ley, el presupuesto público era poco y las líneas de cumplimiento variaban según la comunidad autónoma. En la suya, Murcia, sus esfuerzos se vieron poco recompensados.

Si bien la normativa había comenzado sin mucho presupuesto, la intención era ir ampliándolo. De hecho, en 2009 el Gobierno socialista había aprobado el Plan E, que destinaba 400 millones de euros a proporcionar recursos para el Sistema de la Dependencia. Pero las partidas se frenaron en 2011 y 2012.

“El desmantelamiento va a una velocidad de cuatro beneficiarios menos por hora desde la aprobación en el pasado julio del Real Decreto-Ley 20/2012”, indica José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. “Las estadísticas oficiales demuestran que el ministerio aplica el ‘escenario de ruina’ al Sistema, que se destruye por inanición”. 

Además, la normativa proponía que la ayuda fuera profesional, es decir que —menos en casos excepcionales— hacía falta una formación específica para dar el servicio. La idea del Gobierno era doble: crear unos 635.500 puestos de trabajo y dar un apoyo a las personas dependientes y a sus familias.  

Pero eso no fue así. Muchas familias optaron por mantener a sus dependientes en casa. “No están siempre bien cuidados”, dice  Puerta. “Incluso hay casos en los que se genera economía sumergida, porque se subcontrata en negro, por menos que la ayuda”.

No todos están de acuerdo con esta visión. “Yo creo que no es correcto decir que los cuidadores familiares están menos formados”, replica Carmen Morán, experta en temas de dependencia del diario El País. “La formación en España para esto deja en algunos casos que desear, frente al buen hacer de la inmensa mayoría de mujeres que han pasado su vida entera cuidando niños, discapacitados y ancianos. Lo que está ocurriendo es que después de estar dando miles de pagas al cuidador familiar porque era lo barato y no tenían otra cosa (muchas familias pedían residencia y no se la concedían porque no había), ahora, para quitarles esas pagas o reducir su importe, se dice que no están formadas”.

A partir de 2012 se sumó un problema más. Hasta entonces, el Estado se hacía cargo de la mayor parte de la Seguridad Social de las cuidadoras familiares no profesionales, pero entonces dejó de asumirla y las mujeres dejaron de cotizar.

“La ley es un acierto”, defiende hoy Jesús Caldera, exministro de Trabajo y Asuntos Sociales del Gobierno socialista y uno de sus impulsores. “Es una fuente intensiva de mano de obra, y además es una actividad que no se puede deslocalizar. ¿Cómo se está ejecutando? Tengo críticas. Algunas comunidades han utilizado la vía de las familias. Es un error. Además, la están vaciando con las políticas de austeridad. Estaba calculado que de cada euro invertido perdías un tercio  porque el resto lo recuperabas directamente a través de impuestos de los propios empleos y de lo que te ahorrabas en prevención. Pero se han adoptado decisiones nefastas”.

Para los usuarios, el sistema siempre ha sido de copago, pero las diferencias entre lo que había que pagar antes y ahora es en algunos casos abismal. “Si la familia pagaba 10 euros, ahora tiene que pagar 80”, explica Puerta. “Eso es un estímulo para que la gente se vaya. Por más que el Estado pague una parte, no hay capacidad para pagar el resto”.

Además, hay familias que se quejan de que el servicio que dan las residencias no es lo suficientemente bueno como para pagar, pues para obtener más beneficios se baja la calidad del servicio, y por tanto es mejor tener a la persona dependiente en casa. 

“El sistema mixto es como tiene que ser”, replica Caldera. “Si no utilizáramos la red público-privada, no llegaríamos nunca. Lo que hay que hacer es controlar que el servicio cumpla con las normas de instalaciones y de formación, para que eso funcione”.

Por lo pronto, tampoco el sector privado está contento.  “Hacemos malabares con las cuentas para no despedir, porque somos una cooperativa, pero de todas maneras hemos tenido de bajar de 130 empleos a 90”, explica Puerta. “La comunidad paga a 60 o 90 días, pero la residencia da el servicio igual, sigue pagando los salarios y asume las cargas sociales de las personas que trabajan. Cuando cobran las familias, cobramos nosotros. El problema es que no se está pagando”.

El caos es bastante grande. El Estado da a dinero a las comunidades, y estas a su vez se lo proporcionan a los ayuntamientos. Los gobiernos locales pueden además aportar una parte del dinero para cumplir con la ley, pero lo cierto es que los retrasos suelen ser la norma. La ley da seis meses a la comunidad para pagar la prestación, desde que la solicitud es aprobada. Pero las comunidades no reciben dinero y no siempre tienen capacidad de asumir los costes, o deciden que no es una prioridad. A lo largo y ancho de España se multiplican las plataformas ciudadanas que reclaman la paga comprometida. A veces la tardanza en pagar es tal que los enfermos y ancianos fallecen antes. El Estado financia lo mismo si se trata de una residencia de lujo donde la familia para 1.000 euros más, que una donde la familia paga 80.

HIPERLIBERALIZACIÓN

“Habría que huir de la hiperliberalización de la gestión y la generalización del copago”, opina Ricard Fernández, presidente de Suara, una de las más grandes cooperativas de servicios a las personas. “Comportarían tres efectos perversos: la pérdida de control de la eficiencia del gasto por parte de la Administración, la marginación de los segmentos sociales más humildes y el encarecimiento general del sistema. En todos estos aspectos, se ha revelado como un buen mecanismo de mejora y eficiencia la cooperación del sector público con el tercer sector.”

Suara fue uno de los participantes en el estudio realizado por la Confederación Española de Empresas de Economía Social (CEPES) y la Fundación Alternativas, escrito por Antonio Jiménez Lara y Ángel Rodríguez Castedo. Allí indican que actualmente el 10% de las empresas que brindan servicios a la dependencia proviene de la economía social, pero estiman que el tercer sector debería incentivarse más.

En todo caso, todas las empresas dedicadas a la dependencia deberán volver a invertir en formación si quieren continuar dando el servicio. A partir de 2016 se pedirá un nuevo certificado para el que hay que cursar 700 horas de módulos y obtener un examen similar al de FP2 de auxiliar de clínica.

María Puerta sigue siendo, a pesar de todo, optimista. “Esperemos que, como nos han prometido, en 2015 todo cambie”, concluye resignada. “Ya estamos tramitando la formación y pondremos tiempo y dinero para llegar a esa fecha con todos los títulos de formación requeridos al día”.

José Manuel Ramírez no está tan seguro. “Todo nos lleva a pensar que la Dependencia tiene fecha de cierre, cuando hayan fallecido los actuales beneficiarios y los que tienen el derecho reconocido”.

CRONOLOGÍA DE UNA LEY ENDEBLE

2005

El Imserso edita el Libro Blanco de Atención a las personas en situación de Dependencia, que prevé la ley. Las entidades comienzan a prepararse. 

1 de enero de 2007

Entra en vigor la Ley 29/2006 de Promoción de la Autonomía personal y Atención a las personas en situación de Dependencia (LAPAD).

Mediados de 2007

Se hunden las hipotecas subprime. Comienza la crisis financiera y se rompe la burbuja inmobiliaria. Comienzan a descender los niveles de empleo.

Principios de 2009

El Gobierno socialista aprueba una serie de partidas. 400 millones de euros en el Plan E, destinado a brindar recursos para el Sistema de la Dependencia. 

20 de mayo de 2010

Se modifica el régimen jurídico de las prestaciones, en el Real Decreto 8/2010 de medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.

Diciembre de 2011

Se dilata la puesta en marcha de un presupuesto para la Dependencia en el Real Decreto-Ley 20/2011 de medidas urgentes para la corrección del déficit público.

13 de julio de 2012

Más dilatación del presupuesto, en el Real Decreto-Ley 20/2012 de medidas urgentes en materia presupuestaria y de fomento de la competitividad.