La crisis se ceba en el profesorado
Los recortes en las universidades y el descenso del personal titular universitario lo ha pagado el profesorado contratado, y especialmente el profesorado asociado.
ILUSTRACIÓN: PERICO PASTOR
Los efectos de la crisis, y de la disminución de la financiación de las universidades públicas, las han pagado las y los profesores contratados, mayoritariamente profesores asociados. La crisis ha permitido que la precariedad del profesorado español sea de las más altas de Europa, según la Asociado Estatal de Profesorado Asociado de las Universidad Públicas (AEPA-UP), con salarios que rondan los 500 euros por mes, trabajo encubierto y contratos breves, que incluso se cortan en vacaciones para volver a firmarse al inicio del periodo lectivo.
La llamada Ley Wert, de 2012, permitió recortar 3.700 millones de euros en educación. Durante el Gobierno del PP la tasa de reposición fue del 10%, aunque luego se ampliaría al 50%. Como puede verse en el gráfico, la bajada de los presupuestos para las universidades derivó en que la cantidad de docentes e investigadores funcionarios pasara de 51.054 en 2008 a 43.318 en 2017 (últimos datos disponibles). Y que, para cumplir con el trabajo, esa bajada de funcionarios se viera “remendada” por un aumento en el personal contratado, que pasó de 47.568 en 2008 a 52.847. La parte más gruesa de esos contratados la cubrió la figura de los profesores asociados (de 17.403 en 2008 a 22.871 en 2017).
“En nuestros cálculos las cifras son todavía peores que las que se presentan oficialmente. Nos miramos la cifras con recelo”, dice Isabel de la Cruz, profesora de sociología y antropología de la Universidad de Valencia y presidenta de la AEPA-UP. En esa universidad llevaron a inicios de 2018 una huelga de 100 días que permitió dar visibilidad al problema y ser atendidos por varios políticos, incluidos eurodiputados, aunque de momento no hay más que buenas intenciones.
El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ha tenido un acercamiento a las universidades, y continuará con la tasa de reposición del 100% de los puestos titulares y catedráticos, que fue aprobada ya en 2017. Las asociaciones de profesores, los sindicatos y los rectores piden que sea más del 100%, para remendar las bajas del pasado.
Al cierre de esta edición de Alternativas Económicas los profesores asociados de Cataluña se encontraban planificando otras posibles huelgas.
LEY DE PROFESORES ASOCIADOS
La figura del profesor asociado se creó en 1983, para permitir que personas que se dedicaban a trabajos fuera de la universidad y que conocían de cerca el funcionamiento del mercado laboral en cada materia -en campos como la aeronáutica, la ingeniería, en altos cargos, etc.- pudiera dedicar unas horas a la universidad. Se suponía que la función era agregar al programa formativo información muy especializada, y que su tiempo se dedicaba mayoritariamente a la empresa privada.
Se suponía que el profesor asociado tenía otro trabajo principal
En general, dedican muchas más horas de las que dice el contrato
“El problema de esta figura comienza desde el mismo principio de la figura como tal”, explica Miguel Duro Moreno, uno de los fundadores de la Asociación de Profesores Asociados de la Universidad Autónoma de Madrid y profesor de Traducción Jurídica (inglés) e Informática Aplicada a la Traducción. “Había dos modalidades. Uno era un contrato administrativo, a tiempo parcial, y tenía cierta sensatez. Pero también se incluída un contrato a tiempo completo. Eso no tenía ningún sentido. Era una contradictio in terminis”.
Desde 1983 el número total de profesores asociados no podía superar el 20% de los puestos de catedráticos y profesores titulares en cada universidad. Pero en 2002 se cambió la ley para que el número total del personal docente e investigador contratado llegara hasta el 49% del total del personal docente e investigador.
En 2001 esa ley fue reformada para que la figura de profesor asociado fuera exclusivamente a tiempo parcial. Pero no se terminó de efectivizar hasta 2007, cuando se aprobó la Ley Orgánica 4/2007, que modificaba la Ley Orgánica de Universidades (LOU). A partir de entonces, la proporción permitida de profesores contratados dejó de contarse por el número de personas contratadas y pasó a contarse por horas trabajadas. “Por ejemplo, hasta entonces un profesor asociado que trabajara seis horas a la semana había contado como una persona contratada más, y desde entonces cuenta como 6 horas de trabajo semanales, es decir, muchísimo menos”, explica Vera Sacristán, del Observatorio del Sistema Universitario. Esto liberalizó la cantidad de profesores asociados que podía tener la universidad.
“Con la crisis y los recortes derivados de la LOU, se exageró todavía más el abuso de la figura de profesor asociado”, agrega Sacristán. “Yo, como funcionaria, estoy obligada a hacer ocho horas por semana de clases, prepararlas, hacer investigación, coordinar, etc. Al final mis ocho horas de clase le salen carísimas a la universidad. A los contratados se les paga por las horas dedicadas en clase y en preparación, sin más. Al haber poco dinero, las universidades dicen: ¿De dónde saco seis horas más de clase? Con profesor contratado o asociado”.
FALSOS ASOCIADOS
Si se miran las cifras oficiales, no pareciera que un profesor asociado esté mal pagado si dedica por ejemplo seis horas a la semana y tiene un “extra” a su salario base externo a la universidad de 500 o 600 euros. El problema radica en que el tiempo de dedicación real sobrepasa con creces las horas que aparecen en el contrato.
“En la Universidad Autónoma de Madrid, de las 130 plazas ofertadas en el curso 2018/2019, 123 han sido de profesores asociados”, dice Miguel Duro Moreno. “Las universidades públicas madrileñas despiden y recontratan a sus profesores asociados cada tres años. Y en concreto la Autónoma es la única universidad madrileña que despide en verano para no pagar a sus asociados. Esto contraviene el estatuto de los trabajadores. La LOU establece que los contratos de asociados pueden ser de 3, 6 o 12 meses pero en este caso son de 10 (...). Además, por supuesto, que cuando el contrato dice 6 horas de dedicación, en realidad hacemos 12, por 650 euros. Realizamos también tareas de gestión, coordinación de asignaturas, dirección de trabajos finales, etc., como si fuéramos profesores “normales”. Igual que los otros, pero cobrando 5 veces menos. Y como no hagas las horas que te da el director de departamento, no te vuelven a contratar. Un profesor titular tiene un salario en torno a los 2.500 euros mensuales.
Nosotros, en torno a los 650. La gente trabaja en dos universidades al mismo tiempo, por ejemplo, con dos contratos de asociado. O en un instituto a tiempo parcial y luego en la universidad. Se hace cualquier cosa para aumentar los ingresos personales”.
De forma individual muchos profesores asociados de Madrid han celebrado juicios por el uso abusivo de contratados asociados, básicamente porque están hasta 12 años y no se les reconocen los derechos como indefinidos. Estos juicios generalmente se ganan.
“Todos los juicios han dado la razón a los profesores”, remarca Duro Moreno. “Aunque siguen siendo contratados, no funcionarios. Las universidades saben que perderán pero dilatan lo máximo posible la contratación indefinida. Desde que un profesor interpone la demanda pueden pasar hasta cuatro años, porque se llega incluso al Tribunal Supremo”.
En Cataluña, los informes de la Sindicatura de Cuentas han detectado varias veces la utilización irregular de la figura del profesor asociado. Según el último documento del Observatorio de Universidades, “por ejemplo, en el caso de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) el informe sobre el año 2011 indicaba que los 115 asociados que fueron contratados por primera vez ese año se hicieron sin convocatoria pública, incumpliendo por tanto el artículo 48.3 de la LOU y dejando ver que la contratación de asociados se utilizó probablemente como vía rápida de contratación para resolver situaciones de necesidad docente (...). También se detectaba la contratación de varios asociados que antes habían tenido contratos de profesor visitante, profesor lector, ayudante o personal investigador en formación en la misma universidad. En cuanto a la supuesta actividad profesional del profesor asociado, se detectaron casos en que esta era ser profesor asociado en otra universidad o ser becario de investigación en una universidad privada, cuando la LOU exige que esta actividad se desarrolle fuera del ámbito académico universitario”.
Hubo casos similares, en la Universidad Rovira i Virgili. En 2010 la Sindicatura de Cuentas catalana identificó profesores asociados que no ejercían ninguna actividad profesional fuera de la universidad, y que habían sido contratados sin convocatoria pública. En la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), 349 de los 1.033 profesores asociados del curso 2009-2010 estaban contratados por motivos de refuerzo o de sustitución. En la Universidad de Lleida, de los 135 contratos de nuevos asociados del año 2009, 86 fueron contratados de forma directa . “Si bien la contratación directa no es en sí misma señal necesariamente de un uso inadecuado de esta figura contractual, sino una irregularidad administrativa, parece probado que muchas de estas contrataciones se han hecho durante mucho tiempo de manera urgente para cubrir necesidades docentes y no para incorporar aspectos de experiencia profesional en la docencia universitaria”, indica el informe de la Sindicatura de Cuentas.
La sindicatura de cuentas catalana ha reprobado a las universidades
En Madrid varios juicios han dado la razón a los profesores
La CRUE ha reconocido la “vergüenza” de la situación
Según el Observatorio de las Universidades también existen otras figuras contractuales que son falsas porque los profesores cumplen con tareas y horas que no les corresponden por contrato. Son los falsos profesores visitantes y falsos eméritos.
Todo esto, sin contar con los falsos becarios. En este sentido, la Universidad Autónoma de Madrid está en pleno juicio, demandada por casi 400 alumnos. Inspección de Trabajo señaló al centro porque utiliza a becarios para cubrir trabajos estructurales.
“Estuvimos en Bruselas, con otras universidades, y la conclusión era que ninguna universidad tenía los niveles de precariedad que tiene España”, agrega la presidenta de la Asociación Estatal de Profesorado Asociado, Isabel de la Cruz. “Tal vez en Grecia y en otros países haya problemas, pero no son tan graves como los de España. En esto estaban de acuerdo tanto eurodiputados de derecha como de izquierda”.
CRUE
La utilización de figuras no contractuales para remediar el bajo presupuesto es un tema reconocido incluso por la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE).
“Las medidas tomadas en los años en los que la crisis económica ha sido el referente de la política económica del Gobierno de España, especialmente a partir del año 2012, han empobrecido la capacidad productiva de las universidades públicas españolas tanto por la reducción cuantitativa de sus plantillas como por el envejecimiento observado en su edad media”, explican en el informe La Universidad española en cifras 2015/2016. “El esfuerzo financiero de la sociedad española para con las universidades públicas presenciales, expresado en porcentaje del producto interior bruto (PIB) es, a finales del año 2015 (0,812%), un 2% inferior al realizado en el año 2002 (0,828%); alcanzó su mayor nivel de compromiso en el año 2008 (0,898%). Este esfuerzo financiero se encuentra lejano de la referencia de equiparación internacional del 1,5 % del PIB, donde les correspondería al conjunto de las universidades públicas el 1% del PIB”.
Roberto Fernández, presidente de la CRUE, catedrático de Historia Moderna y rector de la Universidad de Lleida, expresó, en una entrevista a Eldiario.es, que era “una vergüenza” la situación de precariedad de las plantillas universitarias como consecuencia de la crisis. “No es de recibo que la universidad española se sostenga hoy por la ingente cantidad de profesores no permanentes. Y no es de recibo que tengamos asociados falsos, que estamos creando un cuerpo de profesorado pobre económicamente. No se le puede pagar 500 euros a gente para que dé 13 o 14 créditos. No vamos a obviar el tema de los falsos asociados”, decía en marzo de 2017.
Todavía no se ha conseguido mejorar la situación. El pasado noviembre, la CRUE y los principales sindicatos emitieron un comunicado por una nueva Ley Orgánica de Universidades, pero todavía no hay nada en claro sobre cómo quedará el panorama, finalmente.
