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Abril 2013 / 2

Economistas frente a la crisis. Exdirector de Empleo

En la situación actual, en la que seis millones de personas se encuentran en paro y en la que no parece haber límites a la destrucción de empleo, parar esta sangría debiera ser el objetivo principal, no solo de la política económica, sino de la política en general y no parece que este objetivo pueda cumplirse con medidas superficiales. Solo con crecimientos anuales del PIB sostenidos, y como mínimo del 2%, puede crearse empleo y el paro comenzar a disminuir. Pero ello exige un cambio de rumbo total, una alternativa a la política actual de austeridad como única prioridad. Será imprescindible poner en marcha políticas de estímulo de la actividad económica que, condicionando la reducción del déficit público al crecimiento económico y no al revés, suponga una nueva estrategia no solo del Gobierno español, sino también de las instituciones europeas y, en particular, del Banco Central Europeo (BCE), así como de los países hegemónicos de la Unión Europea. Si no, será imposible romper con el círculo vicioso de recesión-ajustes-recesión-ajustes... 

Seguir con las políticas actuales solo agravará la situación, lo cual acentuará el divorcio entre el Gobierno y  los ciudadanos. Es difícil cambiar la estrategia, pero es imprescindible. Las políticas de ajustes y de reformas como la laboral de 2012 no ayudan a crear empleo. Todo lo contrario. Pero, además, la política del Gobierno debe cambiar en muchos otros aspectos.: facilitando un cambio del modelo productivo menos inestable y estacional que el actual, rompiendo con la importancia de la temporalidad, que hace muy fluctuante el empleo; repartiendo mejor los costes de la crisis entre la población y mejorando la eficacia de las políticas activas de empleo. En este sentido, parece necesario contrarrestar la tendencia decreciente de los últimos dos años sobre los recursos destinados a estas medidas y cambiar los objetivos de las mismas fortaleciendo las actuaciones dedicadas a mejorar la actuación y eficacia de los servicios públicos de empleo y a superar los problemas de la formación para éste, que, entre otros objetivos, debiera plantearse la reconversión profesional de trabajadores de la construcción y otras actividades muy   afectadas por la crisis con un escaso nivel de cualificación.