“Los alimentos no pueden ser productos reclamo”
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Entrevista al ministro de Agricultura, Luis Planas
Nacido en 1952 en Valencia, es inspector de Trabajo. Fue nombrado ministro de Agricultura tras haber sido embajador en Marruecos y ante la UE y jefe de Gabinete de Pedro Solbes en la Comisión Europea.
¿Por qué hacía falta una nueva Ley de la Cadena Alimentaria?
Creo que es la ley más importante de esta legislatura para el sector. Marca unas nuevas reglas de juego, una nueva cultura en las relaciones comerciales dentro de la cadena de suministro de alimentos. En el Gobierno estamos muy satisfechos porque las organizaciones representativas de los distintos operadores la han acogido con satisfacción, ya que la consideran un instrumento que puede ser muy útil para afrontar las dificultades de la actual coyuntura de encarecimiento de costes de producción.
La Ley de la Cadena Alimentaria se promulgó en el año 2013 con el objetivo de mejorar su funcionamiento, reducir el desequilibrio entre los distintos operadores y procurar una competencia justa que redundara en una mayor eficacia y competitividad del sector agroalimentario en su conjunto. Pero con el paso del tiempo estos objetivos no solo no se estaban consiguiendo, sino que los productores primarios sentían cada vez más debilitada su situación, al verse obligados a vender a precios que apenas les procuraban márgenes de beneficios.
Esa fue la causa principal de las movilizaciones que, a finales de 2019 y principios de 2020, protagonizaron los agricultores y ganaderos. La reforma de la norma fue su primera reivindicación. El Gobierno la atendió porque era un planteamiento muy justo. Promover la reforma de la cadena ha sido, por tanto, una respuesta a una petición de los agricultores y ganaderos, para introducir medidas que les permitan obtener una remuneración digna y justa por su trabajo.
Por ello, hicimos una primera fase de la reforma y, en febrero de 2020, aprobamos un real decreto en el que se determinaba que en los precios de las operaciones de venta entre cada eslabón de la cadena tienen que repercutirse los costes de producción y nunca pueden estar por debajo de estos. Ahora completamos la reforma con la trasposición de la directiva europea sobre prácticas comerciales desleales y la introducción de nuevas medidas que deben procurar un reparto más equitativo del valor entre todos los eslabones de la cadena.
¿Qué novedades incorpora la ley? Los cambios en España van más allá que la trasposición de la directiva europea.
Efectivamente, esta reforma no es una mera trasposición de una directiva comunitaria. Hemos ido más allá, con una reforma ambiciosa que nos pone en la vanguardia de las normativas más avanzadas de la UE.
La ley moderniza el funcionamiento de la cadena de suministro para que haya creación de valor en todos los eslabones. Está enfocada a que exista una mayor transparencia en la contratación y en la formación de precios dentro de la cadena alimentaria. El principio es que el precio que se pague a un productor primario o una agrupación de estos deberá ser superior al de los costes de producción. El Ministerio de Agricultura publicará los criterios sobre los diferentes factores que intervienen en la determinación del coste de producción de los productos agrarios, pesqueros y alimentarios. El incumplimiento de las reglas sobre costes podrá suponer la nulidad de los contratos.
La prohibición de destrucción de valor a lo largo de la cadena se extiende hasta el último eslabón y la venta a pérdidas se considerará una práctica desleal. De esta forma, no se podrán ofrecer al consumidor final alimentos a un precio por debajo del de adquisición, salvo que se trate de productos perecederos en fechas próximas a su caducidad o inutilización, circunstancias de las que se deberá informar claramente a los compradores. Se trata de evitar que los alimentos sean utilizados como productos reclamo.
La prohibición de destruir valor se extiende hasta el último eslabón
Por lo que respecta a la mejora de la transparencia, se hace obligatorio que tengan que realizarse por escrito todos los contratos de operaciones a partir de 1.000 euros que no se paguen al contado en el momento de la entrega del producto. Además, se va a crear un Registro de Contratos Alimentarios en el que los comprobadores deberán registrar todas sus operaciones. A este registro tendrá acceso la Agencia de Información y Control Alimentarios y los órganos de inspección de las comunidades autónomas.
El comprador debe respetar el “coste efectivo de producción”. Su definición incorpora más conceptos a tener en cuenta, como la mano de obra aportada por el productor y por miembros de su familia. ¿Por qué se han introducido estos cambios?
Fruto de la experiencia adquirida, la reforma de la ley ha incluido herramientas y flexibilidad para facilitar el cálculo por los proveedores, de tal forma que puedan adecuarlo a su forma de producir.
Para calcular el coste efectivo de producción se incluirán todos aquellos costes que debe asumir el productor, y los laborales son uno de ellos. Los proveedores contarán con flexibilidad. La determinación del coste efectivo se realizará tomando como referencia el conjunto de la producción comercializada para la totalidad o parte del ciclo productivo y se imputará de la forma que considere que mejor se ajusta a la calidad y característica de los productos.
¿Qué medidas se contemplan para reforzar el control y la vigilancia del cumplimiento de la ley?
Si la reforma de la ley introduce nuevas prácticas desleales es para perseguirlas e intensificar la lucha contra ellas. Dado que la inspección y el control son competencias compartidas, trabajamos tanto en el fortalecimiento de las autoridades de control como en la mejora de la coordinación.
La Agencia de Información y Control Alimentarios, que ya viene ejerciendo una rigurosa labor de seguimiento y vigilancia, va a tener un papel más significativo. Yo diría que su reforzamiento es una refundación: se convierte en la autoridad de control de referencia. Le competerá intervenir en todos los casos en los que las relaciones comerciales excedan del ámbito de una comunidad autónoma, pero también podrá hacerlo subsidiariamente en situaciones en las que no actúe la autoridad autonómica dentro de los plazos establecidos en la ley.
Para posibilitar este reforzamiento, hemos incrementado los recursos de la agencia el 45% en dos años al pasar de 6,2 a 9,3 millones de euros.
La primera ley, con el Gobierno del PP, contó con el apoyo casi unánime. ¿Se cuenta ahora con un apoyo similar?
Lo importante es que esta ley cuenta con el apoyo del conjunto de los operadores de la cadena, que así lo han manifestado y, por tanto, entendemos que satisface sus expectativas.
Desde que iniciamos la tramitación con la fase de consulta pública hemos mantenido abierto un cauce de comunicación permanente con las entidades sectoriales representativas y con la ciudadanía.
El diálogo permanente forma parte de la guía de actuación del Ministerio y la reforma de la ley ha sido un proceso muy participativo, que nos ha permitido conocer las inquietudes, demandas y particularidades de cada componente de nuestro sector agroalimentario y, con ello, acometer una reforma amplia, profunda y equilibrada.
Este proceso participativo se ha extendido también en la tramitación parlamentaria y se han incorporado enmiendas que han mejorado el texto. Es un trabajo de responsabilidad que agradecí a los diputados.
Lógicamente, nos hubiera gustado contar con un apoyo unánime de los grupos parlamentarios. Difícilmente se entienden determinadas posiciones cuando la ley cuenta con el apoyo del sector, al que, de alguna manera, han dejado de lado por estrategias partidistas que anteponen la confrontación con el Gobierno por encima de todo.
