Tomás García Azcárate

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    vicedirector del IEGD-CSIC e investigador del CEIGRAM
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    Nadie duda de la importancia que tiene el Real Decreto 32/2021 de medidas urgentes para la reforma laboral. El hecho de que  haya sido el resultado de un acuerdo entre los sindicatos de trabajadores y la patronal (con la abstención destacable de ASAJA) es de por si una buena señal, para todos aquellos que pensamos que solo se puede construir País negociando y acordando, entre agentes sociales (o partidos políticos) con lógicamente prioridades (o programas) distintas. Pero no puede ser suficiente para hacerse una opinión definitiva sobre la utilidad de la nueva legislación.

    La nueva norma trata de proteger a los productores del campo ante el brutal aumento de costes que soportan sin repercutirlo en el precio de los alimentos. ¿Es suficiente? 

    Entrevista al ministro de Agricultura, Luis Planas: Nacido en 1952 en Valencia, es inspector de Trabajo. Fue nombrado ministro de Agricultura tras haber sido embajador en Marruecos y ante la UE y  jefe de Gabinete de Pedro Solbes en la Comisión Europea.

    Entrevista al ministro de Agricultura, Luis Planas. Nacido en 1952 en Valencia, es inspector de Trabajo. Fue nombrado ministro de Agricultura tras haber sido embajador en Marruecos y ante la UE y  jefe de Gabinete de Pedro Solbes en la Comisión Europea

    Del futuro Plan Estratégico nacional dependerá la sostenibilidad del mundo rural y la transición agroecológica. 

    Mi amigo y compañero Cesar Lumbreras entrevistó en su popular emisión radiofónica Agropopular a Juan José Álvarez, un competente experto en temas fiscales y laborales, técnico de uno de los principales sindicatos agrarios, ASAJA. Sostiene Álvarez que una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) "sería inasumible, por lo menos por la parte del sector agrario", una afirmación más prudente que la recogida, por cierto, en el titular: "Álvarez (Asaja): La subida del Salario Mínimo Interprofesional "sería inasumible para el sector agrario".

    El conjunto del sector agroalimentario español ha sabido responder eficazmente a la crisis de la covid-19 asegurando el abastecimiento de alimentos. Además ha continuado desarrollando su capacidad exportadora, con un aumento del 6% en el primer semestre de este año. Sin embargo, junto a esa evidente fortaleza, el sector muestra también algunas debilidades, que se reflejan en el malestar manifestado por los productores en diversos sectores (aceite de oliva, vino, cítricos). Los bajos precios ponen en situación límite a muchas pequeñas y medianas explotaciones, cuyos titulares se ven con serias dificultades de asumir el aumento de los costes laborales y de los insumos.

    Todas las piezas del puzle están sobre la mesa: el nuevo marco presupuestario 2020-2027 y las estrategias de biodiversidad y ‘De la granja a la mesa’ en el marco del Plan Verde (Green Deal), todo esto envuelto en la gestión de la crisis (y la postcrisis) sanitaria de la covid-19.

    Una de las razones por la que me hice socio de Alternativas Económicas fue mi convicción de que el debate sobre las políticas económicas desde posiciones progresistas es, más que necesario, indispensable. Marta Soler Montiel, desde la Universidad de Sevilla, ha publicado en este blog un excelente artículo discrepando de las tesis que defendía en un artículo anterior mío. Aconsejo al sufrido lector que no lo haya leído que lo haga, porque está bien construido y argumentado. Aquí únicamente voy a subrayar algunos de los puntos más interesantes.

    La crisis del coronavirus ha vuelto a recordar a la población urbana y a nuestros políticos que la agricultura es una actividad esencial, que la seguridad del abastecimiento que dábamos por hecha es otra variable importante al lado de la seguridad de los alimentos, en la que tanto hemos avanzado estos últimos años. 

    El futuro de la agricultura europea pasa por una mejora de los precios percibidos por los agricultores. Un producto de calidad y con garantía debe tener un precio digno.

    Con el año 2019 entró en vigor la subida pactada por el Gobierno con Podemos del salario mínimo hasta los 900 euros al mes, con 14 pagas, o sea 1.050 euros al mes con 12 pagas. Para comparar, según los datos del diario Expansión, este sería de 1.593 euros en Bélgica, 1.557 en Alemania, 1521, en Francia, 700 en Portugal y 683 em Grecia. 

    Cooperativismo agrario, ¿grande o pequeño? Los dos son válidos siempre que sean conscientes de sus límites. Su desarrollo depende los votos de los socios: ¿individual o ponderado? He ahí el dilema que puede condicionar el futuro.

    Tenemos nueva Política Agraria Común (PAC). Como suele ocurrir en negociaciones complejas, el acuerdo tiene el mérito de existir, pero ha decepcionado a muchos.